Tal como se presumía, fracasó ayer en Diputados la sesión especial pedida por Cambiemos para discutir el proyecto de ley de "ficha limpia", que apunta a que aquellas personas condenadas judicialmente en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan presentarse a cargos electivos.
El oficialismo alineó a su tropa y junto a un puñado de opositores logró sentar a 101 legisladores en las bancas, una cifra lejana de los 129 que hubiera necesitado para habilitar la sesión, que de todos modos se desarrolló con expresiones en minoría.
Por la oposición se hicieron presentes los diputados Marco Lavagna, Javier David, Graciela Camaño, Victoria Rosso, Karim Alumé Sbodio, Luis Contigiani y Juan Brügge.
La propuesta, que busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), es empujada por un conjunto de ONG que el martes pasado presentaron en el Congreso un petitorio con cerca de 311.000 firmas recolectadas a través del sitio Change.org con el objetivo de que la iniciativa pueda votarse antes del 30 de noviembre, cuando el dictamen perderá estado parlamentario.
Todo indica que el dictamen, obtenido en 2017, caerá ya que la oposición teme que una ley de ese tipo pueda manipularse de tal modo que produzca el mismo efecto que tuvo en Brasil cuando una iniciativa similar de "ficha limpia" impidió que el expresidente Lula da Silva pudiera presentarse a las elecciones que finalmente ganaría el actual jefe de Estado del país vecino, Jair Bolsonaro.
Durante el espacio destinado a las expresiones en minoría, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, señaló que "hoy en día", para que un ciudadano quede inhabilitado a ejercer cargos electivos, hay que aguardar a que haya una sentencia firme, generalmente con la intervención de la Corte Suprema, y lamentó que todo el trámite suele demorar "décadas" .
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que "es hora de que quienes ejercemos cargos políticos demostremos que somos capaces de autoexigirnos parámetros de conducta que impidan transformar esta casa en un refugio de aquellos que debiendo dar cuenta de sus actos ante la Justicia utilizan ésta para ampararse en fueros".
A su turno, la jefa de la bancada de Consenso Federal, Graciela Camaño, valoró la iniciativa pero aclaró que "no están los buenos" del lado de Cambiemos y "del otro lado los corruptos. El Gobierno se va con una Oficina Anticorrupción totalmente cuestionada. Se va con muchos funcionarios cuestionados jurídicamente. Y se va sin cumplir esa expectativa de muchas personas que lo votaron hace 4 años".
El titular del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, señaló que esta ley no es "en contra de alguien" sino que simplemente persigue que "la moral administrativa en democracia y el ejercicio de cargos públicos sea absolutamente incompatible con la corrupción".
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Por la oposición se hicieron presentes los diputados Marco Lavagna, Javier David, Graciela Camaño, Victoria Rosso, Karim Alumé Sbodio, Luis Contigiani y Juan Brügge.
La propuesta, que busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), es empujada por un conjunto de ONG que el martes pasado presentaron en el Congreso un petitorio con cerca de 311.000 firmas recolectadas a través del sitio Change.org con el objetivo de que la iniciativa pueda votarse antes del 30 de noviembre, cuando el dictamen perderá estado parlamentario.
Todo indica que el dictamen, obtenido en 2017, caerá ya que la oposición teme que una ley de ese tipo pueda manipularse de tal modo que produzca el mismo efecto que tuvo en Brasil cuando una iniciativa similar de "ficha limpia" impidió que el expresidente Lula da Silva pudiera presentarse a las elecciones que finalmente ganaría el actual jefe de Estado del país vecino, Jair Bolsonaro.
Durante el espacio destinado a las expresiones en minoría, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, señaló que "hoy en día", para que un ciudadano quede inhabilitado a ejercer cargos electivos, hay que aguardar a que haya una sentencia firme, generalmente con la intervención de la Corte Suprema, y lamentó que todo el trámite suele demorar "décadas" .
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que "es hora de que quienes ejercemos cargos políticos demostremos que somos capaces de autoexigirnos parámetros de conducta que impidan transformar esta casa en un refugio de aquellos que debiendo dar cuenta de sus actos ante la Justicia utilizan ésta para ampararse en fueros".
A su turno, la jefa de la bancada de Consenso Federal, Graciela Camaño, valoró la iniciativa pero aclaró que "no están los buenos" del lado de Cambiemos y "del otro lado los corruptos. El Gobierno se va con una Oficina Anticorrupción totalmente cuestionada. Se va con muchos funcionarios cuestionados jurídicamente. Y se va sin cumplir esa expectativa de muchas personas que lo votaron hace 4 años".
El titular del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, señaló que esta ley no es "en contra de alguien" sino que simplemente persigue que "la moral administrativa en democracia y el ejercicio de cargos públicos sea absolutamente incompatible con la corrupción".