El arzobispo “Tucho” Fernández negó haber interferido en una denuncia de abuso
El Arzobispado de La Plata a cargo del riocuartense monseñor Víctor “Tucho” Fernández negó ayer haber interferido en la investigación por presuntos delitos de abusos y corrupción de menores contra el sacerdote Eduardo Lorenzo, aunque reconoció haber enviado una carta a Julio Frutos, uno de los denunciantes por la situación vivida por su ahijado, instándolo a evitar "un constante ataque mediático" hacia la Iglesia.
A través de un comunicado, respalda la investigación desarrollada por la fiscalía y sostiene que "ha evitado toda acción que pudiese interpretarse como interferencia". Además, el comunicado señala que el sacerdote Lorenzo actualmente "no tiene cargo eclesiástico", desmiente que haya sido confesor de Grassi" y sostiene que su colaboración con la Justicia fue plena.
Lorenzo, quien se desempeñaba como capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, está acusado de los delitos de abuso y corrupción de menores desde 2007, cuando ejercía como párroco de la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet.
La presunta víctima denunció esos delitos ese año pero la causa fue cerrada; recién en marzo del 2019 se reabrió, por lo que el Arzobispado decidió separar del cargo al cura, a la vez que asegura que requirió lo actuado por la fiscal Ana Medina "para conocer las acusaciones contra el presbítero debido a una investigación paralela que inició a principio de este año".
Juan Pablo Gallego, abogado de Julio Frutos, padrino de una de las víctimas, dijo a Télam que "el ahijado de Frutos fue vapuleado y violado salvajamente por Lorenzo y, como el Arzobispado admite, le mandó una carta documento amenazante para que no continúe la acción".
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A través de un comunicado, respalda la investigación desarrollada por la fiscalía y sostiene que "ha evitado toda acción que pudiese interpretarse como interferencia". Además, el comunicado señala que el sacerdote Lorenzo actualmente "no tiene cargo eclesiástico", desmiente que haya sido confesor de Grassi" y sostiene que su colaboración con la Justicia fue plena.
Lorenzo, quien se desempeñaba como capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, está acusado de los delitos de abuso y corrupción de menores desde 2007, cuando ejercía como párroco de la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet.
La presunta víctima denunció esos delitos ese año pero la causa fue cerrada; recién en marzo del 2019 se reabrió, por lo que el Arzobispado decidió separar del cargo al cura, a la vez que asegura que requirió lo actuado por la fiscal Ana Medina "para conocer las acusaciones contra el presbítero debido a una investigación paralela que inició a principio de este año".
Juan Pablo Gallego, abogado de Julio Frutos, padrino de una de las víctimas, dijo a Télam que "el ahijado de Frutos fue vapuleado y violado salvajamente por Lorenzo y, como el Arzobispado admite, le mandó una carta documento amenazante para que no continúe la acción".