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La UIA volvió a cargar contra el impuesto a las grandes fortunas

Funes de Rioja dijo que la ley sancionada el viernes grava "el patrimonio y no la riqueza".

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja criticó ayer el Aporte Solidario y Extraordinario por entender que es "un impuesto al patrimonio y no a la riqueza", mientras aseguró que lo que promoverá el crecimiento en la Argentina es el sector privado.

“El Gobierno sabrá lo que hace. Creemos que desalienta la inversión", enfatizó el empresario, también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

"No estamos de acuerdo, claramente", expresó el industrial, quien asimismo añadió que, según su consideración, la iniciativa del Frente de Todos constituye "un impuesto al patrimonio y no a la riqueza".

Funes de Rioja destacó que, pese a estar en contra del proyecto que ya es ley, la UIA "ha planteado alternativas" respecto de "lo que no debería computarse", así como también para aquellos empresarios que "inviertan en un plazo determinado".

“Lo que va a hacer crecer a la Argentina es el sector privado y lo que vemos en estos últimos años es que los que han crecido son el Estado y el empleo público, en desmedro del empleo privado".

En declaraciones radiales, el directivo del sector industrial advirtió que "la otra realidad en materia de política fiscal es que ha crecido la informalidad" y apuntó: "Tenemos más de 160 impuestos entre Nación, provincia y municipios".

“Con esta presión fiscal, el 30 por ciento del país paga impuestos y un 70 por ciento no lo hace", fustigó, y advirtió que hay "informalidad que compite deslealmente".

El oficialismo aprobó el viernes en el Senado la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para personas con patrimonios desde los 200 millones de pesos, con el que se espera recaudar más de $ 300 mil millones.

En medio de fuertes críticas por parte de la oposición y el sector empresarial, el proyecto fue aprobado en el Senado con 42 votos a favor y 26 en contra.

La iniciativa establece que la alícuota a pagar irá del 2% al 3,5%, con un diferencial para los bienes declarados en el exterior, que consiste en que sus propietarios queden exentos del impuesto si deciden repatriar el 30 por ciento de esas tenencias.