La Oficina Anticorrupción de la Nación denunció este lunes al empresario villamariense Daniel Alejandro Souto, así como también al exsecretario Legal y Técnico de Presidencia Carlos Alberto Zannini, por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada por la titular de dicho organismo, Laura Alonso, y lleva las firmas además de Adriana Galafassi, directora nacional de Investigaciones, y Natalia Pereyra, abogada de esa dirección.
Denuncias anónimas
De acuerdo a lo reflejado en la denuncia, a la que PUNTAL VILLA MARÍA tuvo acceso, la investigación se inició luego de dos denuncias anónimas a la Oficina, la primera de ellas el 26 de abril de 2017. En esa ocasión, se reflejó que Zannini estaría “haciendo negocios con muchísimo dinero en la localidad de Villa María, y más específicamente estaría comprando casas enormes y lujosas, terrenos y lotes, los cuales abonaría al contado”.
Incluso, la denuncia habla de la adquisición de una casa “a una persona de apellido Valinotto (Jorge)”, para luego reflejar que el denunciante anónimo describió que las operaciones se realizaban “a través de un testaferro, quien tendría una gomería en la calle San Martín y bulevar Sarmiento”.
Posteriormente se receptó una segunda denuncia anónima, el 27 de diciembre, a través de la página web de la Oficina. En la misma, según consta en la presentación que Alonso realizó este lunes, se refleja que “Daniel Souto, en muy poco tiempo, pasó de tener una gomería de chapa en medio de la ruta, ‘durmiendo dentro de una cubierta’ (sic), a tener más de una docena de emprendimientos inmobiliarios, edificios en altura, loteos, maquinarias viales. Todos hablan de él y su vínculo-parentesco con Carlos Zannini”.
Con ambas denuncias, desde la Oficina se llevaron adelante diferentes acciones, entre ellas pedidos de informe a Migraciones, Banco Central de la República Argentina y Registro de la Propiedad Automotor, entre otros; solicitándose la colaboración a la División Anticorrupción de la Policía Federal. Pero además se avanzó en la historia laboral y remuneraciones netas de Souto y su esposa, Jorgelina Rodríguez.
La investigación
La Oficina Anticorrupción determinó, en base a las denuncias y posterior investigación, que Souto realizó aportes como autónomo que datan del año 2000, “no existiendo información de 2001 a 2007, 2009 a 2010 y desde 2017 a la actualidad”.
En la denuncia judicial de este lunes se hace hincapié que según la Afip, en noviembre de 2017 “inscribió como su actividad principal servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresaria y un año y medio después, en junio de 2015, agregó a su actividad servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”.
Sobre la información societaria, según Anticorrupción, Souto ocupa el cargo de presidente de “Inversiones Futuras SA, Good Life SA, Jardín Escondido SA, Forestar SA y Negocios Futuros SA. Respecto a los domicilios arrojados por dicha base de datos, llama la atención que el domicilio alternativo de Inversiones Futuras -Perón 297, Tío Pujio- sea a la fecha un terreno baldío, al igual que el domicilio fiscal de Forestar SA (César Citto 29, Villa María).
La denuncia describe los rodados a su nombre, así como también una importante cantidad de propiedades. En este último aspecto detalla que según el Registro General de la Provincia de Córdoba, existen “19 propiedades que actualmente se encuentran a nombre de Souto, Rodríguez y/o sociedades a su nombre, entre los que se destacan dos campos y un complejo de cabañas elite, y otras 27 que fueron de su propiedad y luego vendió”.
Entre las primeras 19 figura la adquirida a “Elena Cerrolaza y Jorge Valinotto”, que fue la denunciada de manera anónima el 26 de abril del año pasado. La División Anticorrupción de la Policía Federal determinó que en 2012, Souto adquirió una finca denominada “Anta Muerta” en Salta, de más de 9 mil hectáreas.
Conclusiones
Anticorrupción estableció que prima facie “el nivel de vida de Daniel Souto y su familia no condice con sus ingresos, pudiéndose destacar que al momento de la investigación el grupo familiar cuenta con 21 inmuebles y 8 vehículos”.
Incluso realiza citas textuales periodísticas locales sobre el empresario. Al final, reconoce que “sin perjuicio de no contarse aún con elementos probatorios contundentes que permitan afirmar certeramente que Daniel Souto sea el testaferro de Zannini, entendemos necesario dar a conocer estos hechos ante la Justicia a los efectos de que profundice por esa vía la investigación y así poder determinar si efectivamente existe esa relación entre ambos denunciados”.
“Entendemos que Carlos Zannini se habría enriquecido ilícitamente durante el ejercicio de su cargo, adquiriendo propiedades, al menos en Córdoba, y que habría utilizado a Daniel Souto con el objeto de enmascarar y ocultar dicha titularidad para no ser detectado por los organismos de control”, recalca el escrito.
