La actividad de las empleadas de casas particulares fue restringida por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a excepción de aquellas que mantienen en su cuidado a niños y adultos, englobadas en la categoría 4.
En este contexto, la titular de Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) sede Villa María, Gabriela Juárez, dialogó con PUNTAL VILLA MARÍA y aseguró que quienes se dedican a las tareas generales ubicadas dentro de la categoría 5 atraviesan diversas problemáticas para cobrar el salario y muchas de ellas son obligadas a ir a trabajar.
Mencionó que la situación es compleja porque habilitar la actividad implicaría “mucho movimiento de gente”, no obstante, aclaró que deben regular para poder garantizar los derechos de las trabajadoras por lo que, en el transcurso de la semana pasada, presentaron un protocolo al Concejo Deliberante para que intermedie y llegue al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Regional.
Las situaciones
“Muchos empleadores desde que comenzó la cuarentena dejaron de pagar los sueldos de las empleadas, estando registradas o no. Otros han descontado el Ingreso Familiar de Emergencia, lo han tomado como parte de pago del sueldo. Algunos han descontado el 25% del salario siendo que nuestro sector no fue parte de esa conciliación. Muchas trabajadoras aún no cobraron marzo”, expresó la titular sobre las circunstancias que viven desde el sector en momentos de percibir el haber mensual.
En consonancia, afirmó que varias de las empleadas fueron amenazadas, “les dicen que van a tener que devolver los días y horas que les remuneraron y no fueron a trabajar. Es una locura”. También agregó que en el momento que asisten a los domicilios a recibir el salario, deben limpiarlos. “Es tremendo, no sé si pasa en otros sectores, pero en este las están presionando, amenazando, desmidiendo en los salarios, y le reducen los horarios”, aseveró Juárez.
Por otro lado, señaló que conoce de casos que concurren a los domicilios a trabajar. “Sé que lo están haciendo porque nos llaman y también hay denuncias. Quienes no están registradas necesitan el dinero, por eso van. Las llevan a escondidas en los baúles de los autos y acá - por Villa María- hicimos la denuncia, porque en uno de los barrios privados ingresaban las mujeres a limpiar”, atestiguó.
Protocolo
Según contó Juárez, el protocolo surge ante la necesidad de reincorporarse a la labor, pero también como medida de precaución, debido a que un gran número de empleadas domésticas compone esa categoría y poseen más de un trabajo.
En tal sentido, remarcó que es relevante regularizar las entradas y salidas de domicilios por parte de las trabajadoras en diferentes hogares para “cuidar a las compañeras y los empleadores”.
Dentro de las normativas, la titular detalló que profundizaron en medidas específicas para el sector en las que resaltó la prohibición de circular en transporte público. Expuso que, las empleadas deberán movilizarse en vehículo particular, en el caso que carezcan de uno, los empleadores deberán encargarse del traslado.
Otra de las medidas fue la disposición de un espacio para que las empleadas domésticas puedan retirarse la ropa con la que llegan al domicilio, también donde puedan volver a colocársela una vez culminada la jornada. Por último, Juárez esclareció que los involucrados deberán respetar el distanciamiento social, mientras que las trabajadoras desarrollan la limpieza, los propietarios deben encontrarse fuera del espacio.
Por otro lado, debido a la posibilidad de circulación de quienes se encuentran habilitadas para ejercer la actividad, Juárez sostiene que el protocolo y posterior habilitación permitirán que más trabajadoras por fuera del registro, puedan incorporarse dentro de él.
Circulación
La titular subrayó que quienes trabajan lo hacen con un permiso bajo una declaración jurada, donde la solicitante figura como categoría 4. “Ahora todas son asistentes de personas porque otorgan los permisos, pero son falsos. Si las paran y piden el permiso, además de otros papeles, pueden tener una demanda penal ambas partes”, enunció. Además, resaltó que aquellas personas inhabilitadas para ejercer la actividad carecen de cobertura en caso de un accidente, “entonces están corriendo muchos riesgos al ir a trabajar”.
Registro
La entrevistada describió que hay más de un millón de empleadas domésticas en el país y que un porcentaje elevado trabaja por fuera del registro.
En el plano local, estimó que cerca de mil personas adhieren al sindicato pero que hay muchas más trabajadoras que componen el sector.
Ratificó que el valor dependerá de la cantidad de horas que componen la jornada laboral, pero que el más alto equivale a mil seiscientos pesos, de los cuales solo 600 corresponden a los aportes y la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, lo demás, a la obra social.
Medidas
El protocolo fue una de las acciones que impulsaron desde el sector para acompañar a las trabajadoras, asimismo, la responsable del gremio en la ciudad anunció que desean realizar una campaña informativa en conjunto al Ministerio de Trabajo de la provincia sobre el registro a las empleadas domésticas y sobre los derechos que poseen, porque existe “un desconocimiento” al respecto.