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El conflicto por el ingreso a San Luis "no es federal", dijo la Procuración Nacional

Es una opinión no vinculante, pero contraria a las expectativas de quienes presentaron la demanda en los tribunales federales de Río Cuarto. Ahora esperan la resolución de los ministros del máximo tribunal del país.

La presentación judicial que realizó la Sociedad Rural de Río Cuarto en conjunto con su par de Vicuña Mackenna y la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero 158 de Achiras por el bloqueo que la provincia de San Luis dispuso desde el comienzo de la cuarentena en los límites para impedir el ingreso de personas provenientes de otras jurisdicciones, y que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió ayer un dictamen en contra, aunque no vinculante, de la Procuración General.

De acuerdo a lo establecido por la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, el tema no es de competencia federal. Para ello argumentó que esa competencia “cede frente a las causas regidas por el derecho público local, ya que de otra forma se violaría la preeminencia de las autonomías provinciales”. Y agrega que el planteo de las entidades cordobesas no está comprendido dentro del artículo 117 de la Constitución Nacional que es el que establece cuándo la Corte debe intervenir.

Al respecto, el abogado de las instituciones amparistas, Antonio María Hernández, constitucionalista y constituyente de la Nación en 1994, destacó “que este dictamen causa estupor porque desconoce palmariamente los principios fundamentales de la federación argentina. Es evidente que sólo la Corte Suprema puede resolver esta cuestión de bloqueo de rutas y límites interprovinciales, que es una cuestión federal indiscutible de su exclusiva competencia, por el Art. 117 de la Ley Suprema, pues hay una provincia demandada por vecinos de otra provincia y además, un conflicto de competencia entre dos jueces federales, con fallos contradictorios”, destacó el representante legal de la Rural consultado por Puntal.

Y agregó: “Este dictamen absurdo e incomprensible importa una privación de justicia y es una violación de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa Rica, puesto que resulta imposible la actuación de jueces provinciales en esta cuestión. Con sólo recordar a ‘Siri’ y ‘Kot’ se advierte que la Corte ha intervenido en muchos habeas corpus o amparos, ya que se trata de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, como primera misión de los jueces, como lo enseñaba Joaquín V. González”, recordó Antonio María Hernández.

Y por último consideró que “al no ser vinculante este dictamen, confío en que la Corte Suprema haga justicia para garantizar los derechos de miles de ciudadanos que desde hace meses soportan este bloqueo. Esta emergencia no puede ser utilizada para tan profundas lesiones de nuestra democracia republicana y federal”, enfatizó.

Cómo se recordará, la presentación judicial de las entidades fue el corolario de una serie de negociacones abiertas con las autoridades de San Luis para que permitiera el ingreso de productores con campos propios o alquilados en la vecina provincia, así como también a los camioneros que debían trabajar allí. El gobierno de Alberto Rodríguez Saá dispuso primero un celoso control en los pases fronterizos con Córdoba y luego avanzó con bloqueos en los caminos de tierra, levantando taludes y cavando zanjas para impedir el tránsito de vehículos. Por momentos se permitió el ingreso de algunos productores con tests negativos de coronavirus, pero luego eso también fue modificado. Ante eso, las instituciones buscaron un camino judicial con una presentación ante el Juzgado Federal riocuartense que rápidamente les dio la razón a los fundamentos expuestos. Sin embargo, sorpresivamente un juez federal de San Luis respaldó las medidas del gobierno de Rodríguez Saá bajo el argumento del cuidado de la salud de la población. Eso motivó una presentación ante la Corte que obliga previamente a un dictamen de la Procuración que se conoció en las últimas horas y que establece que no es un tema de competencia de la Corte. Sin embargo, recordaron que esa opinión no es vinculante.