El movimiento descendente en la cotización del dólar blue y una mejora en el riesgo país le dieron señales alentadoras al Gobierno luego de acordar con los tenedores de bonos bajo jurisdicción extranjera. La buena noticia de cerrar un capítulo de la deuda que se mostraba esquivo desde abril en que comenzaron las negociaciones sumó luego un rebote en los mercados que alentó expectativas positivas. Pero eso duró un suspiro. En breve, la realidad se impuso sobre las señales y la escasez de dólares en las cámaras del Banco Central y la presión de compra de los ahorristas, que de a 200 por mes buscaron asegurar su poder adquisitivo, se impusieron y recordaron que mucho queda todavía por resolver en la economía nacional antes de poder tomarse un respiro.
La falta de dólares es un problema estructural que ningún gobierno en las últimas décadas logró sortear de manera sostenida. Algunos tuvieron oxígeno por ciertas condiciones internas y externas, pero al poco tiempo el viento se llevó los naipes.
Y la gestión de Alberto Fernández parece no ser la excepción. Por eso en los últimos días comenzaron a trascender posibles medidas para terminar de cerrar un cepo muy ajustado ya y así frenar la sangría de un depósito que si se limpia la paja del trigo, deja poco en la categoría de “reservas líquidas de libre disponibilidad”.
El Gobierno decidió sostener el actual esquema y desde Economía aseguran que no hay motivos para cambiar ni prohibir definitivamente la operación de compra de 200 dólares por homebanking o de 100 dólares por ventanilla. En la última semana, esas compras superaron los $ 100 por dólar debido al impuesto del 30% que sigue reinando allí como un factor que buscó desalentar las compras, pero que después de un primer momento no tuvo demasiado efecto en ese sentido. Es decir, el oficial aparece a un valor de $ 77,25 de acuerdo al cierre del viernes, pero aplicado el 30% llega a los $ 100,4.
La continuidad de este método de compra, aún con un monto pequeño como son los 200 dólares por mes, podría generarle una fuga de 1.000 millones de dólares en agosto al Banco Central, casi el 10% de las reservas “reales” que tiene la entidad monetaria.
Hay múltiples factores que siguen explicando la presión sobre el dólar. El primero es la historia que tiñe muchas decisiones del presente de los argentinos. Porque hay muchas experiencias recientes en la memoria sobre desajustes en el tipo de cambio, cepos, múltiples cotizaciones y devaluaciones al por mayor. Y algunas máximas que se niegan sistemáticamente y finalmente vuelven a darse, como cuando se insiste en que las devaluaciones no necesariamente impactan en los precios, como lo repitió en su momento Axel Kicillof cuando comenzaba 2014 en su rol de ministro de Economía y Alfonso Prat Gay, a inicios de 2016, por citar ejemplos de gobiernos de distinto signo. Ahí no aparecen las diferencias, aunque después la realidad los contradiga.
Por otra parte, siempre hay valores de la economía que siguen ajustándose por el blue, cada vez que apareció un cepo y se abrieron mútiples tipos de cambio como los que tenemos actualmente. En esos casos, la historia siempre muestra que el oficial es el más bajo y ninguno de los demás emprende un camino descendente. A la larga, el tipo de cambio oficial termina recortando distancias hacia arriba y muchos precios de la economía anticipan ese movimiento.
Y eso arrastra además otras conductas como la que ocurre en la cadena de la ganadería con los precios de los terneros, que se volvieron una caja de ahorro en los corrales, o la soja que seguirá en los silobolsas hasta tanto el productor necesite de recursos para alguna operación. Mientras tanto nadie corre a cambiar materias primas o animales por pesos.
Ese mismo esquema de incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio provoca además una traba en la actividad económica. Hay sectores, como el inmobiliario, en el que los vendedores de inmuebles piden la cotización en dólar blue de las propiedades, mientras los compradores quieren que se tome el oficial. Eso lleva a un trabajo de hormiga de los agentes inmobiliarios que buscan juntar las partes en algún punto intermedio para concretar la operación, aunque no siempre lo consiguen.
En el fondo de la cuestión sigue apareciendo el problema de la inflación y la pérdida de valor de la moneda nacional que a su vez es adjudicable en parte a los desajustes en las cuentas públicas en donde sistemáticamente hay más gasto que ingresos, salvo en la gestión de Néstor Kirchner, en la que se cuidaron los superávits gemelos y eso le permitió evitar “problemas resultantes”: sobraban dólares de la balanza comercial y los ingresos superaban a los gastos.
Lo cierto es que la suba de precios parece lejos de controlarse. La semana pasada el Indec informó que para julio la inflación fue del 1,9% en promedio entre los rubros analizados. El de comida y bebidas, que es el más sensible, se ubicó esta vez algo por debajo con el 1,3%. Sin embargo, y más allá de que no alegró el dato al Gobierno que esperaba algo menos hay enormes desafíos por delante. Porque hay una base monetaria expandida fruto de la necesidad de asistir en medio de la pandemia que en su momento requerirá ser aspirada para evitar males mayores, y se sumará la presión contenida de algunas variables metidas en el freezer como tarifas y combustibles, sensibles para la economía.