Villa María adhiere a la Ley Antibúnker

El Concejo Deliberante de Villa María aprobó por unanimidad este viernes la adhesión de la Municipalidad a la Ley Antibúnker, la normativa provincial que habilita la intervención de inmuebles utilizados para actividades delictivas.

De esta manera, la ciudad se convierte en una de las primeras de Córdoba en incorporar esta herramienta para fortalecer la seguridad y recuperar espacios vinculados al delito.

La adhesión fue aprobada este viernes con el acompañamiento de todos los bloques legislativos.

La medida permitirá aplicar en Villa María las disposiciones previstas en la Ley Provincial N.º 11.128, impulsada por el gobernador Martín Llaryora y recientemente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Una ley contra los aguantaderos

Durante el tratamiento del proyecto, la concejala oficialista Yaslil Oses explicó que la normativa establece un régimen administrativo destinado a intervenir bienes inmuebles y otras estructuras relacionadas con actividades delictivas o que, por su abandono o deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

La edil, además, destacó que esta adhesión le permitirá a la ciudad poder desmantelar “algunos sectores complejos y zonas complicadas que tanto aquejan a la comunidad y a los vecinos”.

Vale aclarar que la legislación, que contó con el aval de todos los concejales, sin incluir cuestionamientos, declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles que funcionen como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito.

Además, contempla la posibilidad de actuar sobre edificios abandonados o deteriorados cuando exista un riesgo concreto para la comunidad.

Sin embargo, la norma aclara expresamente que el simple desuso de una propiedad no constituye un motivo suficiente para habilitar la intervención estatal.

Entre las acciones autorizadas se encuentran el tapiado, el cerramiento, la clausura provisoria, el bloqueo de accesos y la custodia preventiva de los inmuebles.

El objetivo -según dice la ley- apunta a impedir que esos lugares continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

La Ley Antibúnker también determina cuáles son las situaciones que deberán tramitarse exclusivamente en la Justicia.

Entre ellas se encuentran los inmuebles ocupados, los conflictos relacionados con derechos de posesión y aquellos casos donde se requieran medidas que excedan el régimen administrativo.

En esos escenarios será necesaria la intervención de la autoridad judicial competente, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de las personas involucradas.

La normativa incorpora además modificaciones a la Ley Provincial 10.067 con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

A partir de estos cambios, los fiscales especializados podrán solicitar al juez medidas destinadas a poner fin al funcionamiento de un búnker utilizado para el narcomenudeo.

Entre las herramientas disponibles figuran la clausura del inmueble, su aseguramiento, la exclusión de personas vinculadas con la actividad ilícita y, como medida excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para cometer estos delitos.

Todas estas decisiones deberán contar con una resolución judicial debidamente fundamentada.

La ley a la que adhirió Villa María también dispone la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos.

Ambos organismos tendrán la misión de coordinar el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los gobiernos locales.

Otro de los aspectos relevantes de la Ley Antibúnker establece el destino de los bienes y recursos recuperados en causas vinculadas al narcotráfico.

El dinero obtenido por su venta tendrá una asignación específica para fortalecer las políticas de seguridad y prevención. El 60% de los recursos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El 40% restante financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, los vehículos y demás bienes decomisados podrán ser asignados por decisión judicial tanto a la Fuerza Policial Antinarcotráfico como al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para reforzar su capacidad operativa.