La exauditora General también aseguró que el requerimiento de Companys “nunca se debería haber hecho” porque hay pruebas que no se incorporaron
La exauditora General de Villa María, Alicia Peressutti, cuestionó el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscal Juliana Companys en la causa que investiga a exfuncionarias y dirigentes de la región.
La exfuncionaria sostuvo que la decisión responde a una “persecución judicial y política” y aseguró que la investigación continúa incorporando pruebas.
Peressutti, principal imputada en la causa, afirmó que el requerimiento fiscal “nunca se debería haber hecho” y acusó a Companys de actuar por fuera de las garantías previstas en el Código Procesal de Córdoba.
“En realidad nunca lo debería haber hecho. Companys tiene su propio Código Procesal, que no es el Código Procesal del Poder Judicial de Córdoba. Tristemente es así para todos los que padecemos su persecución. Esto es una muestra más de la persecución que lleva adelante judicial y políticamente contra nosotras, pero sobre todo contra mí, contra mi persona”, expresó.
La exauditora también indicó que la investigación aún no está cerrada porque, según afirmó, la defensa continúa presentando pruebas dentro del expediente.
Otro de los argumentos planteados por Peressutti fue que existe un pedido de apartamiento contra la fiscal Companys, además de una denuncia presentada por ella misma.
“Companys está imputada y está indagada por una denuncia que yo le hice. Entonces hace rato que debería haberse apartado por su cuenta. La actitud de elevar la causa a juicio es una prueba más de que estas no son las condiciones jurídicas que deberían ser. Es una prueba más de la persecución que lleva adelante contra nosotros, pero sobre todo contra mi persona”, manifestó.
Cabe precisar que el requerimiento de elevación a juicio también alcanza a la actual intendenta de Ballesteros, Graciela Sánchez; al exdirector del centro de rehabilitación de adicciones Asociación Nazareth, Ernesto Lazarte; y a la exdirectora de esa institución, Lorena Pinta.
De acuerdo con la acusación impulsada por la Fiscalía, la investigación analiza la relación entre las organizaciones Vínculos en Red, Asociación Nazareth y Mama Antula, entidades que presuntamente compartían infraestructura y recursos pese a tener finalidades institucionales diferentes.
Según la hipótesis presentada por la fiscal Companys, las organizaciones habrían enfrentado dificultades económicas para sostener su funcionamiento y, ante ese escenario, se habría creado una nueva ONG con el objetivo de acceder a financiamiento público destinado específicamente al cuidado de menores de edad.
La investigación también sostiene que los niños habrían sido alojados en un inmueble distinto del declarado oficialmente, situación que, de acuerdo con la acusación, permitió justificar el uso de fondos públicos bajo condiciones que no se correspondían con la realidad.
La causa ahora quedó a la espera de que la Justicia resuelva si el expediente será elevado a juicio.
