El Código de Ética de la Función Pública fue aprobado en diciembre de 2001. Es el que contiene la obligatoriedad para los funcionarios públicos de presentar en forma anual su declaración jurada, que debe reunir determinadas condiciones e información que la propia normativa establece, pero no son públicas. Sólo se hacen públicas ante determinados casos.
Cuando se abrió el portal Gobierno Abierto se quiso dar un paso hacia la transparencia también en ese sentido, y ya en 2016 el intendente Martín Gill hizo pública su declaración jurada a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo por esa vía, seguramente con la intención de que sus funcionarios también lo hagan.
Pero no tuvo suerte porque ningún otro del más de centenar de dirigentes que lo acompaña en el gobierno comunal, con cargos electivos o por designación, publicó la suya.
Cabe aclarar que dar difusión a la DDJJ no es obligatorio si se tiene en cuenta la normativa vigente, sino voluntario. Sí es obligatorio presentarla ante el Deliberante.
En la víspera, en el mismo portal se publicó una nueva versión de la declaración jurada de Gill, en este caso el formulario 711 de la AFIP sobre Ganancias Personas Humanas, que sigue siendo la única a la que se puede acceder.
Sí hay que señalar que la información que se consigna en ese escrito dista de la que, por normativa, debe presentarse según el Código de Ética, que fue un proyecto que impulsó el propio Gill en su etapa de concejal del oficialismo durante la primera Intendencia de Eduardo Accastello.
Ordenanza
La Ordenanza 4.940 en el Capítulo IV estableció que todos los funcionarios deben presentar su declaración jurada patrimonial y financiera una vez por año al 30 de noviembre. Revisten el carácter de secretas y sólo pueden hacerse públicas a pedido del titular, por orden judicial o por resolución del Concejo Deliberante, por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
Precisamente, las DDJJ se presentan por duplicado ante el Deliberante, donde una queda en guarda en la casona de calle Mitre y la otra va a la Auditoría General.
Tiene que tener la información sobre los bienes inmuebles del funcionario, bienes muebles registrables, inversiones, depósitos, créditos y deudas, entre otros datos.
Precisamente, y si de DDJJ se trata por estos días cada titular de área recibió una nota con el nombre de los funcionarios de su sector que tienen la obligatoriedad de presentarla ante el Deliberante previo al 30 de noviembre. La imposición alcanza a “todos los que ocupen un cargo de naturaleza política en cualquier ámbito del Municipio”, tal como señala la normativa vigente.
Según se pudo conocer en la casona legislativa, desde la aprobación de la norma hasta la actualidad la Justicia pidió declaraciones juradas en dos oportunidades: por Accastello y hace un par de semanas por la concejal Verónica Navarro, solicitud que ya fue respondida y la documentación remitida.
Mariana Corradini. Redacción Puntal Villa María
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Pero no tuvo suerte porque ningún otro del más de centenar de dirigentes que lo acompaña en el gobierno comunal, con cargos electivos o por designación, publicó la suya.
Cabe aclarar que dar difusión a la DDJJ no es obligatorio si se tiene en cuenta la normativa vigente, sino voluntario. Sí es obligatorio presentarla ante el Deliberante.
En la víspera, en el mismo portal se publicó una nueva versión de la declaración jurada de Gill, en este caso el formulario 711 de la AFIP sobre Ganancias Personas Humanas, que sigue siendo la única a la que se puede acceder.
Sí hay que señalar que la información que se consigna en ese escrito dista de la que, por normativa, debe presentarse según el Código de Ética, que fue un proyecto que impulsó el propio Gill en su etapa de concejal del oficialismo durante la primera Intendencia de Eduardo Accastello.
Ordenanza
La Ordenanza 4.940 en el Capítulo IV estableció que todos los funcionarios deben presentar su declaración jurada patrimonial y financiera una vez por año al 30 de noviembre. Revisten el carácter de secretas y sólo pueden hacerse públicas a pedido del titular, por orden judicial o por resolución del Concejo Deliberante, por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
Precisamente, las DDJJ se presentan por duplicado ante el Deliberante, donde una queda en guarda en la casona de calle Mitre y la otra va a la Auditoría General.
Tiene que tener la información sobre los bienes inmuebles del funcionario, bienes muebles registrables, inversiones, depósitos, créditos y deudas, entre otros datos.
Precisamente, y si de DDJJ se trata por estos días cada titular de área recibió una nota con el nombre de los funcionarios de su sector que tienen la obligatoriedad de presentarla ante el Deliberante previo al 30 de noviembre. La imposición alcanza a “todos los que ocupen un cargo de naturaleza política en cualquier ámbito del Municipio”, tal como señala la normativa vigente.
Según se pudo conocer en la casona legislativa, desde la aprobación de la norma hasta la actualidad la Justicia pidió declaraciones juradas en dos oportunidades: por Accastello y hace un par de semanas por la concejal Verónica Navarro, solicitud que ya fue respondida y la documentación remitida.
Mariana Corradini. Redacción Puntal Villa María
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