El exbombero de La Playosa enfrenta cargos por varios hechos de abuso, presuntamente cometidos contra menores que eran aspirantes a ingresar al cuerpo bomberil, donde el imputado se desempeñaba como instructor
La investigación que se le sigue al exbombero de La Playosa, Rodrigo “Loli” Santi, ingresó en una etapa decisiva.
Eso se debe a que la fiscal Juliana Companys dio por concluida la instrucción de la causa y solicitó la elevación a juicio, al considerar que existen suficientes pruebas para que el acusado responda ante un tribunal por múltiples delitos de índole sexual, entre ellos abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la fiscal, el exbombero oriundo de Pozo del Molle, pero domiciliado en La Playosa, debería ser juzgado por los delitos de abuso sexual simple (tres hechos), corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abuso sexual gravemente ultrajante.
La acusación sostiene que el expediente reúne un importante caudal probatorio que justifica el avance hacia la instancia de debate oral.
Sin embargo, familiares de las víctimas no estarían de acuerdo con una de las modificaciones introducidas durante la investigación.
En particular, cuestionan que uno de los hechos inicialmente calificados como abuso sexual con acceso carnal haya sido reformulado como abuso sexual gravemente ultrajante, un cambio que, a su entender, beneficia parcialmente al acusado.
El abogado querellante José Tomás Corigliano confirmó ante Puntal Villa María que ya comenzó a correr el plazo legal para presentar una apelación contra el requerimiento de citación a juicio.
La intención de la querella es solicitar que se revise la calificación legal del hecho más grave investigado. En caso de prosperar ese planteo, el acusado podría enfrentar una escala penal más severa. De no prosperar ese pedido, las penas previstas oscilarían entre cinco años y cuatro meses y trece años y cuatro meses de prisión, dependiendo de la calificación definitiva que determine la Justicia.
Durante los primeros meses de la causa, Rodrigo Santi había reconocido los delitos que se le atribuían, lo que encaminaba el expediente hacia un juicio abreviado.
No obstante, con el cambio de estrategia de su defensa, dejó sin efecto aquella confesión y el proceso continuó por la vía ordinaria.
La acusación sostiene que el imputado aprovechó el rol que ocupaba como instructor de aspirantes en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Playosa, donde tenía contacto permanente con adolescentes de entre 13 y 17 años.
Según la investigación, esa posición de confianza fue utilizada para cometer los abusos denunciados.
Vale precisar que el caso comenzó a conocerse cuando una de las víctimas, identificada únicamente por la inicial T., relató lo sucedido a su madre.
A partir de esa denuncia se inició la investigación judicial y posteriormente surgieron otros testimonios que ampliaron el alcance del expediente.
El proceso judicial también estuvo atravesado por otras situaciones bastante polémicas.
Por ejemplo, en diciembre de 2025, la Justicia le concedió a Santi el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque esa medida fue revocada pocas semanas después al comprobarse que el acusado había incumplido las condiciones impuestas, entre ellas la prohibición de contar con un teléfono celular y un módem de internet en el domicilio fijado para cumplir la detención.
Otro episodio que generó repercusiones fue el cambio de abogado defensor.
Y es que en un momento, Santi designó a Alejandro Bianco, quien poco tiempo antes había desempeñado funciones en la misma fiscalía que llevaba adelante la investigación, encabezada por Juliana Companys.
Mientras se resuelven los eventuales recursos que puedan presentar las partes, Rodrigo “Loli” Santi permanece privado de la libertad. Lleva cerca de 20 meses detenido, período durante el cual pasó algunos días bajo prisión domiciliaria antes de regresar a un establecimiento penitenciario por el incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
Con la instrucción concluida y el pedido de elevación a juicio formalizado, la causa entra ahora en una nueva etapa.
Será el Juzgado de Control de Villa María, a cargo de María Soledad Dottori, el que deba definir ahora si el expediente reúne todos los requisitos para avanzar hacia el juicio oral, donde se debatirá la responsabilidad penal del exbombero de La Playosa.
