El Plan Provincial Agroforestal, establecido por la Ley 10467, está en marcha. Según se informó días atrás desde la Gobernación, los dueños de campos presentaron declaraciones juradas que involucran a más de 100 mil hectáreas, primer paso exigido por la legislación. Hasta fin de año los propietarios tienen tiempo para cargar ese documento en la web institucional, consignando la cantidad de hectáreas forestadas y las especies arbóreas que contienen. En caso de no alcanzar el porcentaje exigido por la reglamentación –entre 2 y 5 por ciento de la superficie total- deberán establecer un plan de trabajo en los primeros meses de 2019.
Teniendo en cuenta que restan algo más de 2 meses para que venza la primera etapa y que, de no cumplimentarse, los titulares de campos serán pasibles de multas que podrían llegar hasta a duplicar la alícuota del Impuesto Inmobiliario Rural, desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos –entidad que participó activamente en la formulación de la herramienta jurídica- están llevando adelantes charlas informativas y cursos para los profesionales.
Mariela Dura, coordinadora de la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención del Paisaje de la citada entidad estuvo en la ciudad días pasados para brindar precisiones a los profesionales sobre los aspectos más importantes de la ley. Cabe mencionar que para llevar adelante el Plan Agroforestal le legislación prevé la participación de la figura del denominado Asesor Agroforestal, que tendrá incumbencias en esa tarea.
En diálogo con PUNTAL VILLA MARIA la profesional destacó el trabajo implementado por la Secretaría de Agricultura, indicando que “se subdividió a la provincia en función a cuencas hidrográficas, uso de suelo y regiones fitogeográficas, y se obliga al dueño del campo, sea persona física o jurídica, a realizar una declaración jurada a través de la página del organismo, en donde debe detallar si tiene o no masas arbóreas en sus establecimientos. Se tiene que informar la cantidad y también de qué especies se trata. Los ingenieros tienen que conocer como se realiza la declaración porque seguramente muchos dueños de campos les van a preguntar a ellos ya que, aunque no es complejo, hay muchos nombres científicos de plantas”.
En lo que respecta a la faz operativa destacó que cuando se hace la declaración jurada “se va cargando cada cuenta catastral y se va armando una unidad productiva; si quedan dos es porque hay algo que las divide, ya sea uso del suelo, pasa un acuífero u otra cuenca hidrográfica, o corresponde a distinta pedanía. Eso lo determina la Secretaría en base a los estudios que han hecho. Si se arman dos unidades productivas diferentes indicará un porcentaje distinto a forestar”.
“Para la declaración jurada hay que ir, contar árboles y estipular que especies son, algo muy importante porque nos permitirá tener datos concretos sobre la distribución de la vegetación de Córdoba”, aportó.
Siguiendo con la explicación práctica de la tarea, agregó que “si una unidad cuenta con el 1,8 de la superficie forestada y la obligatoriedad es el 2,5, esa diferencia hay que forestar. Por ejemplo, si el campo tiene dos hectáreas forestadas y debe contar con 6, el dueño tendrá que contratar a un ingeniero agrónomo o forestal matriculado y habilitado para que presente durante el primer semestre del próximo año el Plan Forestal. Siempre se deberá buscar a un profesional a menos que el campo tenga menos de 3 hectáreas”.
Cabe señalar que el ingeniero además de estar matriculado y habilitado para ejercer la profesión deberá aprobar un Curso de Asesores Agroforestales, que se están llevando a cabo en diferentes espacios. Según comentó Dura, el viernes pasado finalizó una instancia de capacitación en la Universidad Nacional de Córdoba. El próximo 10 de noviembre empezará otra en la Universidad Católica de Córdoba y el 14 será el turno de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aún no está confirmada la fecha en que se concretará un curso de esas características en Villa María.
“Estamos planteando todos los cursos con vistas a la confección del Plan Agroforestal el año que viene. El plan se presentará en forma digital y para su ejecución hay una ventana de 10 años. El 50 por ciento de lo planeado deberá estar listo al finalizar los 5 primeros años”, recalcó.
“Me parece que se trata de una muy buena ley porque con el proceso de agriculturización se perdieron muchas hectáreas de bosques, entonces todo esto servirá para recomponer lo perdido”, afirmó.
Brindar servicios ambientales
“Poner árboles es brindar servicios ambientales porque oxigenan, disminuyen ruidos y también polución. Tiene un montón de beneficios, pero además de eso los dueños de los campos tienen como opción no darle solamente un uso paisajístico”.
En ese sentido, sostuvo que si al titular del establecimiento rural “le tocan plantar muchas hectáreas puede hacer uso de esa plantación. Tomemos por ejemplo que se deba forestar un 3 por ciento de un total de 1000 hectáreas, porque esté involucrada una zona con erosión hídrica o con ciertas limitantes. En esas 30 hectáreas a lo mejor el ingeniero agrónomo o agroforestal que lo asesora le hace una plantación de nogal, eucaliptos o pinos con usos madereros; no significa que tenga que poner árboles y que queden como bosques sin darle una utilidad. Eso es en función al manejo y asesoramiento del profesional que intervenga y las opciones que le recomiende. Las opciones se hablarán con el dueño del campo”.
La entrevistada indicó que aún hay un número significativo de hectáreas no cargadas por lo que instó a que realicen las declaraciones juradas, ya que una vez vencido el plazo se puede hasta duplicar el costo del Impuesto Inmobiliario Rural.
“Es muy significativo, por eso es importante que la información esté presente. En las entidades profesionales y técnicas, como el colegio, INTA y grupos CREA, se conoce bien. No sé si a nivel masivo, porque todavía faltan bastantes declaraciones”.
Finalmente subrayó que desde el punto de vista laboral “se abre un campo muy grande para los colegas, por eso queremos formarlos; la capacitación es fundamental para llevar adelante esta tarea, mas teniendo en cuenta que son pocos quienes se dedican específicamente a la parte forestal”.
Pablo Correa. Redacción Puntal Villa María.
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Mariela Dura, coordinadora de la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención del Paisaje de la citada entidad estuvo en la ciudad días pasados para brindar precisiones a los profesionales sobre los aspectos más importantes de la ley. Cabe mencionar que para llevar adelante el Plan Agroforestal le legislación prevé la participación de la figura del denominado Asesor Agroforestal, que tendrá incumbencias en esa tarea.
En diálogo con PUNTAL VILLA MARIA la profesional destacó el trabajo implementado por la Secretaría de Agricultura, indicando que “se subdividió a la provincia en función a cuencas hidrográficas, uso de suelo y regiones fitogeográficas, y se obliga al dueño del campo, sea persona física o jurídica, a realizar una declaración jurada a través de la página del organismo, en donde debe detallar si tiene o no masas arbóreas en sus establecimientos. Se tiene que informar la cantidad y también de qué especies se trata. Los ingenieros tienen que conocer como se realiza la declaración porque seguramente muchos dueños de campos les van a preguntar a ellos ya que, aunque no es complejo, hay muchos nombres científicos de plantas”.
En lo que respecta a la faz operativa destacó que cuando se hace la declaración jurada “se va cargando cada cuenta catastral y se va armando una unidad productiva; si quedan dos es porque hay algo que las divide, ya sea uso del suelo, pasa un acuífero u otra cuenca hidrográfica, o corresponde a distinta pedanía. Eso lo determina la Secretaría en base a los estudios que han hecho. Si se arman dos unidades productivas diferentes indicará un porcentaje distinto a forestar”.
“Para la declaración jurada hay que ir, contar árboles y estipular que especies son, algo muy importante porque nos permitirá tener datos concretos sobre la distribución de la vegetación de Córdoba”, aportó.
Siguiendo con la explicación práctica de la tarea, agregó que “si una unidad cuenta con el 1,8 de la superficie forestada y la obligatoriedad es el 2,5, esa diferencia hay que forestar. Por ejemplo, si el campo tiene dos hectáreas forestadas y debe contar con 6, el dueño tendrá que contratar a un ingeniero agrónomo o forestal matriculado y habilitado para que presente durante el primer semestre del próximo año el Plan Forestal. Siempre se deberá buscar a un profesional a menos que el campo tenga menos de 3 hectáreas”.
Cabe señalar que el ingeniero además de estar matriculado y habilitado para ejercer la profesión deberá aprobar un Curso de Asesores Agroforestales, que se están llevando a cabo en diferentes espacios. Según comentó Dura, el viernes pasado finalizó una instancia de capacitación en la Universidad Nacional de Córdoba. El próximo 10 de noviembre empezará otra en la Universidad Católica de Córdoba y el 14 será el turno de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aún no está confirmada la fecha en que se concretará un curso de esas características en Villa María.
“Estamos planteando todos los cursos con vistas a la confección del Plan Agroforestal el año que viene. El plan se presentará en forma digital y para su ejecución hay una ventana de 10 años. El 50 por ciento de lo planeado deberá estar listo al finalizar los 5 primeros años”, recalcó.
“Me parece que se trata de una muy buena ley porque con el proceso de agriculturización se perdieron muchas hectáreas de bosques, entonces todo esto servirá para recomponer lo perdido”, afirmó.
Brindar servicios ambientales
“Poner árboles es brindar servicios ambientales porque oxigenan, disminuyen ruidos y también polución. Tiene un montón de beneficios, pero además de eso los dueños de los campos tienen como opción no darle solamente un uso paisajístico”.
En ese sentido, sostuvo que si al titular del establecimiento rural “le tocan plantar muchas hectáreas puede hacer uso de esa plantación. Tomemos por ejemplo que se deba forestar un 3 por ciento de un total de 1000 hectáreas, porque esté involucrada una zona con erosión hídrica o con ciertas limitantes. En esas 30 hectáreas a lo mejor el ingeniero agrónomo o agroforestal que lo asesora le hace una plantación de nogal, eucaliptos o pinos con usos madereros; no significa que tenga que poner árboles y que queden como bosques sin darle una utilidad. Eso es en función al manejo y asesoramiento del profesional que intervenga y las opciones que le recomiende. Las opciones se hablarán con el dueño del campo”.
La entrevistada indicó que aún hay un número significativo de hectáreas no cargadas por lo que instó a que realicen las declaraciones juradas, ya que una vez vencido el plazo se puede hasta duplicar el costo del Impuesto Inmobiliario Rural.
“Es muy significativo, por eso es importante que la información esté presente. En las entidades profesionales y técnicas, como el colegio, INTA y grupos CREA, se conoce bien. No sé si a nivel masivo, porque todavía faltan bastantes declaraciones”.
Finalmente subrayó que desde el punto de vista laboral “se abre un campo muy grande para los colegas, por eso queremos formarlos; la capacitación es fundamental para llevar adelante esta tarea, mas teniendo en cuenta que son pocos quienes se dedican específicamente a la parte forestal”.
Pablo Correa. Redacción Puntal Villa María.
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