La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una serie de escritos ante la Cámara de Casación para pedir que se revisen las excarcelaciones del ex vicepresidente Amado Boudou y otros implicados en la causa Ciccone.
La oficina que encabeza Laura Alonso reclamó que tanto Boudou como su amigo José María Núñez Carmona y el exdueño de la imprenta Ciccone Calcográfica Nicolás Ciccone vuelvan a cumplir con prisión preventiva, luego de que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) les concediera la excarcelación.
El TOF 4 había condenado a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública; a Núñez Carmona a 5 años y medio y a Ciccone a 4 años y medio, pero tras un cambio en su composición el tribunal concedió las excarcelaciones solicitadas por la defensa.
Por ello, en su presentación la OA evaluó que el TOF 4 "carecía de jurisdicción para pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de excarcelación del condenado Amado Boudou, que había sido anteriormente denegada por ese tribunal oral con distinta composición".
Según el organismo público, el tribunal "no podía revisar la decisión ya tomada sobre la cual, como se dijo, carecía de jurisdicción, pues ésta se halla en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Para la OA, la decisión del TOF 4 "produce una afectación de la seguridad jurídica y al debido proceso" contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional "por la vulneración de los principios de preclusión y progresividad del proceso penal".
Además, la Oficina evaluó que no se presentaron "circunstancias fácticas novedosas que ameritaran revisar la decisión contraria antes adoptada", en referencia al rechazo inicial de la excarcelación.
Crítica a los jueces
En este sentido, recordó "la anterior decisión del tribunal" que "había denegado la solicitud de excarcelación del condenado Amado Boudou frente a la certeza jurídica que emana del fallo condenatorio a pena efectiva de prisión por graves actos de corrupción y frente a la existencia de los riesgos procesales oportunamente evaluados, elementos que no han sido evaluados correctamente en el nuevo pronunciamiento dictado".
Por todo ello, el organismo a cargo de Alonso consideró que la nueva decisión "parece basarse exclusivamente en una mera posición subjetiva de una cuestión que se encuentra sometida a la jurisdicción del máximo tribunal de la Nación".
La OA había presentado una adhesión a la apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también es querellante y que solicitó que "se revoque la excarcelación concedida al condenado Amado Boudou y se ordene su inmediata detención".
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El TOF 4 había condenado a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública; a Núñez Carmona a 5 años y medio y a Ciccone a 4 años y medio, pero tras un cambio en su composición el tribunal concedió las excarcelaciones solicitadas por la defensa.
Por ello, en su presentación la OA evaluó que el TOF 4 "carecía de jurisdicción para pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de excarcelación del condenado Amado Boudou, que había sido anteriormente denegada por ese tribunal oral con distinta composición".
Según el organismo público, el tribunal "no podía revisar la decisión ya tomada sobre la cual, como se dijo, carecía de jurisdicción, pues ésta se halla en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Para la OA, la decisión del TOF 4 "produce una afectación de la seguridad jurídica y al debido proceso" contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional "por la vulneración de los principios de preclusión y progresividad del proceso penal".
Además, la Oficina evaluó que no se presentaron "circunstancias fácticas novedosas que ameritaran revisar la decisión contraria antes adoptada", en referencia al rechazo inicial de la excarcelación.
Crítica a los jueces
En este sentido, recordó "la anterior decisión del tribunal" que "había denegado la solicitud de excarcelación del condenado Amado Boudou frente a la certeza jurídica que emana del fallo condenatorio a pena efectiva de prisión por graves actos de corrupción y frente a la existencia de los riesgos procesales oportunamente evaluados, elementos que no han sido evaluados correctamente en el nuevo pronunciamiento dictado".
Por todo ello, el organismo a cargo de Alonso consideró que la nueva decisión "parece basarse exclusivamente en una mera posición subjetiva de una cuestión que se encuentra sometida a la jurisdicción del máximo tribunal de la Nación".
La OA había presentado una adhesión a la apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también es querellante y que solicitó que "se revoque la excarcelación concedida al condenado Amado Boudou y se ordene su inmediata detención".