En las últimas horas, el Poder Judicial de la provincia difundió a través de su portal web una lista con 102 fallos de tribunales provinciales y federales que garantizan derechos hacia las mujeres.
Tras un relevamiento minucioso de la lista, se observa que, del total de resoluciones, 14 corresponden a cámaras y juzgados con asiento en Villa María. Esto quiere decir que el 13,7 por ciento de los veredictos de jueces provinieron de esta ciudad.
Con base en estos datos, se logró advertir que la mitad de las sentencias impartidas en dependencias locales (7) corresponden a casos del fuero familiar. Las restantes, en cambio, se encuentran dentro de los fueros Civil (2), Penal (1), Laboral (3) y Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género (1).
Resolución por un caso que generó conmoción en la ciudad
Entre los fallos locales se encuentra el que impartió en junio de 2019 el titular del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta Nominación de Villa María, Sebastián Monjo, a favor de los hijos de Claudia Rodríguez, mujer que fue víctima en 2011 de un brutal femicidio frente a un colegio.
El pedido que hicieron los progenitores de Claudia fue cambiarse de apellido (esto se debe a que todavía tenían el de su padre, Cristian Moschitari, femicida de Rodríguez).
“El Tribunal hizo lugar a la demanda y estimó que existían justos motivos (art. 68 CCC) para la procedencia de cambio de nombre de los accionantes, debido al perjuicio social que producía a su identidad llevar el apellido paterno, por haber sido su padre autor del homicidio de la madre de los mismos”, expresa un fragmento de la resolución.
El fallo agrega que el “Tribunal consideró el impacto de la violencia de género en el proceso, puesto que, más allá de que no fue ejercida en contra de los peticionantes, tenía vinculación causal adecuada con el cambio de apellido requerido”.
Caso Quiero
El caso que llevó a la Justicia la extrabajadora del municipio Mónica Marcela Quiero por acoso laboral y sexual también aparece en la nómina de fallos con perspectiva de género.
En 2017, el juez de la Cámara de Trabajo de Tribunales determinó que existían pruebas de que la empleada era obligada a asistir a actos políticos, pedidos que le realizaba su jefe de área, Fabián “Mojarrita” Carranza, dirigente del Suoem.
La Jusiticia comprobó además que a Quiero “le descontaban de sus haberes un porcentaje para un partido político” y que también “era sometida a situaciones con connotación sexual, que, en el contexto hostil y de incertidumbre respecto a su continuidad en el empleo, tenía entidad bastante para encuadrarse como acoso sexual”.
“No resulta dirimente que la actora no haya denunciado ante la autoridad municipal o policial los hechos, en tanto su situación de miedo de perder el único sustento pudo haberla inclinado a actuar de ese modo, incluso a costa de su salud”, añade la sentencia.
En su momento, el juez había remarcado que “el acoso produjo un desequilibrio existencial que debe ser reparado y que de algún modo oxigene su espíritu y le permita mitigar su experiencia negativa como motivo de la lesión que afectó su propia dignidad”.