Por el momento, Ferrero detalló que aún se encuentra imputado desde el punto de vista procesal y que esperan el resultado de la investigación que lleva adelante la fiscal Juliana Companys.
“Desde el punto de vista judicial, continúa recaudando la información probatoria para formular una acusación o un sobreseimiento, dependerá de ella”, ratificó Ferrero.
Asimismo, precisó que desde lo administrativo hay un sumario abierto. “Se verá en el trascurso cuál será la eventual sanción o la no sanción en este caso”, apuntó.
Sobre los mecánicos Ezequiel Giménez y Juan Moreno, remarcó: “Ambos están imputados en el marco de esta investigación como autores responsables de falso testimonio”. En este sentido, dio a conocer que solicitó el sobreseimiento a finales del año pasado.
“Estamos a la espera de la respuesta por parte de la fiscal de Instrucción. Creo que es viable esta vía para los dos acusados en esta instancia”, puntualizó.
Sobre los dos mecánicos, acotó que fueron integrados a su función a inicios de este año. A su vez, mencionó que Lucas Dagatti también volvió a la función activa, lo pudo corroborar porque es su asesor desde el punto de vista administrativo.
Función activa
El abogado defensor describió que Arias recuperó la libertad en diciembre y estuvo en situación pasiva por parte del Tribunal de Conducta. Tras el levantamiento, “se llevaron a cabo los pasos de rigor ante la institución policial previo examen de medicina laboral, donde se le dio el apto del examen físico, psíquico y psicológico”.
Sobre el reintegro a su función como parte de la fuerza de seguridad en la capital del departamento Juárez Celman, aclaró que todo personal policial “tiene derecho” a retornar tras la imputación, pero enfatizó que en ese caso “el Tribunal de Conducta no posee ningún tipo de injerencia en lo que se refiere a la función activa de los agentes”.
Sobre la causa, estimó que esperan que la fiscal lleve adelante algún tipo de acusación y que en función de ello establecerán “la fórmula de los próximos pasos a seguir”. Al parecer, le comentaron que la fiscal a cargo de la investigación está llevando adelante las últimas pruebas.
Para cerrar, precisó que el comisario inspector Lucas Dagatti retomó la función activa en el cuerpo de la fuerza policial, con el mismo rango, la misma jerarquía y ha sido destinado en la Unidad Regional Río Segundo con el cargo de jefe de operaciones, precisó Ferrero.
Sobre la imputación a Ana Becerra
El abogado y extitular del Tribunal Superior de Conducta Sandro Ferrero opinó sobre la imputación a la actual titular del organismo policíaco, Ana Becerra. Lo hizo sin acceder al expediente, pero adelantó que espera la designación debido a que podría ser el letrado de ella. Respecto a la acusación sobre el delito probable de abuso de la autoridad, manifestó: “De ninguna manera y sin haber tenido acceso a la causa existe ese delito de parte de la doctora Becerra. Por qué razón: porque es un delito de omisión. En este caso debería haber actuado con una clara intencionalidad de violar la Constitución o la ley, situación que no fue así”.
En este sentido, explicó que están en juego los derechos individuales del personal a trabajar; tras una imputación, lo que hace el Tribunal Superior es “simplemente investigar una conducta y, en su caso, aplicar una sanción”.
“Con lo cual, digo que el razonamiento del fiscal anticorrupción es totalmente arbitrario en imputar una situación de esta naturaleza porque el actuar ha sido dentro del marco de ley policial, dentro de la Constitución y dentro de la leyes nacionales”, expuso.
Asimismo, ratificó: “La Justicia está actuando equivocadamente” y agregó: “Se están trasladado responsabilidades que no son propias a la doctora Becerra. La entrega del arma la hizo la institución policial, no obstante, el fiscal posee el recurso para prevenir que le entreguen el arma”. “Esto no va a perjudicar la presidencia de Becerra. Esta imputación no tiene sostén desde ningún punto de vista. Cuando Becerra lleve adelante su derecho de defensa, quedará esclarecido en la Justicia”, finalizó.