El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer nuevamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con prisión preventiva y le dictó un embargo millonario; a exfuncionarios de su gobierno y a más de 100 empresarios en dos expedientes derivados de la causa de los cuadernos, en la que investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno “K”.
Hasta el momento, Cristina Kirchner recibió 13 procesamientos por distintas causas y muchos de los cuales los impuso Bonadio, en tanto que de ellos, 7 son con prisión preventiva, aunque sin cumplir por tratarse de una senadora nacional con fueros.
Empresarios
Entre los empresarios procesados por la supuesta cartelización de la obra pública, se encuentran los detenidos Lázaro Báez (Grupo Austral), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Fabián De Sousa y Cristóbal López (Grupo Indalo), a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.
La investigación de la supuesta cartelización de la obra pública tiene por objetivo determinar si las empresas más grandes del país se asociaron de manera ilícita para, con acuerdo con los exfuncionarios públicos, arreglar las licitaciones.
“Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”, sostuvo el juez en el fallo de 678 páginas referido a la cartelización de las obras.
Por ese tramo de la investigación, Bonadio procesó sin prisión preventiva al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y a los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos), Hugo Eurnekian (Helport), Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Juan Chediak, Ángel Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (Iecsa) y Juan Carlos de Goychoechea (Isolux), entre otros.
Por la cartelización de la obra pública, Bonadio procesó también al financista Ernesto Clarens, quien, en calidad de arrepentido, relató “cómo era el mecanismo de recaudación –orquestado por (el exministro de Planificación Federal) Julio De Vido–, del cual formaban parte las empresas de la construcción más relevantes de este país, al igual que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
Cohecho pasivo en 1.027 casos
En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la expresidenta “en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en mil veintisiete (1.027) hechos, setecientos uno (701) de ellos en calidad de coautora y trescientos veintiséis (326) en calidad de partícipe necesaria”.
Además, la procesó por la admisión de dádivas, reiterada en dos hechos, en calidad de coautora y le trabó un embargo por 11.502 millones de pesos, según el fallo judicial emitido ayer a la tarde.
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Empresarios
Entre los empresarios procesados por la supuesta cartelización de la obra pública, se encuentran los detenidos Lázaro Báez (Grupo Austral), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Fabián De Sousa y Cristóbal López (Grupo Indalo), a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.
La investigación de la supuesta cartelización de la obra pública tiene por objetivo determinar si las empresas más grandes del país se asociaron de manera ilícita para, con acuerdo con los exfuncionarios públicos, arreglar las licitaciones.
“Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”, sostuvo el juez en el fallo de 678 páginas referido a la cartelización de las obras.
Por ese tramo de la investigación, Bonadio procesó sin prisión preventiva al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y a los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos), Hugo Eurnekian (Helport), Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Juan Chediak, Ángel Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (Iecsa) y Juan Carlos de Goychoechea (Isolux), entre otros.
Por la cartelización de la obra pública, Bonadio procesó también al financista Ernesto Clarens, quien, en calidad de arrepentido, relató “cómo era el mecanismo de recaudación –orquestado por (el exministro de Planificación Federal) Julio De Vido–, del cual formaban parte las empresas de la construcción más relevantes de este país, al igual que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
Cohecho pasivo en 1.027 casos
En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la expresidenta “en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en mil veintisiete (1.027) hechos, setecientos uno (701) de ellos en calidad de coautora y trescientos veintiséis (326) en calidad de partícipe necesaria”.
Además, la procesó por la admisión de dádivas, reiterada en dos hechos, en calidad de coautora y le trabó un embargo por 11.502 millones de pesos, según el fallo judicial emitido ayer a la tarde.