A dos kilómetros del paraje Santa Rita, en la zona rural de Tío Pujio —a 25 km al norte de Villa María—, se encuentra el campo de José Artenio Córdoba (60). Él es esposo de Nancy Giovaninni (55). Es el mediodía del 18 de abril de 2014 y están con su hija y dos nietos. Se preparan para almorzar. Afuera, Hugo Alejandro Gianinetto (44), Héctor Eduardo Pagniez (38) y Jorge Luis Pereyra (51) también se preparan a bordo de un utilitario Fiat Strada gris y verde. Se colocan los pasamontañas. Uno lleva una ametralladora y los demás armas de puño. Un cuarto individuo, que habría sido el hijo de uno de ellos, espera en el vehículo.
Buscan el dinero de la supuesta venta de un campo. Las víctimas están maniatadas con cables, medias y pañuelos. Dicen que no tienen ese dinero. Los amenazan de muerte. Golpean a José, Nancy y su hija. A Nancy, uno de los acusados la castigó con un cable y le caminó por encima. Insisten en que no tienen el dinero. Los imputados golpean nuevamente a José. Pero, además, le dan descargas. Lo picanean.
Los delincuentes lo llevan al patio. José, tal vez, siente la muerte en los ojos. Simulan un fusilamiento. Regresan a la casa y lo dejan atado junto a su familia. Revisar el lugar. Lo inspeccionan. Vuelven al utilitario con el botín: una escopeta Maverick 1270, una carabina 22 largo, un revólver 22 largo, un fusil Mauser modelo 1870, un puñal de plata y oro, una motosierra Holland y otra Gamma, un taladro eléctrico, dos amoladoras, una alianza de oro, alhajas, 8 mil dólares y 5 mil pesos. La familia sigue allí: paralizada de miedo.
Es el 3 de marzo de 2016. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María declara a Gianinetto, Pagniez y Pereyra como coautores responsables de los delitos de portación ilegal de arma de fuego, robo doblemente calificado agravado reiterado y privación ilegítima de la libertad calificada. Mientras que Gianinetto y Pereyra recibieron una condena de 16 años —a Pereyra se le unificó en 17 por lo que le restaba cumplir de otra—, Pagniez fue sentenciado a 12.
Recurso de casación y juicio de reenvío
El abogado de los imputados, Juan Rusconi, interpuso, en su momento, un recurso de casación. Eran las diez de la mañana del 19 de septiembre de 2018. Hubo audiencia. La presidió el vocal Sebastián Cruz López Peña, quien fue acompañado por Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollan. El TSJ resolvió confirmar la existencia del hecho y la culpabilidad de los involucrados en el episodio. Sin embargo, entendió que se trató de un robo y no de tres, a pesar de que el patrimonio de cada una de las víctimas fue afectado.
Es 7 febrero de 2019. Gianinetto, Pagniez y Pereyra esperan en la Cámara del Crimen, en el quinto piso de Tribunales. Son poco más de las nueve y media de la mañana. El abogado Julio Liviero y la defensora Florencia Vottero, al igual que la secretaria Gabriela Sanz, también están en sus lugares. El fiscal Francisco Márquez llega minutos después. Hay familiares y algún que otro curioso.
Se trata de un juicio de reenvío: el objetivo es adecuar la pena a la nueva calificación penal. El primero en tomar la palabra es el representante del Ministerio Público Fiscal. Relata, detalladamente, el hecho. Resalta la violencia y peligrosidad de los imputados. Y solicita las condenas: 14 años para Gianinetto y Pereyra —a este último pidió que se le unifique en 15 por lo que le resta purgar— y 12 para Pagniez. Todas son con declaración de reincidencia.
Es el turno de la defensa. Julio Liviero pide las penas de 9 años y 6 meses para Pereyra, y de 8 años y 6 meses para Gianinetto. Y, al finalizar su alegato, hace hincapié en la necesidad de que los imputados puedan reinsertarse. Florencia Vottero, en tanto, asiste a Pagniez. Solicita la condena de 8 años y, como argumentos, destaca que su defendido, en el violento hecho, fue la persona “más calma y menos irascible”. Además hace referencia a que carece de antecedentes y que es padre de tres chicos.
