En la Cámara del Crimen, en el quinto piso de Tribunales, Mario Fabián “El Gordo” Díaz, de 27 años, fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser hallado autor responsable del delito de comercialización de estupefacientes. Asimismo, cuando se leyó la sentencia, se conoció que se ordenó el decomiso de las sustancias.
Los hechos
Apenas iniciada la audiencia, se procedió a la lectura de la pieza acusatoria. La secretaria Patricia González, en esta dirección, dio a conocer el requerimiento por el cual el imputado llegó al banquillo en el recinto. De acuerdo a lo que se informó, los hechos ocurrieron en Oliva, ciudad cabecera del Departamento Tercero Arriba, donde durante un plazo que no se estableció concretamente, Díaz vendió, probablemente marihuana y cocaína, en su domicilio, ubicado en calle Mendoza al 100 en el barrio Sagrado Corazón de Jesús.
El 13 de agosto de 2017, el acusado le vendió clorhidrato de cocaína a un hombre de 44 años por 300 pesos y por un peso total de 0,7 gramos —habían acordado la venta mediante WhatsApp—. Algunos días después, más precisamente el 25, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) irrumpió en el domicilio y llevó adelante un allanamiento. Los efectivos requisaron el lugar y, en un placard, encontraron 5,5 gramos de marihuana. Por otra parte, en el bolsillo del pantalón del “Gordo” hallaron 0,4 gramos de cocaína.
Una vez finalizada la lectura de los episodios, el juez Félix Martínez le tomó los datos personales. Allí, el joven contó que vive en concubinato con una mujer desde hace casi diez años y que no tiene hijos. Por otro lado, manifestó que el hogar en el que reside es alquilado y que cursó hasta segundo año del secundario. En otro punto señaló que, previo a su detención, trabajaba como albañil y que es adicto a la marihuana —comenzó a consumirla a los 14 años—. En este sentido, confesó que tomó cocaína durante “muy poco tiempo”. Finalmente, se hizo cargo de la acusación.
El momento de alegar y la sentencia
El primero en presentar sus fundamentos fue el Fiscal Francisco Márquez. Primeramente sostuvo la acusación e indicó que la confesión de Díaz fue “congruente con la prueba recolectada”. Seguidamente aclaró que la investigación inició a partir de llamados anónimos que, como consecuencia, llevaron a que miembros de la fuerza realizaran una serie de avistajes en los que constataron las “tranzas”. De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 4 años de prisión en forma efectiva.
En contrapartida, el abogado de Díaz, Manuel Toledo planteó la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto por el artículo 5 de la Ley 23.737. Así citaron un fallo dictado en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba en la causa “Loyola, Sergio Alejandro”.
En esa oportunidad, el TSJ declaró inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes —narcomenudeo— y sostuvo que el mínimo de cuatro años “viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley”. Y, así, fijó por mayoría una sanción en abstracto de 3 a 10 años de prisión para esos casos de menor cuantía en lugar de 4 a 15 años de reclusión para casos en los que se comercializa una gran cantidad de droga. Por último, el letrado requirió la condena de 3 años de ejecución condicional para su defendido. Márquez, como lo hace en todos los casos, pidió que se rechazara dicho planteo.
Tras un cuarto intermedio que se extendió por unos pocos minutos, el magistrado Martínez dio a conocer el veredicto: 3 años de prisión efectiva para Díaz por comercialización de estupefacientes.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María
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Apenas iniciada la audiencia, se procedió a la lectura de la pieza acusatoria. La secretaria Patricia González, en esta dirección, dio a conocer el requerimiento por el cual el imputado llegó al banquillo en el recinto. De acuerdo a lo que se informó, los hechos ocurrieron en Oliva, ciudad cabecera del Departamento Tercero Arriba, donde durante un plazo que no se estableció concretamente, Díaz vendió, probablemente marihuana y cocaína, en su domicilio, ubicado en calle Mendoza al 100 en el barrio Sagrado Corazón de Jesús.
El 13 de agosto de 2017, el acusado le vendió clorhidrato de cocaína a un hombre de 44 años por 300 pesos y por un peso total de 0,7 gramos —habían acordado la venta mediante WhatsApp—. Algunos días después, más precisamente el 25, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) irrumpió en el domicilio y llevó adelante un allanamiento. Los efectivos requisaron el lugar y, en un placard, encontraron 5,5 gramos de marihuana. Por otra parte, en el bolsillo del pantalón del “Gordo” hallaron 0,4 gramos de cocaína.
Una vez finalizada la lectura de los episodios, el juez Félix Martínez le tomó los datos personales. Allí, el joven contó que vive en concubinato con una mujer desde hace casi diez años y que no tiene hijos. Por otro lado, manifestó que el hogar en el que reside es alquilado y que cursó hasta segundo año del secundario. En otro punto señaló que, previo a su detención, trabajaba como albañil y que es adicto a la marihuana —comenzó a consumirla a los 14 años—. En este sentido, confesó que tomó cocaína durante “muy poco tiempo”. Finalmente, se hizo cargo de la acusación.
El momento de alegar y la sentencia
El primero en presentar sus fundamentos fue el Fiscal Francisco Márquez. Primeramente sostuvo la acusación e indicó que la confesión de Díaz fue “congruente con la prueba recolectada”. Seguidamente aclaró que la investigación inició a partir de llamados anónimos que, como consecuencia, llevaron a que miembros de la fuerza realizaran una serie de avistajes en los que constataron las “tranzas”. De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 4 años de prisión en forma efectiva.
En contrapartida, el abogado de Díaz, Manuel Toledo planteó la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto por el artículo 5 de la Ley 23.737. Así citaron un fallo dictado en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba en la causa “Loyola, Sergio Alejandro”.
En esa oportunidad, el TSJ declaró inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes —narcomenudeo— y sostuvo que el mínimo de cuatro años “viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley”. Y, así, fijó por mayoría una sanción en abstracto de 3 a 10 años de prisión para esos casos de menor cuantía en lugar de 4 a 15 años de reclusión para casos en los que se comercializa una gran cantidad de droga. Por último, el letrado requirió la condena de 3 años de ejecución condicional para su defendido. Márquez, como lo hace en todos los casos, pidió que se rechazara dicho planteo.
Tras un cuarto intermedio que se extendió por unos pocos minutos, el magistrado Martínez dio a conocer el veredicto: 3 años de prisión efectiva para Díaz por comercialización de estupefacientes.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María