Córdoba tendrá una fiscalía para los delitos informáticos
Funcionará a partir del próximo año en la capital provincial. Será de competencia exclusiva para ese tipo de casos. Anunciaron que los cargos se definirán por concurso
Desde 2019 funcionará en Córdoba la primera fiscalía de instrucción con competencia exclusiva en cibercrimen. Es decir, tendrá a su cargo la investigación de aquellos delitos que hayan sido cometidos mediante (o gracias) al empleo de medios informáticos.
Según establece el decreto 2017, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, la nueva dependencia funcionará en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. Aunque aún resta definir con exactitud los alcances de sus acciones, se descuenta que bajo su órbita quedarán delitos como fraudes mediante medios electrónicos, la suplantación de identidad (más conocida como phishing) y el tráfico de tarjetas de crédito, datos de cuentas bancarias y otra información personal en línea.
También aquellos vinculados a la integridad sexual, como el tráfico de pornografía infantil y el grooming (engaño de un mayor a un menor de edad a través de perfiles de redes sociales o sistemas de mensajería).
Hasta aquí, los delitos calificados dentro de la categoría cibercrimen pueden seguir distintos caminos según la jurisdicción en que se cometan. En la capital provincial las infracciones que afectan a la sexualidad y las de índole económica son investigadas en áreas específicas, no vinculadas entre sí, que dependen del Ministerio Público Fiscal. En el resto de la provincia, las denuncias recaen en las unidades judiciales que funcionan en las comisarías.
El proyecto de creación de una fiscalía con competencia exclusiva se remonta a unos tres años y tiene al menos dos intentos frustrados.
Los mismos emanaron del Área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal. Las intrigas e internas, tan caras a la dinámica tribunalicia, impidieron su avance.
El exponencial aumento de los casos de ciberdelitos, no reflejado en encuestas oficiales por decisión del propio Ministerio Público, junto a la creciente sofisticación de los medios empleados, obligó a reflotar aquella iniciativa.
Por ello, dentro de los tribunales capitalinos se tomó con beneplácito la publicación del Boletín Oficial. Ella garantiza, ni más ni menos, la partida presupuestaria necesaria para la creación de la nueva dependencia.
“Hace años venimos planteando la necesidad de una fiscalía específica. Espero que ahora avancemos en la planificación. Descuento también que esto traerá un alivio para muchas áreas que se encuentran saturadas con casos que ni siquiera son de su competencia”, indicó a Puntal uno de los autores de aquellos proyectos.
Desde el MPF destacaron que aún restan muchos aspectos por resolver. Entre ellos los “alcances y objetivos específicos” del área.
Una vez cumplidos tales procedimientos se llamará a concursos para cubrir los cargos de fiscal, secretarías y prosecretarías. No obstante, distintos nombres han sido echados a correr. Desde la sede judicial aseguran que ya hay uno “puesto”, especialista en derecho penal económico, y que cuenta con exposición mediática.
“Esa fiscalía estará trabajando en el segundo semestre del próximo año”, estimaron, sin embargo, las voces consultadas.
“En Argentina hay tres modelos de intervención del Estado en materia de delincuencia informática: uno concentrado, uno desconcentrado y uno mixto”, ilustra José Arce, especialista en cibercrimen de la ciudad de Córdoba.
“El modelo concentrado funciona en la ciudad de Buenos Aires que posee tres fiscalías especializadas en cibercrimen con competencia exclusiva en algunos delitos”, desmenuza.
“Actualmente el de Córdoba es un modelo descentralizado, ya que la especialidad en cibercrimen está diluida en todas las fiscalías de la provincia. O sea, hoy Córdoba no posee una fiscalía específica, sino fiscalías especializadas en temáticas más amplias, como delitos contra la integridad sexual y delitos complejos. Dentro de estas unidades existen competencias específicas para la parte digital. Por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Complejos tiene competencia exclusiva en materia de phishing. Las fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual abordan la temática de pornografía infantil y grooming”, amplía.
Corresponsalía Córdoba
Comentá esta nota
Según establece el decreto 2017, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, la nueva dependencia funcionará en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. Aunque aún resta definir con exactitud los alcances de sus acciones, se descuenta que bajo su órbita quedarán delitos como fraudes mediante medios electrónicos, la suplantación de identidad (más conocida como phishing) y el tráfico de tarjetas de crédito, datos de cuentas bancarias y otra información personal en línea.
También aquellos vinculados a la integridad sexual, como el tráfico de pornografía infantil y el grooming (engaño de un mayor a un menor de edad a través de perfiles de redes sociales o sistemas de mensajería).
Hasta aquí, los delitos calificados dentro de la categoría cibercrimen pueden seguir distintos caminos según la jurisdicción en que se cometan. En la capital provincial las infracciones que afectan a la sexualidad y las de índole económica son investigadas en áreas específicas, no vinculadas entre sí, que dependen del Ministerio Público Fiscal. En el resto de la provincia, las denuncias recaen en las unidades judiciales que funcionan en las comisarías.
El proyecto de creación de una fiscalía con competencia exclusiva se remonta a unos tres años y tiene al menos dos intentos frustrados.
Los mismos emanaron del Área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal. Las intrigas e internas, tan caras a la dinámica tribunalicia, impidieron su avance.
El exponencial aumento de los casos de ciberdelitos, no reflejado en encuestas oficiales por decisión del propio Ministerio Público, junto a la creciente sofisticación de los medios empleados, obligó a reflotar aquella iniciativa.
Por ello, dentro de los tribunales capitalinos se tomó con beneplácito la publicación del Boletín Oficial. Ella garantiza, ni más ni menos, la partida presupuestaria necesaria para la creación de la nueva dependencia.
“Hace años venimos planteando la necesidad de una fiscalía específica. Espero que ahora avancemos en la planificación. Descuento también que esto traerá un alivio para muchas áreas que se encuentran saturadas con casos que ni siquiera son de su competencia”, indicó a Puntal uno de los autores de aquellos proyectos.
Desde el MPF destacaron que aún restan muchos aspectos por resolver. Entre ellos los “alcances y objetivos específicos” del área.
Una vez cumplidos tales procedimientos se llamará a concursos para cubrir los cargos de fiscal, secretarías y prosecretarías. No obstante, distintos nombres han sido echados a correr. Desde la sede judicial aseguran que ya hay uno “puesto”, especialista en derecho penal económico, y que cuenta con exposición mediática.
“Esa fiscalía estará trabajando en el segundo semestre del próximo año”, estimaron, sin embargo, las voces consultadas.
“En Argentina hay tres modelos de intervención del Estado en materia de delincuencia informática: uno concentrado, uno desconcentrado y uno mixto”, ilustra José Arce, especialista en cibercrimen de la ciudad de Córdoba.
“El modelo concentrado funciona en la ciudad de Buenos Aires que posee tres fiscalías especializadas en cibercrimen con competencia exclusiva en algunos delitos”, desmenuza.
“Actualmente el de Córdoba es un modelo descentralizado, ya que la especialidad en cibercrimen está diluida en todas las fiscalías de la provincia. O sea, hoy Córdoba no posee una fiscalía específica, sino fiscalías especializadas en temáticas más amplias, como delitos contra la integridad sexual y delitos complejos. Dentro de estas unidades existen competencias específicas para la parte digital. Por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Complejos tiene competencia exclusiva en materia de phishing. Las fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual abordan la temática de pornografía infantil y grooming”, amplía.
Corresponsalía Córdoba