La denuncia de Alonso fue realizada a media mañana de ayer en los Tribunales Federales y recayó en el Juzgado Federal 12, a cargo del Sergio Torres.
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Denuncias anónimas
De acuerdo a lo reflejado en la denuncia, a la que PUNTAL VILLA MARÍA tuvo acceso, la investigación se inició luego de dos denuncias anónimas a la Oficina, la primera de ellas el 26 de abril de 2017. En esa ocasión, se reflejó que Zannini estaría “haciendo negocios con muchísimo dinero en la localidad de Villa María, y más específicamente estaría comprando casas enormes y lujosas, terrenos y lotes, los cuales abonaría al contado”.
Incluso, la denuncia habla de la adquisición de una casa “a una persona de apellido Valinotto (Jorge)”, para luego reflejar que el denunciante anónimo describió que las operaciones se realizaban “a través de un testaferro, quien tendría una gomería en la calle San Martín y bulevar Sarmiento”.
Posteriormente se receptó una segunda denuncia anónima, el 27 de diciembre, a través de la página web de la Oficina. En la misma, según consta en la presentación que Alonso realizó este lunes, se refleja que “Daniel Souto, en muy poco tiempo, pasó de tener una gomería de chapa en medio de la ruta, ‘durmiendo dentro de una cubierta’ (sic), a tener más de una docena de emprendimientos inmobiliarios, edificios en altura, loteos, maquinarias viales. Todos hablan de él y su vínculo-parentesco con Carlos Zannini”.
Con ambas denuncias, desde la Oficina se llevaron adelante diferentes acciones, entre ellas pedidos de informe a Migraciones, Banco Central de la República Argentina y Registro de la Propiedad Automotor, entre otros; solicitándose la colaboración a la División Anticorrupción de la Policía Federal. Pero además se avanzó en la historia laboral y remuneraciones netas de Souto y su esposa, Jorgelina Rodríguez.
La investigación
La Oficina Anticorrupción determinó, en base a las denuncias y posterior investigación, que Souto realizó aportes como autónomo que datan del año 2000, “no existiendo información de 2001 a 2007, 2009 a 2010 y desde 2017 a la actualidad”.
En la denuncia judicial de este lunes se hace hincapié que según la Afip, en noviembre de 2017 “inscribió como su actividad principal servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresaria y un año y medio después, en junio de 2015, agregó a su actividad servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”.
Sobre la información societaria, según Anticorrupción, Souto ocupa el cargo de presidente de “Inversiones Futuras SA, Good Life SA, Jardín Escondido SA, Forestar SA y Negocios Futuros SA. Respecto a los domicilios arrojados por dicha base de datos, llama la atención que el domicilio alternativo de Inversiones Futuras -Perón 297, Tío Pujio- sea a la fecha un terreno baldío, al igual que el domicilio fiscal de Forestar SA (César Citto 29, Villa María).
La denuncia describe los rodados a su nombre, así como también una importante cantidad de propiedades. En este último aspecto detalla que según el Registro General de la Provincia de Córdoba, existen “19 propiedades que actualmente se encuentran a nombre de Souto, Rodríguez y/o sociedades a su nombre, entre los que se destacan dos campos y un complejo de cabañas elite, y otras 27 que fueron de su propiedad y luego vendió”.
Entre las primeras 19 figura la adquirida a “Elena Cerrolaza y Jorge Valinotto”, que fue la denunciada de manera anónima el 26 de abril del año pasado. La División Anticorrupción de la Policía Federal determinó que en 2012, Souto adquirió una finca denominada “Anta Muerta” en Salta, de más de 9 mil hectáreas.
Conclusiones
Anticorrupción estableció que prima facie “el nivel de vida de Daniel Souto y su familia no condice con sus ingresos, pudiéndose destacar que al momento de la investigación el grupo familiar cuenta con 21 inmuebles y 8 vehículos”.
Incluso realiza citas textuales periodísticas locales sobre el empresario. Al final, reconoce que “sin perjuicio de no contarse aún con elementos probatorios contundentes que permitan afirmar certeramente que Daniel Souto sea el testaferro de Zannini, entendemos necesario dar a conocer estos hechos ante la Justicia a los efectos de que profundice por esa vía la investigación y así poder determinar si efectivamente existe esa relación entre ambos denunciados”.
“Entendemos que Carlos Zannini se habría enriquecido ilícitamente durante el ejercicio de su cargo, adquiriendo propiedades, al menos en Córdoba, y que habría utilizado a Daniel Souto con el objeto de enmascarar y ocultar dicha titularidad para no ser detectado por los organismos de control”, recalca el escrito.
La denuncia de Alonso fue realizada a media mañana de ayer en los Tribunales Federales y recayó en el Juzgado Federal 12, a cargo del Sergio Torres.