La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada ayer por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad al facultar a las fuerzas de seguridad para utilizar armas de fuego en ocasiones que antes no eran permitidas, según argumentó el exjuez federal de La Plata, Carlos Rozansky.
La denuncia, que recaló ante la jueza federal María Servini de Cubría, se basa en que Bullrich aprobó el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego y habilita a disparar a presuntos delincuentes en situación de fuga.
La reglamentación permite a las fuerzas federales de seguridad "hacer uso de armas de fuego para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención".
"De esta manera se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. Ello en un país que hace largos años desterró dicha pena de su legislación y se comprometió a no volver a establecerla conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a no privar a nadie de la vida arbitrariamente (conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos)", sostuvo.
Además, según el exmagistrado, la nueva reglamentación "intenta legitimar" lo que la dictadura aplicaba como "ley de fugas", esto es, la ejecución extrajudicial de personas, muestra acabada de barbarie asesina".
"Autorizar a las fuerzas a efectuar disparos de armas de fuego a quien ha cesado de causar una agresión e intenta huir, es autorizarlas a ejecutarlo extrajudicialmente", concluyó.
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La reglamentación permite a las fuerzas federales de seguridad "hacer uso de armas de fuego para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención".
"De esta manera se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. Ello en un país que hace largos años desterró dicha pena de su legislación y se comprometió a no volver a establecerla conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a no privar a nadie de la vida arbitrariamente (conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos)", sostuvo.
Además, según el exmagistrado, la nueva reglamentación "intenta legitimar" lo que la dictadura aplicaba como "ley de fugas", esto es, la ejecución extrajudicial de personas, muestra acabada de barbarie asesina".
"Autorizar a las fuerzas a efectuar disparos de armas de fuego a quien ha cesado de causar una agresión e intenta huir, es autorizarlas a ejecutarlo extrajudicialmente", concluyó.