Dos camioneros fueron condenados este viernes a 10 años de prisión, luego de ser hallados culpables del delito de abuso sexual agravado ultrajante con promoción a la corrupción de menores, en un hecho del que resultó víctima una menor de apenas 7 años.
Los hechos por los que fueron condenados se produjeron a principios del año 2016 en esta ciudad, y los sujetos fueron aprehendidos meses después de perpetrados -a mediados del mismo año-, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido.
De hecho, en un primer momento la mujer, cuando fue alertada de la situación, negó las manifestaciones que realizaba su hija, hasta que finalmente se convenció de que lo que narraba era verdad y decidió radicar la correspondiente denuncia.
Sebastián Horacio Saires, oriundo de Catamarca, y Pablo Sebastián Monjes, nacido en Buenos Aires, fueron condenados, aunque sólo el último nombrado confesó los aberrantes hechos acusatorios; mientras que el primero los negó en todo momento y ventiló una versión que la Justicia, evidentemente, no tuvo en cuenta a la hora del fallo.
Martín Mattea ejerció la defensa de Monjes, y al término de la audiencia final, pasado el mediodía de este viernes, admitió que se trató de un hecho “aberrante”, en un contexto familiar que tiene como condimentos extras “a la droga, el alcohol, e incluso antecedentes por parte de Monjes, aunque no en el debate no se pudo establecer por qué no fue enjuiciado”.
Tras reconocer que su defendido reconoció los hechos, se lo consultó sobre la relación que tenían ambos transportistas y dijo que “eran conocidos. Saires trabajaba con el abuelo materno de la víctima, y los dos eran camioneros. La familia -de la menor- había alquilado una quinta en barrio Las Playas y él se encargaba del mantenimiento de los camiones y manejaba”.
Sobre los hechos, confirmó que no se pudo constatar la cantidad de veces, aunque “fueron más de uno por las manifestaciones de la víctima en cámara Gesell. Sólo Monjes se hizo cargo, pidió disculpas del caso; mientras que Saires no los reconoció, y los siguió negando inclusio en la última palabra. Dio su punto de vista, pero la Justicia dijo otra cosa”.
Cabe consignar que el debate se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada, máxime con una menor involucrada. Mattea recordó que la detención de los ahora condenados se produjo tras la denuncia de la madre de la víctima, a mediados de del año 2016. “Los hechos sucedieron unos 4 ó 5 meses antes y la niña tenía 7 años en ese momento”.
Abordado sobre cómo se manifestó la pequeña a tan corta edad, reconoció que las primeras acusaciones las realizó a una pareja de su abuelo: “ella es la que tiene contacto directo con la víctima porque la madre se había internado en una clínica de rehabilitación en Río Cuarto, y había quedado al cuidado. La mujer notó los cambios de actitud de la menor, por lo que le manifiesta a la mamá que había manifestaciones de la víctima que no lo cerraban. La madre dejó pasar un tiempo porque no creía lo que le decían, hasta que finalmente la víctima le contó y decidió hacer la denuncia”.
Cabe consignar que junto a la pequeña convivían otros tres menores de edad, quienes no fueron atacados por los depravados. La audiencia fue presidida por el juez René Gandarillas, y el fiscal de Cámara Francisco Márquez fue el encargado de defender la acusación.
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De hecho, en un primer momento la mujer, cuando fue alertada de la situación, negó las manifestaciones que realizaba su hija, hasta que finalmente se convenció de que lo que narraba era verdad y decidió radicar la correspondiente denuncia.
Sebastián Horacio Saires, oriundo de Catamarca, y Pablo Sebastián Monjes, nacido en Buenos Aires, fueron condenados, aunque sólo el último nombrado confesó los aberrantes hechos acusatorios; mientras que el primero los negó en todo momento y ventiló una versión que la Justicia, evidentemente, no tuvo en cuenta a la hora del fallo.
Martín Mattea ejerció la defensa de Monjes, y al término de la audiencia final, pasado el mediodía de este viernes, admitió que se trató de un hecho “aberrante”, en un contexto familiar que tiene como condimentos extras “a la droga, el alcohol, e incluso antecedentes por parte de Monjes, aunque no en el debate no se pudo establecer por qué no fue enjuiciado”.
Tras reconocer que su defendido reconoció los hechos, se lo consultó sobre la relación que tenían ambos transportistas y dijo que “eran conocidos. Saires trabajaba con el abuelo materno de la víctima, y los dos eran camioneros. La familia -de la menor- había alquilado una quinta en barrio Las Playas y él se encargaba del mantenimiento de los camiones y manejaba”.
Sobre los hechos, confirmó que no se pudo constatar la cantidad de veces, aunque “fueron más de uno por las manifestaciones de la víctima en cámara Gesell. Sólo Monjes se hizo cargo, pidió disculpas del caso; mientras que Saires no los reconoció, y los siguió negando inclusio en la última palabra. Dio su punto de vista, pero la Justicia dijo otra cosa”.
Cabe consignar que el debate se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada, máxime con una menor involucrada. Mattea recordó que la detención de los ahora condenados se produjo tras la denuncia de la madre de la víctima, a mediados de del año 2016. “Los hechos sucedieron unos 4 ó 5 meses antes y la niña tenía 7 años en ese momento”.
Abordado sobre cómo se manifestó la pequeña a tan corta edad, reconoció que las primeras acusaciones las realizó a una pareja de su abuelo: “ella es la que tiene contacto directo con la víctima porque la madre se había internado en una clínica de rehabilitación en Río Cuarto, y había quedado al cuidado. La mujer notó los cambios de actitud de la menor, por lo que le manifiesta a la mamá que había manifestaciones de la víctima que no lo cerraban. La madre dejó pasar un tiempo porque no creía lo que le decían, hasta que finalmente la víctima le contó y decidió hacer la denuncia”.
Cabe consignar que junto a la pequeña convivían otros tres menores de edad, quienes no fueron atacados por los depravados. La audiencia fue presidida por el juez René Gandarillas, y el fiscal de Cámara Francisco Márquez fue el encargado de defender la acusación.