El expediente por la posible comisión del delito de lavado de activos por parte del exintendente local Eduardo Accastello y el exmandatario de Laguna Larga Fernando Boldú regreso a manos del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, se pudo conocer.
Esto fue remitido por la Cámara Nacional de Casación Penal que se expidió de esta manera sobre la competencia federal para examinar la existencia de 290 mil dólares en una caja de seguridad de una financiera, ya desaparecida, CBI Cordubensis SA, a nombre de Boldú pero que, al mismo tiempo, autorizaba a Accastello para acceder a la misma, de acuerdo a lo publicado por el diario Perfil.
Denuncia contra Senestrari
También es oportuno referir a la denuncia realizada por los abogados Justo José Casado, Mario César Seleme y Manuel Agustín de Allencontra el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, por las presuntas irregularidades en la investigación a la financiera CBI.
Entre los fragmentos más importantes del escrito, que fue presentado ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se advierte: “El fiscal Senestrari tiene pública y notoria preferencia ideológica con la vertiente política afín a la expresidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner”. Seguidamente se precisa: “No sería reprochable jurídicamente su ideología o sus manifestaciones públicas, si dicho subjetivismo no contaminara su acción procesal”.
De esta manera, en resumidas cuentas, se insiste en que Senestrari “omitió abordar líneas de investigación que vincularían a personas de la política identificadas con el kirchnerismo”.
En otra parte se manifiesta que “el denunciado propició el bloque de absolutamente todas las cajas de seguridad de las empresas CBI y Bacar Blinbox”. En esta dirección, de acuerdo a lo que aparece en el texto, este accionar generó un “colapso judicial” que impidió el acceso a las cajas de seguridad a una gran cantidad de personas que “nada tenían que ver con las maniobras investigadas”.
A la vez, en la denuncia señalan que el fiscal solicitó la interdicción de “sólo algunos de los cofres, desinteresándose de los que sospechosamente pertenecían con personajes afines e identificados con los gustos políticos del representante del Ministerio Público Fiscal”.
En este sentido, continúan y hacen hincapié en que es llamativo el hecho de que la caja a nombre de Accastello, por entonces candidato a gobernador de Córdoba, “no haya sido interdictada, al ser una persona políticamente expuesta”. Otra caja que se menciona y que “no figuraba ni siquera a nombre de una persona física o jurídica” tenía por denominación “Somos Cristina”.
En otro de los puntos manifiestan que, a raíz de una tarea desarrollada por el responsable de la Sindicatura de la quiebra de CBI, “se descubrió una tercera caja que había quedado interdictada”, cuyo titular era Boldú y, asimismo, tanto Accastello como su pareja se encontraban habilitados. Es en esta caja que atesoraban “29 fajos de 10 mil dólares cada uno, con la particularidad de que tenían numeración correlativa”. La explicación que surge es que los billetes no tenían circulación y procedían de una entidad financiera. Posteriormente indican que la intervención de Senestrari fue en agosto de 2014, año en que se produjo la debacle de CBI.
Investigaciones locales
En diálogo con PUNTAL VILLA MARÍA, el fiscal René Bosio recordó otras causas en las que Accastello estaría involucrado.
En este sentido precisó que existe una denuncia presentada por la Asamblea Anticorrupción y que está vinculada a supuesto enriquecimiento ilícito. Asimismo detalló que hay otras realizadas por el doctor José Naselli por presuntas irregularidades en el Plan 250 Viviendas, con contratos gemelos (Anfiteatro) y con diferencias en conciliaciones bancarias. Y otra es una denuncia presentada por Alejandro Roganti por supuestos sobreprecios en obra pública.
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Denuncia contra Senestrari
También es oportuno referir a la denuncia realizada por los abogados Justo José Casado, Mario César Seleme y Manuel Agustín de Allencontra el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, por las presuntas irregularidades en la investigación a la financiera CBI.
Entre los fragmentos más importantes del escrito, que fue presentado ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se advierte: “El fiscal Senestrari tiene pública y notoria preferencia ideológica con la vertiente política afín a la expresidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner”. Seguidamente se precisa: “No sería reprochable jurídicamente su ideología o sus manifestaciones públicas, si dicho subjetivismo no contaminara su acción procesal”.
De esta manera, en resumidas cuentas, se insiste en que Senestrari “omitió abordar líneas de investigación que vincularían a personas de la política identificadas con el kirchnerismo”.
En otra parte se manifiesta que “el denunciado propició el bloque de absolutamente todas las cajas de seguridad de las empresas CBI y Bacar Blinbox”. En esta dirección, de acuerdo a lo que aparece en el texto, este accionar generó un “colapso judicial” que impidió el acceso a las cajas de seguridad a una gran cantidad de personas que “nada tenían que ver con las maniobras investigadas”.
A la vez, en la denuncia señalan que el fiscal solicitó la interdicción de “sólo algunos de los cofres, desinteresándose de los que sospechosamente pertenecían con personajes afines e identificados con los gustos políticos del representante del Ministerio Público Fiscal”.
En este sentido, continúan y hacen hincapié en que es llamativo el hecho de que la caja a nombre de Accastello, por entonces candidato a gobernador de Córdoba, “no haya sido interdictada, al ser una persona políticamente expuesta”. Otra caja que se menciona y que “no figuraba ni siquera a nombre de una persona física o jurídica” tenía por denominación “Somos Cristina”.
En otro de los puntos manifiestan que, a raíz de una tarea desarrollada por el responsable de la Sindicatura de la quiebra de CBI, “se descubrió una tercera caja que había quedado interdictada”, cuyo titular era Boldú y, asimismo, tanto Accastello como su pareja se encontraban habilitados. Es en esta caja que atesoraban “29 fajos de 10 mil dólares cada uno, con la particularidad de que tenían numeración correlativa”. La explicación que surge es que los billetes no tenían circulación y procedían de una entidad financiera. Posteriormente indican que la intervención de Senestrari fue en agosto de 2014, año en que se produjo la debacle de CBI.
Investigaciones locales
En diálogo con PUNTAL VILLA MARÍA, el fiscal René Bosio recordó otras causas en las que Accastello estaría involucrado.
En este sentido precisó que existe una denuncia presentada por la Asamblea Anticorrupción y que está vinculada a supuesto enriquecimiento ilícito. Asimismo detalló que hay otras realizadas por el doctor José Naselli por presuntas irregularidades en el Plan 250 Viviendas, con contratos gemelos (Anfiteatro) y con diferencias en conciliaciones bancarias. Y otra es una denuncia presentada por Alejandro Roganti por supuestos sobreprecios en obra pública.