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La industria continúa con cortes; el Gobierno garantiza el gas en hogares

La Secretaría de Energía señaló que no faltará gas en los domicilios “en la medida en que no haya un imponderable”. Desde la industria cordobesa cuestionaron la imprevisión y los altos costos que deben afrontar

En medio de la ola polar que castiga al país, el gobierno nacional salió a garantizar la provisión de gas natural para los domicilios particulares; en paralelo, continúan los cortes a industrias en todo el territorio, que deben optar entre paralizar la producción o asumir una fuerte suba en sus costos de funcionamiento.

“No va a faltar gas en los domicilios en la medida en que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”, manifestó el secretario de Energía de la Nación, Daniel González.

El funcionario intentó llevar tranquilidad en un contexto en que el país padece temperaturas extremas que se extenderían durante al menos una semana.

“La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, señaló González.

Las dudas sobre la provisión normal de gas domiciliario surgieron porque ni bien llegó la ola de frío comenzaron las interrupciones para las industrias y algunas estaciones de servicios de GNC que tienen contratos interrumpibles.

A partir de lo que está ocurriendo con el gas, la Unión Industrial de Córdoba viene planteando públicamente la falta de previsión para garantizar el servicio y, sobre todo, que el costo completo se cargue sobre el sector privado.

Luis Macario, presidente de la UIC, manifestó: “Básicamente lo que hace el Estado es transferirle todos los mayores costos a la industria. No es que no hay gas, lo que no hay es gas natural, que tiene un costo de 4 dólares. En teoría, hay un contrato firme, que no debería tener problema pero en los hechos ordenan restricciones al 75, al 100 o al 25 por ciento. No se sabe con qué criterios se definen esos porcentajes. Si las industrias no hacen caso a esa instrucción, después reciben una multa que representa 1,5 veces el valor del gas natural licuado, que está en el orden de los 25 o 28 dólares. El GNL cuesta siete veces más. Pero si no acataste te llega con multa, con lo cual tendrías que pasar a pagar 38 dólares, en vez de los 4 del gas natural”.

Es decir, el costo operativo para una empresa se multiplica enormemente en ese caso. “Con lo cual, a ese costo hay industrias a las que no les conviene funcionar directamente porque no pueden cubrir esos niveles de costos mínimos. Con el agravante de que si comprás GNL no sabés si lo vas a usar o no porque no tenés previsibilidad. Cuando comprás GNL no importa si lo usás o no, tenés que pagar el 75 por ciento de lo que compraste. Contratás una determinada cantidad, si no lo usaste, tenes que pagar por lo menos el 75 por ciento. Entonces las empresas ante la duda, y con lo que sale, por ahí no compran. Es una situación de incertidumbre total, el Estado se retira de esta situación”, planteó el presidente de la Unión Industrial.

Macario señaló que el Estado debe arbitrar en ese contexto. “Nosotros también creemos en la libre competencia pero tiene que haber un árbitro. Es un insumo básico para muchas industrias. Los industriales, sobre que estamos afectados por una caída del consumo, por el hecho de que no repunta el nivel de actividad, encima tenemos este tema del gas. Agrego otra cosa más: las empresas lo que quieren hacer es producir. Salvo empresas muy grandes, no tienen especialistas para ver cómo manejar este tema del gas. Suponete que tenés que comprarlo. Es muy fácil el Estado diciéndole a la industria, bueno ustedes tienen que arreglarse pero no es un tema de solución sencilla. Y tenemos esta situación porque no hay infraestructura. Sale en todos lados que estamos en una nube de gas, que estamos en una superabundancia de energía pero no tenemos el recurso para poder operar. El Estado debe intervenir, arbitrar esta situación. Porque además todos los costos se trasladan a la industria. Debería prorratrearse de alguna manera pero no se hace por razones políticas”, indicó Macario.