Tranquera Abierta | Etanol | Córdoba | Corte

El Senado convirtió en ley el proyecto de biocombustibles

La polémica normativa fue sancionada por la amplia mayoría que el oficialismo tiene en la Cámara Alta. Hay preocupación del sector productor de etanol en Córdoba. Piden que en la reglamentación se corrija

Nueve meses después de sancionar por unanimidad una prórroga para la prórroga de la ley original de promoción e impulso de los biocombustibles aprobada en 2006, el Senado de la Nación decidió ayer cambiar su posición y respaldó el nuevo marco normativo para el etanol y el biodiésel que el oficialismo presentó en Diputados y que fue muy cuestionado en Córdoba, tanto por las empresas productoras de alcohol de maíz como por parte de buena parte del arco político provincial.

El marco normativo nuevo tiene una serie de puntos que preocupan al aparato productivo cordobés. Es que se abrió formalmente una diferenciación entre el etanol de maíz (del cual Córdoba produce más del 60%) y el de caña de azúcar (centrado en Tucumán, Salta y Jujuy). Actualmente entre ambos productos completan el corte del 12% en las naftas, repartido en partes iguales. Pero la nueva norma dispone que mientras la caña seguirá con un aporte del 6%, el maíz podrá tener una baja de hasta el 3% si la autoridad de aplicación lo considera necesario para contener los precios de los combustibles en el surtidor y proteger al consumidor. Ese argumento expuesto por los legisladores del Frente de Todos genera dudas en las empresas etanoleras porque creen que podría ser la excusa para avanzar en cualquier momento en un recorte que pondrá a las plantas con una capacidad ociosa del 60%, lo que haría inviable la continuidad de las operaciones. Será a cada momento la Secretaría de Energía la que tendrá la potestad de sostener o no el aporte del etanol de maíz. Lo mismo sucedería con el precio, por lo cual las dos principales variables del negocio estarían definidas ahora por la autoridad de aplicación. El valor del litro comenzó a definirse de manera arbitraria ya durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando se eliminó la fórmula polinómica que rigió durante muchos años y que se usaba para una actualización mensual del precio.

Concretamente el artículo 8 del proyecto establece la posibilidad de bajar el corte “hasta un porcentaje nominal de tres por ciento (3%), en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.

En el caso de aplicar la baja de corte, dos tercios serán afrontados “por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que - ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio (1/3) por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado”. Allí desapareció la división entre pymes y no pymes que había deslizado el oficialismo al presentar el borrador del proyecto el mes pasado y que “castigaba” a las segundas. Sin embargo, siguen siendo aludidas las dos grandes plantas que tiene Córdoba: Aca Bio y Promaíz, las dos con operaciones de exportaciones de materias primas a través de sus controlantes. ACA integra un sinfin de unidades de negocios y exportaciones y hasta opera una terminal portuaria en San Lorenzo y en Quequén. Promaíz es una empresa montada en Alejandro Roca y fruto de una alianza entre Aceitera General Deheza (AGD) y Bungge. En caso de que Energía decida bajar el corte de etanol de maíz, serían las dos primeras en la lista.

Por último, el proyecto prevé la creación de una “comisión para estudiar y analizar las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria con la participación de provincias productoras”.

Anoche, en el sector reinaba la preocupación, pero afirmaban que intentarán ahora que la reglamentación intente subsanar los principales puntos que generan rechazo en Córdoba. La intención es sostener al menos el nivel de producción sin bajas y un precio que sea razonable teniendo en cuenta los costos de producción.