La exposición del ministro ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, que lo escuchó por videoconferencia, se realizó luego de que la primera fecha de su informe se cancelara porque coincidió con la crisis que tuvo lugar en los bancos con largas colas de jubilados que querían cobrar sus haberes.
El titular de la cartera de Trabajo hizo primero un repaso por todas las medidas que lanzó el Gobierno desde que inició la cuarentena obligatoria en todo el país y luego respondió preguntas de la oposición y el oficialismo.
Una de las consultas recurrentes de la tarde tuvo que ver con las categorías de monotributo C y D, que quedaron afuera de la ayuda de emergencia de $ 10.000, que sólo alcanzó a los anotados en A y B.
"Cuando termine de procesar Anses esta primera etapa (de A y B) y veamos el universo de los que quedaron excluidos, analizaremos si es necesario ampliar a otros sectores", expresó Moroni.
Según dijo, hay sectores informales y de autónomos a los que cuesta acceder porque "no tienen relación con el Estado" y si bien se tienen "sus datos personales, no hay datos de su grupo familiar".
"Es un grupo al que nos está costando acceder, por eso hicimos esta primera inscripción", explicó el ministro de Trabajo.
En tanto, sostuvo: "No estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria".
Al respecto, indicó que se registraron "45.000 desvinculaciones" desde mediados de marzo hasta los primeros días de abril, un número "similar a lo que pasó en el mismo período en 2019".
"Estamos tratando de impedir la disolución del vínculo (laboral), y que si hay suspensiones tengan una compensación económica y acuerdo con el gremio", señaló Moroni en su explicación, al hablar del decreto que prohibió los despidos por dos meses.
Pedido de Cristina
En otro orden por instrucción de Cristina Kirchner, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, solicitará a la Corte Suprema una "declaración de certeza de constitucionalidad" para que la Cámara Alta pueda celebrar una sesión por videoconferencia con validez legal.
La vicepresidenta quiere preparar el terreno para que el Senado pueda sesionar de forma virtual con todas las garantías y avales legales, de manera que luego no haya posibilidad de impugnar los resuelto allí.
Por eso mandó a Peñafort, su principal espada jurídica, a pedir al máximo tribunal que firme acordadas que avalen la modalidad de teleconferencia.