La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó ayer una sorpresiva visita a la región de frontera con México, mientras en Washington el Congreso busca responder al escándalo por la separación de miles de niños de familias inmigrantes.
La esposa del presidente Trump visitó un albergue de niños administrado por la Iglesia luterana y un centro de procesamiento de inmigrantes de la guardia fronteriza en la localidad de McAllen, en el estado de Texas.
"Quiero saber cómo podemos ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo antes posible", les dijo la primera dama a los auxiliares del albergue.
De acuerdo con informaciones de la oficina de la primera dama, el albergue reúne actualmente unos 60 niños con edades que van de los 5 a los 17 años, provenientes de Honduras y El Salvador.
En tanto, en Washington la espectacular controversia por las informaciones sobre más de 2.300 niños y menores de edad separados de sus familias multiplicó la presión sobre los legisladores para definir una salida legal a la situación.
La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, afirmó ayer: "El Congreso tiene la autoridad y la responsabilidad de hacer las leyes y arreglar nuestro sistema migratorio. El Congreso tiene que actuar".
El escenario sumó el miércoles un nuevo elemento, ya que el presidente, Donald Trump, firmó un decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera, después de una semana de insistir en que la única respuesta posible estaba en manos del Congreso.
Aparentemente superado el conflictivo tema de la separación de familias, las diferencias entre las posiciones defendidas por republicanos y demócratas volvieron a tornarse evidentes.
Los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, pero en el Senado poseen una mayoría de apenas dos votos, y por lo tanto precisan del apoyo de varios legisladores demócratas para que cualquier ley migratoria sea aprobada.
Arduo trabajo de abogados
"Un proceso caótico", "una locura": sobrecargados de trabajo por la separación de más de 2.300 niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México, abogados migratorios trabajan como "detectives privados" para reunirlos y denuncian la falta de planes del gobierno Trump al respecto.
Varias organizaciones que defienden en las cortes gratuitamente a menores que ingresan solos a Estados Unidos, sin papeles por la frontera sur, se confiesan desbordados por la política de separación familiar implementada por el gobierno estadounidense y cuyo fin decretó el jueves el presidente Donald Trump.
"Estamos luchando muy duro para atender las necesidades de estos niños y ahora tenemos 2.300 niños", además de los menores que llegan realmente solos a Estados Unidos "con necesidades tremendamente complejas", denunció Wendy Young, presidenta de Kind, una organización que otorga ayuda legal gratuita a menores inmigrantes.
Los miles de menores de edad que llegan a Estados Unidos sin papeles cada año no tienen derecho a un defensor público. Si no encuentran ayuda legal gratuita o no pueden pagarla, deben representarse a sí mismos en los tribunales.
La situación de los niños separados de sus padres "está poniendo presión en un sistema ya presionado y esto fue hecho de manera intencional por el gobierno", apuntó Young en una teleconferencia.
Y remarcó que el gobierno no tiene un plan para asegurarse de que las familias separadas puedan comunicarse o reunirse luego.
"Sigue siendo un sistema caótico", puntualizó.
"Siento que mis servicios legales se han convertido en detectives privados, tratando de conectar los puntos con la poca información que tenemos, puede ser los nombres de los niños, la fecha de nacimiento (...) pero a veces los datos están incorrectos", precisó.
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"Quiero saber cómo podemos ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo antes posible", les dijo la primera dama a los auxiliares del albergue.
De acuerdo con informaciones de la oficina de la primera dama, el albergue reúne actualmente unos 60 niños con edades que van de los 5 a los 17 años, provenientes de Honduras y El Salvador.
En tanto, en Washington la espectacular controversia por las informaciones sobre más de 2.300 niños y menores de edad separados de sus familias multiplicó la presión sobre los legisladores para definir una salida legal a la situación.
La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, afirmó ayer: "El Congreso tiene la autoridad y la responsabilidad de hacer las leyes y arreglar nuestro sistema migratorio. El Congreso tiene que actuar".
El escenario sumó el miércoles un nuevo elemento, ya que el presidente, Donald Trump, firmó un decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera, después de una semana de insistir en que la única respuesta posible estaba en manos del Congreso.
Aparentemente superado el conflictivo tema de la separación de familias, las diferencias entre las posiciones defendidas por republicanos y demócratas volvieron a tornarse evidentes.
Los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, pero en el Senado poseen una mayoría de apenas dos votos, y por lo tanto precisan del apoyo de varios legisladores demócratas para que cualquier ley migratoria sea aprobada.
Arduo trabajo de abogados
"Un proceso caótico", "una locura": sobrecargados de trabajo por la separación de más de 2.300 niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México, abogados migratorios trabajan como "detectives privados" para reunirlos y denuncian la falta de planes del gobierno Trump al respecto.
Varias organizaciones que defienden en las cortes gratuitamente a menores que ingresan solos a Estados Unidos, sin papeles por la frontera sur, se confiesan desbordados por la política de separación familiar implementada por el gobierno estadounidense y cuyo fin decretó el jueves el presidente Donald Trump.
"Estamos luchando muy duro para atender las necesidades de estos niños y ahora tenemos 2.300 niños", además de los menores que llegan realmente solos a Estados Unidos "con necesidades tremendamente complejas", denunció Wendy Young, presidenta de Kind, una organización que otorga ayuda legal gratuita a menores inmigrantes.
Los miles de menores de edad que llegan a Estados Unidos sin papeles cada año no tienen derecho a un defensor público. Si no encuentran ayuda legal gratuita o no pueden pagarla, deben representarse a sí mismos en los tribunales.
La situación de los niños separados de sus padres "está poniendo presión en un sistema ya presionado y esto fue hecho de manera intencional por el gobierno", apuntó Young en una teleconferencia.
Y remarcó que el gobierno no tiene un plan para asegurarse de que las familias separadas puedan comunicarse o reunirse luego.
"Sigue siendo un sistema caótico", puntualizó.
"Siento que mis servicios legales se han convertido en detectives privados, tratando de conectar los puntos con la poca información que tenemos, puede ser los nombres de los niños, la fecha de nacimiento (...) pero a veces los datos están incorrectos", precisó.