Lo cierto es que las averiguaciones no se realizan en esta ciudad, sino en una fiscalía de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, desde donde se ordenó la realización de una serie de allanamientos en el penal villamariense.
Justamente, se conoció este martes que la Fiscalía de Venado Tuerto, a cargo de Damián Casullo, solicitó la imputación de cuatro personas que ya se encuentran privadas de su libertad en la unidad carcelaria de barrio Belgrano.
Fuentes judiciales consultadas por Puntal Villa María indicaron que, desde la provincia santafesina, ya fueron enviados los exhortos correspondientes para que los reclusos sean notificados en el marco de este nuevo expediente.
Por estas horas, los sospechosos continúan bajo investigación del fiscal Casullo, quien busca establecer el alcance de la presunta organización y determinar si existen más personas involucradas en este tipo de maniobras.
Investigan presuntas estafas desde la cárcel
Por esta causa, la jueza de Control y Faltas de Villa María, María Soledad Dottori, autorizó la realización de requisas en distintos sectores de la cárcel, esto ante la sospecha de que podrían concretarse maniobras fraudulentas desde el interior del establecimiento.
Durante el operativo fueron secuestrados más de diez teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores y cables, además de anotaciones manuscritas que ahora serán analizadas por los investigadores.
De acuerdo con la información difundida, entre los apuntes encontrados figurarían alias bancarios, números de CBU y teléfonos, elementos que podrían resultar importantes para reconstruir eventuales movimientos de dinero.
La Justicia deberá determinar ahora si esos dispositivos y documentos fueron utilizados para concretar estafas, comunicarse con posibles víctimas o coordinar transferencias y otras operaciones vinculadas con la investigación.
Cabe precisar que la requisa realizada en la cárcel local permitió además secuestrar una cantidad importante de elementos cortopunzantes, entre ellos facas que se encontraban distribuidas en diferentes sectores del establecimiento penitenciario.
Según trascendió, la investigación tiene su origen en denuncias realizadas en la provincia de Santa Fe y es llevada adelante por la Fiscalía de Venado Tuerto.
La hipótesis principal apunta a una organización que habría utilizado recursos y contactos para concretar maniobras fraudulentas.
Uno de los interrogantes principales que deberán responder los investigadores es si las personas privadas de la libertad habrían actuado de manera aislada o si, por el contrario, existiría una estructura organizada con participación de colaboradores fuera de la cárcel.
En ese sentido, el fiscal Casullo intenta determinar si existieron eventuales ayudas dentro del establecimiento penitenciario y si otras personas que permanecen en libertad habrían colaborado con las maniobras.
El antecedente del call center tumbero
El nuevo procedimiento ocurre apenas días después de una sentencia que expuso una organización dedicada a cometer estafas telefónicas desde el interior de la cárcel de Villa María.
En aquella causa, la Cámara 10.ª del Crimen de Córdoba condenó a 25 personas por una asociación ilícita que funcionó durante 2023. Dos imputados, en cambio, fueron absueltos por el beneficio de la duda.
Entre los condenados estuvo el exdirector de la cárcel local, Andrés Américo Aciar, quien recibió una pena de nueve años y seis meses de prisión al ser considerado jefe de la asociación ilícita.
También fue condenado el exjefe de Seguridad, Edgar Ezequiel Arroyo, a ocho años y tres meses. La sentencia alcanzó además a internos y funcionarios vinculados con el funcionamiento de la estructura investigada.
Según estableció aquel fallo, entre enero y septiembre de 2023 se habrían flexibilizado deliberadamente controles internos para permitir el ingreso y utilización de teléfonos celulares dentro del establecimiento penitenciario.
En el marco de esa investigación, se pudo determinar que los integrantes de la organización utilizaban distintos mecanismos para engañar a víctimas mediante operaciones realizadas a distancia.
Una de las modalidades consistía en contactar a personas que publicaban productos usados en Facebook Marketplace.
Los delincuentes simulaban realizar transferencias y enviaban comprobantes falsos por montos superiores al valor acordado.
Posteriormente, otro integrante se hacía pasar por empleado bancario para convencer a la víctima de realizar una transferencia real hacia cuentas controladas por la organización.
Otra modalidad detectada estaba relacionada con la venta ficticia de rollos de alfalfa.
Para concretar las operaciones se utilizaban fotografías reales de empresas y publicaciones que aparentaban ofrecer mercadería disponible.
Una vez que las víctimas realizaban señas o transferían el dinero correspondiente, los integrantes de la organización desaparecían sin entregar los productos ofrecidos.
La causa también determinó la existencia de colaboradores externos, entre ellos familiares y allegados de algunos internos, que habrían facilitado cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir y distribuir el dinero.
