El fiscal federal Diego Luciani embistió contra la falta de supervisión de los organismos de control del Estado que posibilitaron lo que volvió a calificar como un mecanismo de corrupción que se extendió entre 2003 y 2015.

Su colega, el fiscal coadyuvante Sergio Mola, corroboró: "Nada de lo que pasó acá hubiera sucedido si los funcionarios que tenían que controlar hubiesen controlado".

En ese contexto, reflexionó: "Si los funcionarios hubiesen funcionado", en una evidente chicana a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió autorización para no estar presente.

Mola utilizó el juego de palabras para parafrasear a la vicepresidenta, quien inauguró más de un año atrás las críticas internas al gobierno que integra aludiendo a los "funcionarios que no funcionan".

Si bien en esta etapa los imputados tienen la obligación de estar presentes para escuchar el alegato de la fiscalía, la expresidenta pidió autorización por razones de trabajo y le fue autorizada la representación por sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Lernovoy.

El fiscal Luciani sostuvo que los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora "despedazaron el Estado de derecho".

El fiscal consideró que "en Santa Cruz se violaron todas las normativas" en materia de prevención contra la corrupción.

La segunda jornada del alegato tuvo reiteraciones abundantes de opiniones sobre las conductas de los imputados pero menos sustancia que la primera de las nueve previstas en total.

Gran parte de la audiencia, que se extendía bien entrada la tarde, fue dedicada –especialmente por el fiscal Mola- a describir los expedientes de las 51 obras públicas en Santa Cruz por las que deben responder los imputados.

En ese marco, el fiscal sostuvo que se pretendió aplicar la legislación provincial en materia de obra pública cuando, por tratarse de fondos provenientes de la Nación, debió regir la ley nacional sobre los contratos de obras públicas.

Luciani y Mola se esmeraron en refutar uno de los argumentos de defensa, cual es que los fondos para las obras en Santa Cruz eran transferidos a la provincia y era la gobernación la que se encargaba de ejecutar los trabajos.

Para Luciani, esa "triangulación" era la "forma irregular de burlar las leyes" y recalcó que en otras provincias, que las obras "por convenio" fueron muchas menos.

Además, acusó al difunto expresidente Néstor Kirchner de haber modificado la normativa que regía en Santa Cruz cuando él era gobernador cuando llegó a la Presidencia de la Nación, y aseguró que esa fue una herramienta para garantizar el manejo corrupto.