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Sin señales claras, las etanoleras de Córdoba ahora temen quedar sin ley

El oficialismo desactivó la reunión de la Comisión de Energía y a partir de allí la problemática de los biocombustibles ingresó en una mayor nebulosa. En 6 días vence el actual marco normativo. Sin eso, las petroleras pueden volver a vender en los surtidores sin cortes de renovables, como ocurría hace 10 años

Apenas seis días separan a las empresas de biocombustibles del país de caer al vacío. Es que el próximo miércoles vence la ley 26093 que puso en marcha a ese sector industrial que se desarrolló fuertemente en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Tucumán, Salta y Jujuy. Pero que además, podría seguir su expansión de la mano del agregado de valor de los productos primarios en los lugares en los que se producen. Sin embargo, la industria tiene fecha de vencimiento inmediato. Si para el 12 no hay novedades, los biocombustibles quedarán sin marco normativo y eso implicará que pueda desaparecer el corte en los combustibles fósiles que se expende en los surtidores de las estaciones de servicio. Concretamente, las petroleras podrían volver, sin penalidad, al formato previo de combustibles 100% fósiles.

Hace dos años, el sector comenzó a reclamar la discusión sobre su continuidad, más allá de lo que era un lejano 12 de mayo de 2021. Sin embargo, no encontró eco a nivel nacional. Sí en las provincias productoras que trabajaron en conjunto en lo que se llamó la Liga Bioenergética y llegaron a consensuar un proyecto que finalmente fue presentado el año pasado por el diputado riocuartense Carlos Gutiérrez en la Cámara Baja. Sin eco y ante el avance del tiempo, el Senado tomó la delantera y aprobó por unanimidad una prórroga por cuatro años de la actual normativa que rige desde 2006 y giró la iniciativa a Diputados. La idea de la Cámara Alta del Congreso fue establecer ese tiempo para elaborar una nueva normativa para el sector que corrija y agregue lo necesario sobre la experiencia de los últimos 15 años. Pero en la Cámara que conduce Sergio Massa hubo idas y vueltas, hasta que finalmente esa iniciativa se trabó. Apareció en marzo un esbozo de proyecto nuevo del Frente de Todos, con recortes importantes para lo que actualmente representan los biocombustibles y finalmente la semana pasada, con algunas modificaciones, el oficialismo presentó la propuesta formal que establece una baja del 10% al 5% de biodiésel por cada litro de gasoil; y mantiene en 12% el corte de etanol en naftas aunque allí introduce un asterisco por el cual fija un 6% para el alcohol hecho a partir de la caña de azúcar y el otro 6% al elaborado a partir de maíz. Sobre este último, el asterisco explica que la Secretaría de Energía lo podría bajar al 3%. Con eso, se encendieron todas las alarmas en Córdoba porque entendieron, desde las empresas etanoleras y sectores políticos como Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, que implicaba un riesgo grande en manos de una decisión no regulada que tendría en sus manos el funcionario del área. Por eso surgió un fuerte rechazo desde Córdoba que no fue tan claro desde el norte argentino, donde los ingenios azucareros mantendrían, según el proyecto del oficialismo, el mismo volumen que entregan actualmente, más o menos con cierta efectividad. Por supuesto, las otras que están disconformes son las productoras de biodiésel, porque perderían la mitad del piso actual.

Córdoba es la principal productora de etanol de maíz, con sus tres grandes plantas ubicadas en Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca.

En ese rumbo, el oficialismo en la Cámara Baja había anunciado que ayer iba a reunirse la Comisión de Energía para dar dictamen el proyecto del santafesino Marcos Cleri, que fue el encargado de impulsar la iniciativa que contó con el respaldo de los tres diputados nacionales del Frente de Todos: Pablo Carro, Gabriela Estévez y Eduardo Fernández. Como adelantó en la edición de ayer este diario, esa convocatoria fue desactivada pocas horas antes frente al conflicto interno desatado en Energía entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario Federico Basualdo. A eso se sumó el malhumor en las filas del oficialismo en el Senado, ya que lo que votó ese cuerpo en octubre no fue considerado por Diputados, que quiere convertirse en cámara de origen de otro proyecto. La hoja de ruta del oficialismo marcaba que esa comisión iba a sacar dictamen para llevar a votación el proyecto esta misma semana y pasar la media sanción al Senado para que antes del 12 pueda convertirlo en ley. En el camino algo se cruzó.

Sin embargo, ahora todas las empresas de biocombustibles, y no sólo las etanoleras de maíz o las de biodiésel, enfrentan el mayor grado de incertidumbre por el escaso margen de tiempo que hay antes del plazo fatal. Ninguna conoce aún cómo continuará.

En esta instancia hay sobre la mesa tres opciones: una prórroga por un tiempo breve por decreto del Ejecutivo; que Diputados avance con la propuesta de Cleri contra reloj, o que deje vencer el plazo del 12 y las industrias de biocombustibles ingresen en el peor escenario.

¿Forzar a negociar con la cancha inclinada?

Las empresas de etanol debieron ir cambiando su mirada a medida que el tiempo fue transcurriendo sin avances concretos en su marco normativo. Hasta mediados del año pasado, rechazaban la posibilidad de una prórroga de la actual ley que rige desde 2006 porque pretendían avanzar hacia un esquema de mayor uso de biocombustibles en la matriz energética nacional. Concretamente planteaban la necesidad de imitar a otros países como Brasil o los Estados Unidos, que utilizan un mayor porcentaje de renovables en los surtidores, incluso con la alternativa de llegar a un 100% biocombustible.

Sin embargo, cuando se aprobó la prórroga en el Senado por cuatro años, algunos empresarios admitieron que con el 2020 a punto de finalizar y en medio de la agenda de la pandemia, lo mejor era extender ese plazo y tener tiempo para discutir cómo seguir a futuro. Se aferraron a esa idea a medida que corrió el tiempo y en Diputados comenzaron a surgir los rumores de proyectos oficialistas que buscarían retroceder en los cortes y, por lo tanto, retroceder en el uso de etanol en nafta y de biodiésel en gasoil. Esa posibilidad ponía en jaque a una industria que había crecido para cubrir la demanda actual y también, como el caso de AcaBio, pensando en que los biocombustibles sólo tenían por delante un camino de expansión. Hoy todo eso fue echado por tierra y el signo de interrogación se agigantó.

La pregunta ahora es si finalmente la estrategia no será llevar al sector a un marco sin ley para que finalmente acepte el proyecto del oficialismo. El razonamiento es que si para el 12 no hay una alternativa, las petroleras podrían dejar de comprar biocombustibles y las plantas deberíán parar su producción. Ante ese escenario, sería mejor garantizarse al menos una porción, aunque sea menor que la actual. Las empresas creen que las dos opciones llevan al mismo final: el cierre de las plantas.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal