Luego del rechazo de dos recursos presentados por la defensa, se despeja el camino para que el día 26 del mes en curso comience el juicio por el direccionamiento de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De este modo, se empieza a confirmar una especulación que daría lugar a una situación inédita para el escenario institucional de nuestro país, graficada por la imagen de una política activa que llegó a ocupar el más alto cargo al que puede aspirar un argentino, oscilando entre el banquillo de los acusados y los atriles de campaña, en procesos de finales igualmente inciertos pero inevitablemente vinculados entre sí.
En rigor, no se trataría de la primera vez que un antiguo ocupante de la Casa Rosada se ve en el brete de afrontar un juicio por corrupción: está muy fresco el antecedente de Carlos Menem, pero en su caso lo vivió cuando ya su futuro político era inexistente. Aun si Cristina Kirchner no se presentara como candidata a recuperar la primera magistratura (en un hipotético paso al costado que algunos analistas barajan con seriedad y muchos otros descartan por completo), la cantidad de votos que le adjudican las encuestas la erigen en una protagonista clave del año electoral.
En ese sentido, el efecto que puede tener el juicio sobre ese respaldo no parece tan concluyente como podría pensarse. De hecho, es lógico imaginar que si con toda la evidencia conocida públicamente sobre los sistemas de corrupción imperantes durante su gobierno una alta proporción de votantes sigue dispuesta a votarla, poco podría cambiar las cosas la exposición de las pruebas en un tribunal. Es más, hasta se duda que lo haría un veredicto condenatorio, que de cualquier forma, dada la complejidad del proceso, difícilmente llegue durante este año.
De todas formas, está claro que la expresidenta hizo lo posible por evitar la coincidencia del juicio con la campaña. Los recursos que presentó para postergar el comienzo de las audiencias han sido definidos como tácticas meramente dilatorias, en particular su pedido de llevar el juicio a la provincia de Santa Cruz. Aunque el intento es comprensible, dado que seguramente podría esperar un tratamiento más favorable en el territorio que gobierna su cuñada y en cuya Justicia militan muchos parientes y allegados, lo cierto es que el traslado ya había sido rechazado durante la instrucción de la causa en todas las instancias.
Tampoco parece haber demasiados argumentos para defenderse, cuando el tratamiento privilegiado que recibió Báez salta a la vista y hasta se especifican en otras causas, Hotesur y Los Sauces, los mecanismos mediante los cuales el empresario devolvía a los Kirchner los favores en forma de alquileres de propiedades y habitaciones de hotel que nadie usaba. Algo que, más allá de la inevitabilidad de teñir la causa de especulaciones políticas en una instancia como la que se transita, da la impresión de volverla totalmente imposible de defender desde lo jurídico.
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En ese sentido, el efecto que puede tener el juicio sobre ese respaldo no parece tan concluyente como podría pensarse. De hecho, es lógico imaginar que si con toda la evidencia conocida públicamente sobre los sistemas de corrupción imperantes durante su gobierno una alta proporción de votantes sigue dispuesta a votarla, poco podría cambiar las cosas la exposición de las pruebas en un tribunal. Es más, hasta se duda que lo haría un veredicto condenatorio, que de cualquier forma, dada la complejidad del proceso, difícilmente llegue durante este año.
De todas formas, está claro que la expresidenta hizo lo posible por evitar la coincidencia del juicio con la campaña. Los recursos que presentó para postergar el comienzo de las audiencias han sido definidos como tácticas meramente dilatorias, en particular su pedido de llevar el juicio a la provincia de Santa Cruz. Aunque el intento es comprensible, dado que seguramente podría esperar un tratamiento más favorable en el territorio que gobierna su cuñada y en cuya Justicia militan muchos parientes y allegados, lo cierto es que el traslado ya había sido rechazado durante la instrucción de la causa en todas las instancias.
Tampoco parece haber demasiados argumentos para defenderse, cuando el tratamiento privilegiado que recibió Báez salta a la vista y hasta se especifican en otras causas, Hotesur y Los Sauces, los mecanismos mediante los cuales el empresario devolvía a los Kirchner los favores en forma de alquileres de propiedades y habitaciones de hotel que nadie usaba. Algo que, más allá de la inevitabilidad de teñir la causa de especulaciones políticas en una instancia como la que se transita, da la impresión de volverla totalmente imposible de defender desde lo jurídico.