La Cámara Federal porteña ordenó ayer que la expresidenta Cristina Kirchner sea indagada en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
Es la cuarta vez, aunque en esta oportunidad con contundencia, que el superior tribunal ordena al juez federal Sebastián Casanello que la cite, pues considera que el magistrado no brindó una "respuesta completa" para desestimar la convocatoria de la exmandataria.
Hasta el momento, Casanello evitó citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso, porque considera que la exmandataria es investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició el empresario Lázaro Báez.
También guarda relación con las causas Hotesur y Los Sauces a raíz del alquiler de plazas hoteleras de Cristina Kirchner y su familia a favor del empresario Báez, y que la Justicia entiende eran retornos de éste tras ser favorecido con obra pública.
La causa por la ruta del dinero K en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, el cual va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo y hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.
Todos están acusados de integrar una "banda" dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita": la detención de Báez se produjo en abril de 2016, luego de que se conociera un video de la financiera en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares, lo que -según el juez- fue producto de maniobras de lavado originadas en la evasión de impuestos y el uso de facturas truchas.
"Se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A., además de la adquisición de bienes y servicios", señalaron los jueces.
El tribunal tuvo en cuenta que en todas esas causas se repiten Lázaro Báez y Cristina Kirchner y la relación de "prestanombre" del primero para con el segundo, porque -subrayó- "dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre".
"Siendo eso así, la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández", sostuvo Irurzun en su voto.
El juez recordó además que hay otras personas del "entorno" presuntamente vinculadas a la maniobra: el extitular de la Afip Ricardo Echegaray; la exprocuradora del Tesoro Nacional Angelina Abbona; y el entonces titular de la unidad fiscal antilavado Carlos Gonella.
Irurzun votó por hacer lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), "debiéndose fijar la fecha de la audiencia" de la indagatoria a Cristina Kirchner.
Junto a Irurzun votó su colega Rafael Llorens: "Con el grado de previsión que esta etapa requiere, la imperiosa necesidad de otorgarle a la presunta imputada la oportunidad de ejercer su derecho, de conocer la prueba existente, de controlar aquella que las partes acusadoras han indicado como prueba de cargo en su contra y, finalmente, reclamar su derecho a que en estos autos exista una decisión jurisdiccional que la vincule o la desvincule -definitivamente- del proceso", indicó.
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Hasta el momento, Casanello evitó citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso, porque considera que la exmandataria es investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició el empresario Lázaro Báez.
También guarda relación con las causas Hotesur y Los Sauces a raíz del alquiler de plazas hoteleras de Cristina Kirchner y su familia a favor del empresario Báez, y que la Justicia entiende eran retornos de éste tras ser favorecido con obra pública.
La causa por la ruta del dinero K en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, el cual va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo y hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.
Todos están acusados de integrar una "banda" dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita": la detención de Báez se produjo en abril de 2016, luego de que se conociera un video de la financiera en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares, lo que -según el juez- fue producto de maniobras de lavado originadas en la evasión de impuestos y el uso de facturas truchas.
"Se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A., además de la adquisición de bienes y servicios", señalaron los jueces.
El tribunal tuvo en cuenta que en todas esas causas se repiten Lázaro Báez y Cristina Kirchner y la relación de "prestanombre" del primero para con el segundo, porque -subrayó- "dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre".
"Siendo eso así, la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández", sostuvo Irurzun en su voto.
El juez recordó además que hay otras personas del "entorno" presuntamente vinculadas a la maniobra: el extitular de la Afip Ricardo Echegaray; la exprocuradora del Tesoro Nacional Angelina Abbona; y el entonces titular de la unidad fiscal antilavado Carlos Gonella.
Irurzun votó por hacer lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), "debiéndose fijar la fecha de la audiencia" de la indagatoria a Cristina Kirchner.
Junto a Irurzun votó su colega Rafael Llorens: "Con el grado de previsión que esta etapa requiere, la imperiosa necesidad de otorgarle a la presunta imputada la oportunidad de ejercer su derecho, de conocer la prueba existente, de controlar aquella que las partes acusadoras han indicado como prueba de cargo en su contra y, finalmente, reclamar su derecho a que en estos autos exista una decisión jurisdiccional que la vincule o la desvincule -definitivamente- del proceso", indicó.