El oficialismo de la Cámara de Diputados logró ayer aprobar con 16 firmas de un total de 31 la resolución para declarar la admisibili-dad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema.
En la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos dio un paso clave y el jueves que viene comenzará la etapa de la producción de la prueba contra los jueces (aunque pueden negarse a concurrir) y se pasará en limpio la metodología y el cronograma de trabajo.
Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución que finalmente se impuso admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.
En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), se enumeraron los 14 expedientes que "solicitan el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".
Por más de 60 hechos
"Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales", apunta el texto.
El escrito indica también que "el tenor de las denuncias -de ser probadas- sería el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático".
Juntos por el Cambio presentó una resolución propia de "rechazo in limine" a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte, aunque allí mencionaron únicamente a 12 de los 14 expedientes.
No casualmente dejaron afuera los pedidos de juicio político que la Coalición Cívica impulsa desde el 2017 contra Ricardo Lorenzetti por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder cuando era presidente de la Corte Suprema.
A los representantes de la Coalición Cívica se los vio durante todo el debate defendiendo una posición incómoda, despegándose del oficialismo e intentando que no se noten demasiado las diferencias de criterio con el resto del interbloque opositor, que no apoya ninguno de los 14 pedidos de juicio político a los magistrados.
Tras la lectura del informe de la presidencia recomendando la apertura del sumario de investigación sobre la base de las semipruebas presentadas en los expedientes, tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), para fundamentar "el rechazo in limine" a la admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte.
Para el diputado opositor, el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo es "una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda" sobre la base de "acusaciones falsas" y afirmó que lo que les molesta es "el contenido de las sentencias".
"La avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene entre sus más patéticos antecedentes el alzamiento que el presidente (Alberto Fernández) y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la cautelar que dictó la Corte por el tema coparticipación y es un acto directamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático", arrancó.
Luego aclaró que esta posición conjunta de Juntos por el Cambio no tiene “ninguna contradicción” en relación con su decisión como Coalición Cívica “de impulsar un expediente contra uno de los magistrados”, en alusión a Lorenzetti, “porque son causas previas, que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias”.
Según dijo, el juicio político que promueve el Frente de Todos contra la totalidad de los miembros de la Corte representa "una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial, que es un elemento del Estado democrático".
"Si generamos el precedente de destituir a los jueces por el contenido de sus sentencias, ¿por qué no se va a construir en el futuro el precedente de destituir a presidentes o vices por el contenido de sus políticas públicas?", preguntó y señaló que hay un peligroso antecedente en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff.
Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal, expresó en un escrito: "Del análisis de los 14 expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación".