La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que habilita la intervención sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre propiedades desocupadas o deterioradas que faciliten la comisión de ilícitos.
El proyecto contempla un procedimiento de intervención temprana que incluye actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas, además de medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de inmuebles, siempre bajo resguardo del debido proceso.
En los casos de mayor complejidad vinculados al narcotráfico, la Justicia podrá ordenar medidas como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la venta de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
“Con esta herramienta buscamos recuperar espacios tomados por el delito y devolverlos a la comunidad”, sostuvo el gobernador Martín Llaryora al presentar la iniciativa.
El proyecto también prevé un esquema de reinversión de fondos provenientes de bienes decomisados. El 60 por ciento será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40 por ciento financiará políticas de prevención y abordaje del narcotráfico del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Además, se crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, con el objetivo de coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba y municipios y comunas.
La propuesta invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a firmar convenios de cooperación para ejecutar intervenciones en el territorio.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba busca recuperar inmuebles utilizados por organizaciones delictivas y reforzar la presencia estatal en los barrios.
