Efectivos de la Policía Federal y miembros de la Afip registraron ayer el domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner en la ciudad santacruceña de El Calafate, en cumplimiento de la orden dada por el juez federal Claudio Bonadio y, tras seis horas de tareas, se decidió suspenderlo para continuar hoy.
El operativo se llevó a cabo en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante el gobierno anterior, a partir de la aparición de una serie de cuadernos con anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Pasadas las 15, los uniformados de la fuerza de seguridad y los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ingresaron a la casa ubicada sobre la calle Padre De Agostini junto a perros entrenados para allanamientos.
En la puerta del lugar aguardaba un grupo de militantes kirchneristas que cuestionó el operativo al grito de "cirqueros, no van a encontrar nada", así como también protagonizaron un altercado con los móviles televisivos que cubrían el hecho.
Los encargados de realizar el allanamiento fueron recibidos por uno de los abogados y la encargada de la propiedad patagónica.
Horas más tarde, a las 17, se sumaron a las tareas efectivos de la Gendarmería Nacional, que también aportaron distintos elementos de tecnología como scanners para registrar las paredes.
Cerca de las 21, se decidió suspender el allanamiento para continuarlo este sábado.
Mientras tanto, la exjefa de Estado permanecía en la ciudad de Buenos Aires y volvió a pasar la noche en el departamento de su hija, Florencia Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, luego de que su inmueble del barrio porteño de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.
Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la Afip habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443, en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.
Mientras tanto, Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, denunció al juez Bonadio por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" tras afirmar que no se le permitió presenciar el allanamiento a uno de los domicilios de la senadora.
Fuentes judiciales informaron que el letrado lo denunció a raíz de los allanamientos realizados este jueves en los departamentos que la exmandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta y la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
Según la denuncia, los allanamientos muestran una "extraordinaria gravedad institucional", pues violan las "garantías constitucionales básicas (inviolabilidad del domicilio y defensa en juicio), y constituye un indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión de abogado".
"Cumpliendo con las indicaciones del jefe del operativo conduje a todas las personas presentes para realizar un recorrido por los distintos ambientes que componen el departamento. Todo ello quedó debidamente registrado en la videograbación que se efectuaba, así como también en las vistas fotográficas que se fueron tomando en los espacios recorridos", explicó Beraldi.
El abogado defensor de la expresidenta ratificó en el escrito que se le impidió ingresar al operativo que tuvo lugar el último jueves durante más de 12 horas en el edificio de Recoleta.
"En un determinado momento, cuando nos encontrábamos otra vez próximos a la puerta para el ingreso del personal policial, sonó el teléfono celular del jefe del operativo. A continuación, en base a las expresas instrucciones que le fueron impartidas, dicho funcionario me indicó que debía abandonar inmediatamente el inmueble", relató en la presentación.
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Pasadas las 15, los uniformados de la fuerza de seguridad y los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ingresaron a la casa ubicada sobre la calle Padre De Agostini junto a perros entrenados para allanamientos.
En la puerta del lugar aguardaba un grupo de militantes kirchneristas que cuestionó el operativo al grito de "cirqueros, no van a encontrar nada", así como también protagonizaron un altercado con los móviles televisivos que cubrían el hecho.
Los encargados de realizar el allanamiento fueron recibidos por uno de los abogados y la encargada de la propiedad patagónica.
Horas más tarde, a las 17, se sumaron a las tareas efectivos de la Gendarmería Nacional, que también aportaron distintos elementos de tecnología como scanners para registrar las paredes.
Cerca de las 21, se decidió suspender el allanamiento para continuarlo este sábado.
Mientras tanto, la exjefa de Estado permanecía en la ciudad de Buenos Aires y volvió a pasar la noche en el departamento de su hija, Florencia Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, luego de que su inmueble del barrio porteño de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.
Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la Afip habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443, en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.
Mientras tanto, Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, denunció al juez Bonadio por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" tras afirmar que no se le permitió presenciar el allanamiento a uno de los domicilios de la senadora.
Fuentes judiciales informaron que el letrado lo denunció a raíz de los allanamientos realizados este jueves en los departamentos que la exmandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta y la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
Según la denuncia, los allanamientos muestran una "extraordinaria gravedad institucional", pues violan las "garantías constitucionales básicas (inviolabilidad del domicilio y defensa en juicio), y constituye un indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión de abogado".
"Cumpliendo con las indicaciones del jefe del operativo conduje a todas las personas presentes para realizar un recorrido por los distintos ambientes que componen el departamento. Todo ello quedó debidamente registrado en la videograbación que se efectuaba, así como también en las vistas fotográficas que se fueron tomando en los espacios recorridos", explicó Beraldi.
El abogado defensor de la expresidenta ratificó en el escrito que se le impidió ingresar al operativo que tuvo lugar el último jueves durante más de 12 horas en el edificio de Recoleta.
"En un determinado momento, cuando nos encontrábamos otra vez próximos a la puerta para el ingreso del personal policial, sonó el teléfono celular del jefe del operativo. A continuación, en base a las expresas instrucciones que le fueron impartidas, dicho funcionario me indicó que debía abandonar inmediatamente el inmueble", relató en la presentación.