“La Corte de Apelaciones falla contra la República Argentina en el caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas (US$390 millones). Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas”, dijo el especialista Sebastián Maril en la red X.
El fondo de inversión, que compró el derecho a litigar contra el país por esa estatización, busca además embargar activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la indemnización que ganó ante el Ciadi.
“La Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o, en su defecto, mitigar sus consecuencias para el Estado argentino”, explicó el máximo organismo defensor de la Argentina, que agregó: “Esta causa es consecuencia de decisiones adoptadas hace casi dos décadas y forma parte de la pesada herencia judicial e institucional recibida por la actual administración, que al asumir en diciembre de 2023 encontró reclamos y sentencias adversas contra el país por más de US$30.000 millones”.
Todo empezó con Marsans
Titan Consortium no fue el demandante original: el caso nació con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008 con un pago simbólico. Marsans reclamó una indemnización ante el Ciadi, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que resuelve disputas entre Estados e inversores privados. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital —el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF—, que a su vez se lo cedió a Titan Consortium.
Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional: anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre.
En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones en compensación y casi US$3,5 millones en honorarios legales, con intereses corriendo hasta la cancelación total. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019 y le sumó más de un millón de dólares en costos y gastos de representación.
El Ciadi, sin embargo, no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país no paga, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena. En el caso de Argentina, el camino natural fue la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.
La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción, pero la corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa “no son convincentes”. El Estado apeló y ahora la Justicia de Estados Unidos desestimó esa apelación y el país debe pagar.
Activos soberanos en riesgo
Pero existe un mecanismo adicional. Si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar que les autorice a buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y a que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas. Eso es exactamente lo que Titan pidió: que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.
El activo más sensible en la mira es el colateral de los Bonos Brady depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los Bonos Brady son títulos de deuda que la Argentina emitió en los años 90 para reestructurar lo que debía a la banca comercial internacional; llevan ese nombre en honor al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, quien impulsó ese esquema para países con deudas impagables.
Esos bonos tienen garantías depositadas en la Reserva Federal, y es precisamente esa garantía la que Titan busca capturar.
