En sesión especial, y con ayuda de los bloques de la oposición "dialoguista", Cambiemos logró ayer convertir en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, para legalizar los aportes de empresas privadas a las campañas.
Con 148 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo logró su objetivo de contar con la reforma electoral para que esté vigente en el proceso de este año.
En la votación en particular la Coalición Cívica -que integra la alianza gobernante Cambiemos y es encabezada por Elisa “Lilita” Carrió- votó en contra de permitir el aporte de empresas y por esa razón los artículos 4, 5 y 6 referidos a esos puntos contaron con 135, 136 y 138 votos, respectivamente.
El proyecto -que eliminó la prohibición que había al respecto- establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.
En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la ley.
Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado ni aquellos que exploten juegos de azar.
Reduce 50% el espacio gratuito
Otro artículo clave es el que reduce en un 50 por ciento la obligación de ceder espacios gratuitos en la televisión por suscripción a los partidos políticos. En el año 2020 las empresas podrán computar a cuenta de impuestos nacionales el 50 por ciento de la cesión gratuita.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que "la actual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a través de sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando es mejor que sepamos cuáles son las empresas que aportan a las campañas políticas".
Desde la oposición al proyecto, el presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, dijo que "en el 2009 hicimos grandes cambios porque se incorporaron las Paso, y pusimos el sistema de comunicación audiovisual al servicio de los partidos políticos", y señaló que "es inconveniente abrir la puerta al financiamiento privado".
El presidente de la comisión de Justicia, el radical Diego Mestre, afirmó que con la ley de modificación de la ley de financiamiento de partidos políticos se cumplirá con el objetivo de "evitar donaciones anónimas, ni cuál es el destino de los aportes, ni en qué se gasta el dinero".
Pero desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Carlos López ratificó el rechazo de esa fuerza política a autorizar el aporte privado al expresar que "siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder". Sin embargo, destacó que "esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos".
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En la votación en particular la Coalición Cívica -que integra la alianza gobernante Cambiemos y es encabezada por Elisa “Lilita” Carrió- votó en contra de permitir el aporte de empresas y por esa razón los artículos 4, 5 y 6 referidos a esos puntos contaron con 135, 136 y 138 votos, respectivamente.
El proyecto -que eliminó la prohibición que había al respecto- establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.
En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la ley.
Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado ni aquellos que exploten juegos de azar.
Reduce 50% el espacio gratuito
Otro artículo clave es el que reduce en un 50 por ciento la obligación de ceder espacios gratuitos en la televisión por suscripción a los partidos políticos. En el año 2020 las empresas podrán computar a cuenta de impuestos nacionales el 50 por ciento de la cesión gratuita.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que "la actual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a través de sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando es mejor que sepamos cuáles son las empresas que aportan a las campañas políticas".
Desde la oposición al proyecto, el presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, dijo que "en el 2009 hicimos grandes cambios porque se incorporaron las Paso, y pusimos el sistema de comunicación audiovisual al servicio de los partidos políticos", y señaló que "es inconveniente abrir la puerta al financiamiento privado".
El presidente de la comisión de Justicia, el radical Diego Mestre, afirmó que con la ley de modificación de la ley de financiamiento de partidos políticos se cumplirá con el objetivo de "evitar donaciones anónimas, ni cuál es el destino de los aportes, ni en qué se gasta el dinero".
Pero desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Carlos López ratificó el rechazo de esa fuerza política a autorizar el aporte privado al expresar que "siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder". Sin embargo, destacó que "esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos".
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