La semana pasada, tras un operativo de Uatre en el establecimiento San Antonio -situado en cercanías de Alcira Gigena- se detectó que doce trabajadores se encontraban desempeñando tareas en condiciones de extrema precariedad: sin comida, sin agua y sin elementos de higiene personal. Ante la situación intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia delegación Río Cuarto y ayer en una segunda audiencia lograron un acuerdo con la patronal. Los empleados fueron indemnizados y siete de ellos -oriundos de Santiago del Estero- se encuentran hoy camino a su provincia.
Así lo confirmó a Puntal el titular del gremio delegación Río Cuarto, Víctor Olmedo. “Por suerte se llegó a buen puerto, los compañeros pudieron cobrar sus respectivas indemnizaciones y todo lo demás seguirá vía Ministerio de Trabajo, ya que hay cinco trabajadores que eran de la zona de Alejandro que seguirán trabajando, pero que deben primero recibir el alta y ser registrados como corresponde. Otros 7 trabajadores ya recibieron su dinero y están volviendo a su provincia (Santiago del Estero)”, expuso.
En referencia estos últimos trabajadores, Olmedo indicó que personal del área referente a la trata de personas se entrevistó con dichos empleados para iniciar una investigación y determinar si existió delito de tráfico.
Responsabilidades
Sobre la responsabilidad de lo ocurrido, el sindicalista de Uatre expresó que quien abonó el monto requerido para el resarcimiento fue Ana María Vílchez, quien había asegurado que era parte de la patronal.
“Ella no es la propietaria del inmueble, sino que era la encargada de reclutar a los empleados para trabajar en la provincia”, aclaró Olmedo. “Se hizo responsable, se hizo presente en el ministerio ayer y fue quien realizó los pagos que se le habían solicitado”, subrayó.
En referencia a los empleados oriundos de Alejandro Roca, explicitó que desean seguir desempeñando tareas en el lugar; no obstante, dijo que “la patronal tiene 7 días para presentar las altas tempranas y todo lo que tenga que ver con el registro correcto para que estén en regla”.
Asimismo, aclaró que la patronal también debió abonar sanciones a Renatre y al Ministerio de Trabajo por la falta de documentación y la inadecuada situación sanitaria en la que se encontraban dichos trabajadores.
El caso
El operativo en el predio San Antonio se realizó el pasado jueves tras una denuncia anónima a la entidad sindical Uatre. En el establecimiento rural se detectó a 12 trabajadores “sin registrar, viviendo dentro de un acoplado, sin ropa de trabajo y sin agua”. “Nos dijeron que hacía dos días que no comían”, había manifestado Olmedo en la oportunidad.
Luego de dicho procedimiento, el Ministerio de Trabajo intervino y el viernes se realizó una primera audiencia con carácter de urgencia de la que participaron la patronal y el dueño del inmueble.
En tanto, ayer se desarrolló la segunda audiencia, con resultado exitoso ya que ambas partes llegaron al acuerdo y los trabajadores recibieron sus indemnizaciones.
En los últimos meses el gremio de trabajadores rurales realizó múltiples operativos de este tipo en la zona. En este sentido, Olmedo recalcó que es vital que los vecinos denuncien cuando visualicen explotación laboral.
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En referencia estos últimos trabajadores, Olmedo indicó que personal del área referente a la trata de personas se entrevistó con dichos empleados para iniciar una investigación y determinar si existió delito de tráfico.
Responsabilidades
Sobre la responsabilidad de lo ocurrido, el sindicalista de Uatre expresó que quien abonó el monto requerido para el resarcimiento fue Ana María Vílchez, quien había asegurado que era parte de la patronal.
“Ella no es la propietaria del inmueble, sino que era la encargada de reclutar a los empleados para trabajar en la provincia”, aclaró Olmedo. “Se hizo responsable, se hizo presente en el ministerio ayer y fue quien realizó los pagos que se le habían solicitado”, subrayó.
En referencia a los empleados oriundos de Alejandro Roca, explicitó que desean seguir desempeñando tareas en el lugar; no obstante, dijo que “la patronal tiene 7 días para presentar las altas tempranas y todo lo que tenga que ver con el registro correcto para que estén en regla”.
Asimismo, aclaró que la patronal también debió abonar sanciones a Renatre y al Ministerio de Trabajo por la falta de documentación y la inadecuada situación sanitaria en la que se encontraban dichos trabajadores.
El caso
El operativo en el predio San Antonio se realizó el pasado jueves tras una denuncia anónima a la entidad sindical Uatre. En el establecimiento rural se detectó a 12 trabajadores “sin registrar, viviendo dentro de un acoplado, sin ropa de trabajo y sin agua”. “Nos dijeron que hacía dos días que no comían”, había manifestado Olmedo en la oportunidad.
Luego de dicho procedimiento, el Ministerio de Trabajo intervino y el viernes se realizó una primera audiencia con carácter de urgencia de la que participaron la patronal y el dueño del inmueble.
En tanto, ayer se desarrolló la segunda audiencia, con resultado exitoso ya que ambas partes llegaron al acuerdo y los trabajadores recibieron sus indemnizaciones.
En los últimos meses el gremio de trabajadores rurales realizó múltiples operativos de este tipo en la zona. En este sentido, Olmedo recalcó que es vital que los vecinos denuncien cuando visualicen explotación laboral.