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Falleció un detenido tras el incendio en la cárcel del barrio Belgrano

El deceso se produjo luego de varios días de internación por quemaduras sufridas durante un episodio ocurrido a fines de diciembre.

Uno de los hombres privados de la libertad que había resultado gravemente herido en un incendio registrado en la cárcel local murió el domingo 4 de enero, como consecuencia de las lesiones provocadas por el fuego. La confirmación fue realizada este martes por el juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra.

El hecho tuvo lugar el viernes 26 de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N° 5, ubicado en el sector oeste de la ciudad, donde dos internos prendieron fuego un colchón dentro de una celda destinada a contención transitoria.

Lesiones críticas y derivación a Córdoba

El detenido fallecido presentaba quemaduras de extrema gravedad, que alcanzaban cerca del 45% de su cuerpo, lo que motivó su traslado urgente al Hospital del Quemado, en la capital provincial. A pesar de la atención especializada recibida, su estado no logró revertirse y se produjo el desenlace fatal días después.

Estado del segundo involucrado

El otro interno afectado por el incendio sufrió lesiones de menor consideración. En un primer momento fue asistido en el Hospital Regional Pasteur y posteriormente regresó a la unidad penitenciaria, donde continúa bajo seguimiento médico.

Reclamos previos y condiciones del lugar

De acuerdo a lo informado por el magistrado interviniente, el episodio se originó en el marco de un reclamo por traslados a otras dependencias carcelarias. Los detenidos se habrían negado a permanecer en pabellones comunes y fueron alojados en un box de aislamiento temporal, previsto para estadías breves.

Ferreyra advirtió sobre los riesgos estructurales que implica la presencia de colchones convencionales, debido a su alto nivel de inflamabilidad y a la toxicidad del humo que producen al quemarse.

Advertencia sobre protestas extremas

El juez calificó este tipo de acciones como conductas violentas y de alto riesgo, y remarcó que lejos de acelerar trámites o traslados, ponen en peligro la vida de los propios internos y generan demoras administrativas.