“En el sistema penitenciario su estructura institucional no está pensada para la mujer, de hecho por ejemplo lo que son capacitaciones en oficios en la oferta educativa, en nada está pensada para la mujer o por lo menos no pensada seriamente como una formación laboral con posibilidades de salida para una vez que recupere la libertad. En la cárcel local se sigue dando corte y confección. Y en el caso de los hombres sí tenés algunas ofertas de cursos que tienen elementos que permiten buscar alguna alternativa laboral autónoma, independiente, y a la mujer le siguen dando maquillaje y corte y confección”, reflexionó la defensora pública ante la Justicia Federal de Villa María, María Luz Felipe, en diálogo con este diario.
Detenidas: el 87% tiene hijos menores de edad a cargo
Y el 64 por ciento es jefa de hogar. “La estructura institucional del sistema penitenciario no está pensada para mujeres”, sostuvo la defensora pública
Pero la enumeración de situaciones que evidencian esa faltas sigue. “Los agentes penitenciarios tampoco tienen una formación en género. La cárcel local por ejemplo no tiene ginecólogo o ginecóloga que pueda atender necesidades concretas de las mujeres privadas de la libertad. En la estructura no existe eso”, señaló.
También, y según muestran las estadísticas, “el tiempo de duración de la prisión preventiva de la mujer es mayor que la de los hombres, y además el perfil de la mujer presa, si bien comparte algunos rasgos con el perfil del hombre preso, sobre todo el origen en un sector social económico vulnerable, hay algunas particularidades que son propias de la mujer y que no están presentes en el caso de los hombres”.
Lo reflejó en datos concretos. “El 87 por ciento de las mujeres presas tiene hijos menores de edad, y el 64% son jefas de hogar”, señaló. Y en relación con el tipo de delito por el cual las mujeres son habitualmente detenidas, detalló: “El 60 por ciento de las mujeres está detenida por delitos vinculados a drogas, lo que es microtráfico o menudeo o el transporte de pequeñas cantidades que son las mulas, o lo que se conoce como pasadoras, que son las mujeres que entran droga a la cárcel. Y por algunos delitos contra la propiedad en general no violentos”.
“Las mujeres que están presas son mujeres jefas de hogar, con niños a cargo o incluso hasta nietos a cargo, que buscan desarrollar estrategias de supervivencia, y que no se da en esa proporción en el caso de los hombres”, precisó.
Agregó: “Son los eslabones más débiles, más expuestos al poder punitivo, es el eslabón que la red de narcotráfico sacrifica sin ningún costo porque no expone a los que manejan la red de tráfico”, relató Felipe. También advirtió que mujeres se ven involucradas en esas causas mayoritariamente porque “son formas delictivas que permiten compatibilizar la incorporación de un ingreso para la subsistencia del grupo y continuar ejerciendo el rol materno y el cuidado sobre sus hijos e hijas, porque se pueden seguir quedando en su casa”.
Ese es el panorama. Felipe aclaró que la posibilidad de contar con “estudios estadísticos serios sobre la situación carcelaria de las mujeres es muy reciente”, por eso lo consideró como un avance, y una muestra de que “se está tomando conciencia y dedicando esfuerzos en tratar de abordar las particularidades que tiene la situación de las mujeres presas”.
La pregunta es qué se puede cambiar. La defensora aclaró que es un proceso largo, que no alcanza con que algunos funcionarios judiciales incorporen perspectiva de género en su trabajo, con visibilizar en los casos que corresponde que hay argumentos discriminatorios contra la mujer e invocar la normativa.
En ese punto destacó la relevancia de la Ley Micaela que se aprobó esta semana, y que establece la capacitación obligatoria en género y violencia para los empleados públicos, lo que incluye al Poder Judicial, desde trabajadores de menor rango a magistrados.
Felipe admitió que los cambios “no se pueden proyectar a corto plazo”. Consideró que avanzar en “una Justicia más respetuosa de los derechos humanos, más abierta al público, más democrática, es un trabajo arduo que hay que incorporarlo en el trabajo cotidiano y que va a llevar tiempo”. Y precisó: “Vamos a mejorar, pero es un trabajo a largo plazo que nos va a exigir paso a paso ir deconstruyendo una lógica de muchísimos años”.
Mariana Corradini. Redacción Puntal Villa María
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También, y según muestran las estadísticas, “el tiempo de duración de la prisión preventiva de la mujer es mayor que la de los hombres, y además el perfil de la mujer presa, si bien comparte algunos rasgos con el perfil del hombre preso, sobre todo el origen en un sector social económico vulnerable, hay algunas particularidades que son propias de la mujer y que no están presentes en el caso de los hombres”.
Lo reflejó en datos concretos. “El 87 por ciento de las mujeres presas tiene hijos menores de edad, y el 64% son jefas de hogar”, señaló. Y en relación con el tipo de delito por el cual las mujeres son habitualmente detenidas, detalló: “El 60 por ciento de las mujeres está detenida por delitos vinculados a drogas, lo que es microtráfico o menudeo o el transporte de pequeñas cantidades que son las mulas, o lo que se conoce como pasadoras, que son las mujeres que entran droga a la cárcel. Y por algunos delitos contra la propiedad en general no violentos”.
“Las mujeres que están presas son mujeres jefas de hogar, con niños a cargo o incluso hasta nietos a cargo, que buscan desarrollar estrategias de supervivencia, y que no se da en esa proporción en el caso de los hombres”, precisó.
Agregó: “Son los eslabones más débiles, más expuestos al poder punitivo, es el eslabón que la red de narcotráfico sacrifica sin ningún costo porque no expone a los que manejan la red de tráfico”, relató Felipe. También advirtió que mujeres se ven involucradas en esas causas mayoritariamente porque “son formas delictivas que permiten compatibilizar la incorporación de un ingreso para la subsistencia del grupo y continuar ejerciendo el rol materno y el cuidado sobre sus hijos e hijas, porque se pueden seguir quedando en su casa”.
Ese es el panorama. Felipe aclaró que la posibilidad de contar con “estudios estadísticos serios sobre la situación carcelaria de las mujeres es muy reciente”, por eso lo consideró como un avance, y una muestra de que “se está tomando conciencia y dedicando esfuerzos en tratar de abordar las particularidades que tiene la situación de las mujeres presas”.
La pregunta es qué se puede cambiar. La defensora aclaró que es un proceso largo, que no alcanza con que algunos funcionarios judiciales incorporen perspectiva de género en su trabajo, con visibilizar en los casos que corresponde que hay argumentos discriminatorios contra la mujer e invocar la normativa.
En ese punto destacó la relevancia de la Ley Micaela que se aprobó esta semana, y que establece la capacitación obligatoria en género y violencia para los empleados públicos, lo que incluye al Poder Judicial, desde trabajadores de menor rango a magistrados.
Felipe admitió que los cambios “no se pueden proyectar a corto plazo”. Consideró que avanzar en “una Justicia más respetuosa de los derechos humanos, más abierta al público, más democrática, es un trabajo arduo que hay que incorporarlo en el trabajo cotidiano y que va a llevar tiempo”. Y precisó: “Vamos a mejorar, pero es un trabajo a largo plazo que nos va a exigir paso a paso ir deconstruyendo una lógica de muchísimos años”.
Mariana Corradini. Redacción Puntal Villa María