El gobierno de Mauricio Macri reforzó ayer su avanzada contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al presentar en el Consejo de la Magistratura una denuncia para su remoción.
El magistrado tiene a su cargo la investigación sobre la supuesta trama de espionaje y extorsiones que involucra al fiscal Carlos Stornelli, a quien citó nuevamente a declarar.
“Mal desempeño de funciones”
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentó la denuncia en la que se acusa a Ramos Padilla "de mal desempeño de sus funciones". "Y por eso consideramos que debe dejar el cargo".
El Ministerio de Justicia pidió que se abra una investigación para determinar si el juez federal violó sus "deberes de imparcialidad y reserva" por las revelaciones que realizó en torno a una causa a su cargo, cuando expuso el miércoles ante una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación.
Para presentar la solicitud, el Ministerio envió una nota a Mahiques, en la que advirtió sobre una aparente "finalidad política" del juez al realizar declaraciones ante la comisión presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.
La cartera que dirige Germán Garavano pidió al Consejo, que se encarga de designar y remover magistrados, que investigue el accionar de Ramos Padilla ante la "manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas", tras la exposición del magistrado en el Congreso.
Al respecto, cuestionó la actitud del juez por señalar "como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados".
El Ministerio pidió que se investigue si Ramos Padilla incurrió en incumplimiento de sus funciones de juez porque "hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial".
Y, apuntó que "no sólo careció de imparcialidad, sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal".
“Actitud confrontativa”
Justicia indicó también, mediante un comunicado, que en la nota remarcó "la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un juez federal".
Asimismo, resaltó la "evidente finalidad política" que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración "a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados", "atento que el programa Verdad y Justicia sólo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad".
"Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes", acotó.
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“Mal desempeño de funciones”
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentó la denuncia en la que se acusa a Ramos Padilla "de mal desempeño de sus funciones". "Y por eso consideramos que debe dejar el cargo".
El Ministerio de Justicia pidió que se abra una investigación para determinar si el juez federal violó sus "deberes de imparcialidad y reserva" por las revelaciones que realizó en torno a una causa a su cargo, cuando expuso el miércoles ante una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación.
Para presentar la solicitud, el Ministerio envió una nota a Mahiques, en la que advirtió sobre una aparente "finalidad política" del juez al realizar declaraciones ante la comisión presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.
La cartera que dirige Germán Garavano pidió al Consejo, que se encarga de designar y remover magistrados, que investigue el accionar de Ramos Padilla ante la "manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas", tras la exposición del magistrado en el Congreso.
Al respecto, cuestionó la actitud del juez por señalar "como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados".
El Ministerio pidió que se investigue si Ramos Padilla incurrió en incumplimiento de sus funciones de juez porque "hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial".
Y, apuntó que "no sólo careció de imparcialidad, sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal".
“Actitud confrontativa”
Justicia indicó también, mediante un comunicado, que en la nota remarcó "la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un juez federal".
Asimismo, resaltó la "evidente finalidad política" que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración "a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados", "atento que el programa Verdad y Justicia sólo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad".
"Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes", acotó.