Por último, la jueza Eve Flores les da la oportunidad de la última palabra a los hombres que están en el banquillo de los acusados. Se niegan. Un cuarto intermedio de alrededor de media hora deja a la sala como un cuerpo inquieto. Regresa la magistrada. 14 años para Gianinetto y Pereyra —unificado en 15, como se dijo, por lo que le resta cumplir— y 10 para Pagniez. Los policías trasladan a los imputados. Gianinetto se enoja. El fiscal Márquez desaparece con tranquilidad por uno de los pasillos. Por las ventanas del recinto, la ciudad es atravesada por el sol de un mediodía adormecido.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María
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Los delincuentes lo llevan al patio. José, tal vez, siente la muerte en los ojos. Simulan un fusilamiento. Regresan a la casa y lo dejan atado junto a su familia. Revisar el lugar. Lo inspeccionan. Vuelven al utilitario con el botín: una escopeta Maverick 1270, una carabina 22 largo, un revólver 22 largo, un fusil Mauser modelo 1870, un puñal de plata y oro, una motosierra Holland y otra Gamma, un taladro eléctrico, dos amoladoras, una alianza de oro, alhajas, 8 mil dólares y 5 mil pesos. La familia sigue allí: paralizada de miedo.
Es el 3 de marzo de 2016. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María declara a Gianinetto, Pagniez y Pereyra como coautores responsables de los delitos de portación ilegal de arma de fuego, robo doblemente calificado agravado reiterado y privación ilegítima de la libertad calificada. Mientras que Gianinetto y Pereyra recibieron una condena de 16 años —a Pereyra se le unificó en 17 por lo que le restaba cumplir de otra—, Pagniez fue sentenciado a 12.
Recurso de casación y juicio de reenvío
El abogado de los imputados, Juan Rusconi, interpuso, en su momento, un recurso de casación. Eran las diez de la mañana del 19 de septiembre de 2018. Hubo audiencia. La presidió el vocal Sebastián Cruz López Peña, quien fue acompañado por Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollan. El TSJ resolvió confirmar la existencia del hecho y la culpabilidad de los involucrados en el episodio. Sin embargo, entendió que se trató de un robo y no de tres, a pesar de que el patrimonio de cada una de las víctimas fue afectado.
Es 7 febrero de 2019. Gianinetto, Pagniez y Pereyra esperan en la Cámara del Crimen, en el quinto piso de Tribunales. Son poco más de las nueve y media de la mañana. El abogado Julio Liviero y la defensora Florencia Vottero, al igual que la secretaria Gabriela Sanz, también están en sus lugares. El fiscal Francisco Márquez llega minutos después. Hay familiares y algún que otro curioso.
Se trata de un juicio de reenvío: el objetivo es adecuar la pena a la nueva calificación penal. El primero en tomar la palabra es el representante del Ministerio Público Fiscal. Relata, detalladamente, el hecho. Resalta la violencia y peligrosidad de los imputados. Y solicita las condenas: 14 años para Gianinetto y Pereyra —a este último pidió que se le unifique en 15 por lo que le resta purgar— y 12 para Pagniez. Todas son con declaración de reincidencia.
Es el turno de la defensa. Julio Liviero pide las penas de 9 años y 6 meses para Pereyra, y de 8 años y 6 meses para Gianinetto. Y, al finalizar su alegato, hace hincapié en la necesidad de que los imputados puedan reinsertarse. Florencia Vottero, en tanto, asiste a Pagniez. Solicita la condena de 8 años y, como argumentos, destaca que su defendido, en el violento hecho, fue la persona “más calma y menos irascible”. Además hace referencia a que carece de antecedentes y que es padre de tres chicos.
Por último, la jueza Eve Flores les da la oportunidad de la última palabra a los hombres que están en el banquillo de los acusados. Se niegan. Un cuarto intermedio de alrededor de media hora deja a la sala como un cuerpo inquieto. Regresa la magistrada. 14 años para Gianinetto y Pereyra —unificado en 15, como se dijo, por lo que le resta cumplir— y 10 para Pagniez. Los policías trasladan a los imputados. Gianinetto se enoja. El fiscal Márquez desaparece con tranquilidad por uno de los pasillos. Por las ventanas del recinto, la ciudad es atravesada por el sol de un mediodía adormecido.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María
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