En ese marco, legisladores de la oposición solicitaron el apartamiento del cargo del mismo hasta tanto se resuelva el proceso judicial.
“Por la gravedad de la imputación delictiva, que resulta incompatible con las funciones que un representante del gobierno de Córdoba debe observar”, reza el documento presentado ante la legislatura de Córdoba.
Además agrega: “El Sr. ministro se suma a la lista de varios funcionarios provinciales imputados y algunos ya, en cumplimiento de condena, que fueron acusado por diversos delitos sexuales o por violencia de género, que despiertan una enorme preocupación en el seno de la sociedad cordobesa. La Legislación Provincial Nacional e Internacional ha penalizado dichos delitos, de tal manera que la violencia de género se incluyó en nuestro Código Penal Argentino como una circunstancia calificante de figuras autónomas ya existentes, arrogándole así una propiedad penalmente relevante.
La implementación de Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, es una de las políticas de mayor envergadura en cuanto a género, violencias y derechos humanos. Su implementación está signada por un viraje paradigmático, que supone entender a la normativa como -llave- para contribuir a la construcción de un Estado que busca superar la cultura patriarcal y sus innumerables consecuencias para la vida de mujeres y diversidades”, completa.
Ley Micaela
En diálogo con este medio, el legislador del departamento General San Martín, Alfredo Nigro y perteneciente al espacio de la Unión Cívica Radical, se refirió al tema y afirmó que se presentó un proyecto de resolución conjuntamente con los presidente de los demás bloques que componen el interbloque de Juntos por el Cambio.
“Se le pide al gobernador que aparte al ministro, atenta a esta situación judicial. Los ministros son designados y removidos por el poder ejecutivo, por ello entendemos que más allá de quién sea el ministro, no puede haber funcionarios de gobierno, de ninguna esfera imputados, procesados, por causas como la que se trata que es lesiones agravadas por el vínculo y violencia”, explicó el funcionario provincial.
En el mismo sentido, Nigro postuló que Córdoba adhirió a la Ley 27.499, más conocida como Ley Micaela que brinda herramientas a todas las personas que se desempeñan en la función pública para prevenir e intervenir frente a las violencias por motivos de género.
“Entendemos que no corresponde y hay una cuestión reñida con la ética si se quiere, que hace que no este bien que permanezca en el cargo”, indicó y aclaró: “Con esta solicitud no estamos condenando o absolviendo a nadie, de hecho todavía no se ha probado, tiene que desarrollarse un juicio que establecerá si Gill es culpable o inocente”, sostuvo.
El legislador reiteró que desde la legislatura se realiza el pedido hacia el gobernador hasta dilucidar la situación.
“Somos prudentes porque esto se está sustanciando en el ámbito que corresponde que es el del poder judicial, pero sí entendemos que sería importante que se apartase del cargo”, insistió, rememorando que hubo funcionarios provinciales condenados oportunamente por hechos similares que se le imputan al exsecretario de Obras Públicas de la Nación.
Además manifestó contundente: “Desde el bloque vamos a ser implacables con esos casos. Tolerancia cero”, cerró Nigro sobre el proyecto de resolución.
Explicó que aún no hubo respuestas por parte del gobernador.
Juicio político
En sintonía con la solicitud de los legisladores, el legislador del espacio Gregorio Hernández Maqueda, resolvió: “Pedir el juicio político del ministro Martín Gill por causal de indignidad y posible comisión de delito doloso en los términos del artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba”, publicó en su cuenta de X en las últimas horas.
