Cristóbal López volvió a prisión después de 6 semanas libre
La Cámara Federal de Casación Penal recaratuló la causa nuevamente a “defraudación a la administración pública” por la falta de pago de $ 8.000 millones en impuestos a la venta de combustible
Luego de seis semanas en libertad, el empresario Cristóbal López regresó ayer a prisión a raíz de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revirtió su excarcelación y la de su socio, Fabián De Sousa, al tiempo que recaratuló la causa en su contra por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.
El dueño del Grupo Indalo se entregó a la Gendarmería Nacional poco antes de las 20 y fue trasladado al Edificio Centinela, desde donde será llevado hoy al penal de Ezeiza, el mismo lugar donde se había alojado entre el 20 de diciembre y el 16 de marzo pasado.
El expediente en el que además se encuentra imputado el extitular de la Afip, Ricardo Echegaray, pasó nuevamente de "apropiación indebida de tributos" a "defraudación a la administración pública", tal como habían reclamado el organismo recaudador y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.
La decisión fue tomada por la mayoría conformada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, quienes integran la Sala I, junto con la jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia.
Desvío millonario
En su fallo, los jueces remarcaron que los imputados, mediante una compleja maniobra defraudatoria, habrían desviado entre mayo de 2013 y noviembre de 2015 millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles debía entregar a la Afip en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado "Grupo Indalo".
López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
Casación revirtió las excarcelaciones al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es el posible entorpecimiento de la causa, al tiempo que restituyó la carátula a "defraudación contra la administración pública".
Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abría la puerta a que se discutiera qué fuero era competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría haber dado lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.
Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer el allanamiento de las oficinas de la ex Indalo, hoy denominada grupo Ceibo, así como las de sus nuevos dueños Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre Balestra, en el marco de la causa por la cual se sospecha que Cristóbal López intentó burlar la inhibición general de bienes y vender su empresa.
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