Vicentin y la disconformidad

El caso Vicentin, la intención de que el Estado se haga cargo de ese grupo empresario, uno de las cinco grandes en el mercado de cereales, ha desatado un sentimiento de disconformidad casi generalizado. Algunos, quienes están identificados con la oposición, rechazan la idea, el concepto mismo y el término expropiación. Otros, alineados con el oficialismo o con sectores afines, pueden comulgar con la idea pero reniegan de la praxis. El método -o su ausencia- con el que Alberto Fernández encaró el proceso desata críticas por lo bajo.

El proyecto de expropiación, que el propio Presidente presentó en una conferencia de prensa, parece desfasado en el tiempo. No se corresponde con el gobierno que Fernández ha encabezado desde diciembre -tironeado por la deuda, la recesión y, por si faltaba algo, la pandemia- sino que se trata de una anomalía, de una concepción más propia del último gobierno de Cristina que del actual.

Como consecuencia política general, el proyecto, que contempló una intervención por decreto pero que debería terminar en una expropiación votada en el Congreso, provocó dos movimientos: abroqueló a la oposición, le dio un símbolo, pero, a la vez, expuso la diversidad del Frente de Todos, las identidades diferentes que conviven en él y, sobre todo, la inestabilidad de algunas sociedades políticas.

El Gobierno tiene una infinidad de frentes abiertos, todos de una complejidad decisiva. Cada uno -el éxito o el fracaso en el manejo de la deuda, de la economía o de la pandemia- pueden sellar la suerte de una gestión. Fernández debe enfrentarlos en cóctel, todos a la vez. A eso le sumó Vicentin.

Cayó en dos errores de cálculo, uno de los cuales al menos estuvo potenciado por su propia indecisión. Primero, parece no haber dimensionado la capacidad que tenía el tema de provocar un movimiento de rechazo como el que derivó en los banderazos de ayer; pero, fundamentalmente, porque cada vez se hace más manifiesto que los números en el Congreso, sobre todo en Diputados, no están asegurados ni mucho menos.

En ese segundo aspecto influyó, por un lado, la presión que ejercieron los dirigentes rurales y empresariales que, por ejemplo en provincias como Córdoba y Santa Fe, terminaron reclamándoles públicamente a los diputados y senadores que rechacen la expropiación. En ese punto, Vicentin ha pasado a ser casi una anécdota porque, en realidad, el manejo -o mejor dicho el desmanejo- que se ha hecho de la empresa, las deudas que ha tomado con el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri cuando ya su situación era límite, las sospechas sobre el destino del dinero, la han tornado indefendible en sí misma. Lo que impera por estas horas es, más que nada, su carácter simbólico: si dejamos pasar ésta, vienen por todo, parecen decir empresarios y dirigentes ruralistas, echando mano a una frase de raigambre kirchnerista.

Pero así como Vicentin contiene una carga simbólica para la oposición, también puede operar en ese plano para el oficialismo. El Gobierno, sin haberse asegurado primero la aprobación en el Congreso, avanzó en la agenda pública y se encuentra con una cuestión entre manos que puede definir su perfil de ahora en más. Su riesgo mayor es exponerse a la posibilidad de otra 125, como la que hizo desestabilizar a Cristina, y Fernández no parece del todo dispuesto a correrlo. La ahora llamada solución Perotti, que contempla una intervención judicial y la conformación de una empresa mixta, sin derivar en una expropiación, puede transformarse en una salida decorosa.

Dentro del oficialismo hay quienes advierten que si Fernández deja torcerse el brazo esta vez, ya no podrá avanzar en el cambio de algunas reglas de juego y de correlaciones de fuerzas. “No podemos negar algo, con todo el dolor del alma. El Gobierno cede en el impuesto a las grandes riquezas y ahora hace lo mismo con Vicentin pero, a la vez, no le tembló el pulso para ajustar a los jubilados. Nosotros no votamos eso”, graficó un dirigente provincial.

Quienes estaban esperando que Alberto fuera Cristina están comprobando en carne propia que no lo es. Pero, a la vez, el Frente de Todos hoy está en el poder precisamente por esa divergencia entre uno y otra. Si esa fuerza aunó a tantas identidades desperdigadas del peronismo fue, precisamente, porque no existía una correspondencia exacta entre Alberto y Cristina. Y esa característica se plasma en el Congreso.

El kirchnerismo, por la manera en que el Frente de Todos llegó al poder, no es autosuficiente y, por eso, la capacidad de avanzar con proyectos como el de Vicentin aparece acotada. Las dudas del Presidente en torno a avanzar o no con la expropiación pueden fundarse no sólo en su propia idea sobre la cuestión sino en un aspecto pragmático: ¿tiene o no los votos? Si no los tiene, entonces puede encaminarse a una derrota complicada de sobrellevar.

En el Frente de Todos hay quienes sostienen que el goteo de pérdida de adhesiones que se fue evidenciando en Diputados no se debe únicamente a la presión del campo y los empresarios sino también al propio Alberto. Sus dudas habrían habilitado la dispersión. Por ejemplo, del schiarettismo.

Una vez que el gobierno nacional jugó la carta de Vicentin y le introdujo una carga de significado superlativa, no sólo determinó que su propio perfil podría definirse de ahora en más sino que, además, empujó al mismo plano a algunos de sus socios eventuales. El gobernador Juan Schiaretti venía ejercitando ese rol de aliado esporádico; sin volverse albertista furioso, sus diputados contribuyeron a que salieran del Congreso leyes clave para Alberto, como por ejemplo la de emergencia. En ese proyecto en particular, el bloque de Córdoba Federal votó en contra de las retenciones y sostuvo así su alianza con el campo.

Pero después se produjo la pandemia, las recaudaciones cayeron y las cajas provinciales crujieron ostensiblemente. Y Córdoba necesita de la asistencia financiera de la Casa Rosada -firmó un acuerdo por 4.800 millones de pesos esta semana- y del aval para renegociar vencimientos de deuda por 1.203 millones de dólares.

El margen de enfrentamiento con la Nación aparecía entonces exiguo. Incluso, durante varios días, nadie de la Provincia se expresó públicamente sobre la expropiación de Vicentin. Recién el viernes, después de una reunión con la Mesa de Enlace y de que se conociera un documento empresario y rural pidiendo claridad, los diputados se expresaron con un tuit. Y dejaron en claro que la alternativa no debe ser la expropiación. Lo hicieron justo a tiempo: un día más, con la solución Perotti ya sobre la mesa, su posicionamiento hubiera resultado casi abstracto.

El proyecto de expropiación instaló a Schiaretti en un dilema. Podía rechazarlo, enfrentarse al Gobierno y esperar las consecuencias, o apoyarlo y quedar expuesto a un costo político importante por el quiebre de su alianza histórica con el campo. Por eso era decisivo para la construcción de su perfil de ahora en más.

Si finalmente no hay expropiación, entonces la presión sobre Schiaretti se descomprimirá. De todos modos, ya hubo una primera definición y apuntó a reafirmar la sociedad con el campo. En el Panal sostienen que, en realidad, no tenían opción, que estaban esperando que Fernández se inclinara por una salida menos conflictiva, que no podían quebrar una lógica de 20 años que les permitió construir poder. Y sostenerlo.