La Justicia de Río Segundo es la que lleva adelante las averiguaciones
La fiscal de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, Juliana Érica Companys, fue imputada por la Justicia en el marco de una causa que investiga los presuntos delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción.
La investigación, según lo poco que se pudo saber, ya que se encuentra bajo un gran manto de hermetismo judicial, quedó en manos de la jueza de Control de Río Segundo, María Lucía Tulián.
Cabe precisar que las averiguaciones contra Companys, conocida a nivel nacional por ser quien empezó con la megacausa Generación Zoe, se desarrollan en paralelo a un pedido de jury contra la propia funcionaria, impulsado ante el Tribunal Superior de Justicia.
Fue la exauditora local, Alicia Peressutti, quien se encargó de presentar el jury, esto mientras mantiene una causa abierta iniciada años atrás por la propia fiscal, expediente que se encuentra cerca de ser elevado a juicio.
La imputación contra la fiscal del polémico caso Zoe fue dispuesta luego de que su par de Río Segundo, Patricia Baulies, considerara que existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.
Vale precisar que por cuestiones jurisdiccionales, la investigación no puede ser llevada adelante en Villa María, por eso su traslado a Río Segundo.
De acuerdo a lo que trascendió, la fiscal de Villa María quedó bajo sospecha por presuntas maniobras vinculadas a falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción.
Según la hipótesis acusatoria, todo guarda relación con hechos de presión o amedrentamiento sobre testigos en distintas actuaciones judiciales llevadas adelante por la fiscal de esta sede judicial.
Uno de los puntos más delicados de la causa radica en la existencia de una testigo que habría solicitado custodia, dato que refuerza la gravedad institucional del caso y expone la sensibilidad de las acusaciones que se investigan.
Sumario abierto por su conducta en la causa Zoe
Tal como lo había informado este matutino, la situación de Companys ya estaba bajo análisis por otras denuncias previas y por un sumario administrativo abierto por la Secretaría de Sumarios Administrativos.
Uno de los expedientes que generó mayores cuestionamientos sobre la fiscal fue su actuación en la megacausa Generación Zoe y la entrevista que concedió para el documental “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe”, producido por Netflix.
La Justicia entendió en su momento que la funcionaria debió abstenerse de hacer declaraciones sobre Zoe y Cositorto, esto en virtud de que todavía no había resolución firme.
Ese proceso motivó actuaciones administrativas y pedidos de revisión sobre distintas decisiones adoptadas durante la investigación
