El operativo que culminó con el retiro de 19 personas del edificio inconcluso, conocido popularmente como “la mole”, fue el punto visible de una problemática que viene creciendo desde hace años. Equipos de la Municipalidad de Córdoba, personal del Ministerio de Seguridad y representantes del Ministerio Público Fiscal, intervinieron luego de que uno de los ocupantes amenazara con arrojarse desde los pisos superiores del edificio.
La tensión se extendió durante largos minutos hasta que un equipo técnico municipal logró entablar diálogo con el hombre. Finalmente, desistió de su decisión y descendió del lugar, permitiendo que el operativo concluyera sin víctimas.
Pero lo ocurrido en ese momento crítico es apenas una parte de la historia. Según explicó a Puntal el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, el miedo fue el motor de esa reacción extrema.
“Lo que él me expresó fue el miedo de no saber a dónde iban a ir, dónde los iban a dejar”, relató el funcionario. Ese temor, es frecuente en personas que viven al límite de la exclusión, donde cualquier intervención estatal puede percibirse como la pérdida del único refugio disponible, aunque ese refugio sea un edificio en ruinas.
La intervención se logró por orden judicial, y los equipos municipales identificaron a 19 personas. Lo que más llamó la atención a los profesionales fue que 17 de esas personas ya habían tenido intervenciones previas del Estado municipal.
Habían pasado por sus programas pero se retiraron por decisión propia. Otros fueron expulsados por situaciones de violencia o consumo problemático.
Ese dato revela una dimensión menos visible del problema: la dificultad de sostener los procesos de acompañamiento cuando detrás hay historias de consumo, salud mental o rupturas familiares profundas.
“La situación ya no se resuelve solamente con una ayuda económica o con ofrecer una vivienda”, advirtió La Cava. “Hay casos de salud mental, de consumo problemático muy grave, de personas que fueron expulsadas de sus propios hogares”.
La escena que se vio en pleno centro cordobés es apenas un capítulo dentro de un fenómeno que crece silenciosamente. Según datos del área social del municipio, en 2020 había unas 525 personas en situación de calle en Córdoba. El año pasado, más de 3.100 personas pasaron por programas de asistencia vinculados a esta problemática.
Las cifras reflejan no solo un aumento, sino también una transformación en los perfiles.
Hoy conviven personas que perdieron el trabajo, jóvenes expulsados de sus hogares por conflictos familiares o consumo, adultos mayores con problemas de salud mental y migrantes internos que llegaron a la ciudad buscando oportunidades que nunca aparecieron.
“La gente no aparece en la calle porque quiere”, explicó La Cava. “Se rompen los vínculos, se pierde el trabajo, se generan situaciones de violencia intrafamiliar y muchas veces los chicos terminan afuera de la casa”.
El proceso suele repetirse con una lógica dolorosa: los primeros días son de supervivencia improvisada; luego llega la adaptación a la calle, con sus reglas, sus riesgos y sus consumos.
En muchos casos, el propio sistema de contención encuentra límites difíciles de atravesar.
El municipio cuenta actualmente con 151 personas alojadas, pero también identifica a unas 200 personas consideradas “crónicas”, es decir, que han pasado por programas de contención o que directamente rechazan el acompañamiento estatal.
Al mismo tiempo, llama la atención el aumento de retorno a los lugares de origen. Solo en 2025, el municipio gestionó 362 pasajes para personas que decidieron regresar a sus provincias o ciudades de origen. En los primeros meses de este año, esa cifra ya alcanza 133 casos.
“Es un trabajo largo, no es subir a alguien a un colectivo y listo”, aclaró La Cava. “Hay que alojarlo, contactarse con la familia, reconstruir el vínculo”.
En el caso del edificio desalojado, el trabajo recién comienza. Tras el operativo, varias de las personas fueron trasladadas a dispositivos municipales y se evalúa cada situación particular.
Algunos ya manifestaron su intención de regresar a sus provincias. Otros buscan trabajo o alguna alternativa habitacional. Y hay quienes, una vez más, no están seguros de aceptar ayuda.
Mientras tanto, la estructura del edificio, sin agua, sin sanitarios y rodeada de residuos de obra, fue declarada inhabitable por los técnicos que participaron de la inspección.
Pero más allá del destino de ese edificio, lo ocurrido en esa esquina del centro cordobés dejó expuesta una crisis social que no sólo empuja a muchas personas a la calle, sino que también rompe la última red de contención posible: la familia.
Y cuando ese vínculo se rompe, advierten quienes trabajan todos los días en el territorio, el camino de regreso se vuelve mucho más difícil.
