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Córdoba: buscan incluir el lenguaje inclusivo en el Concejo Deliberante

Un proyecto propone elaborar un manual para usar en comunicaciones, textos, disposiciones legales y toda documentación administrativa que emerja del cuerpo legislativo

Cada jueves, en Madrid, los 46 “académicos de número” que conforman la Real Academia Española (RAE) tratan formalmente “las tareas lingüísticas y literarias” reguladas en sus estatutos. Entre ellas, las propuestas formuladas previamente por las diversas comisiones. La reunión se denomina “pleno” y es el máximo órgano representativo de la entidad. 

El pleno del pasado jueves 4 decidió no debatir la solicitud de un estudio sobre “el buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución”, remitida por el gobierno español en julio. Desde la institución argumentan que hay muchas “cosas previas que tratar” y estiman que recién en noviembre podrían abocarse al tema.

A 10.100 kilómetros de allí, un grupo de concejalas de la ciudad de Córdoba apura la discusión sobre el primer “Manual de Lenguaje Administrativo Inclusivo”. Esperan contar, a la brevedad, con una herramienta que establezca oficialmente que toda comunicación, disposición y documentación emergida del órgano parlamentario adopte una expresión no sexista e inclusiva.

En otras palabras, un lenguaje “que no subordine, excluya, oculte ni infravalore a ninguno de los géneros y que considere, respete y haga visibles a todas las personas, reconociendo su identidad de género”.

El proyecto se debate en la Comisión para la Elaboración de un Manual de Lenguaje Administrativo Inclusivo, dependiente de la Comisión de Equidad de Género del Concejo Deliberante. 

Una cuestión social

“El proyecto nace al observar los cambios culturales que han surgido de la mano de los movimientos de mujeres. El objetivo es promover el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo en las comunicaciones y documentación administrativa y legislativa, a fines de que no se excluya u oculte a ninguno de los géneros. Queremos que se respete y considere a todas las personas reconociendo su identidad de género”, explica María Eugenia Reales, concejala por el frente Vamos y autora de la iniciativa.

La intención tiene un antecedente de peso: la Cámara de Diputados de la Nación ya ha creado una guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario.

De la discusión participan también instituciones públicas y organizaciones especializadas en los derechos de las mujeres.

“Decidimos que la mejor manera de comenzar era conformar una comisión de trabajo especial para el desarrollo del manual de lenguaje administrativo inclusivo. Esa comisión (conformada por seis concejales) tiene la tarea de investigar, buscar a especialistas y también a organizaciones de la sociedad civil”, añade Reales. 

La participación de estos actores, junto a diversos colectivos, resulta esencial para que el trabajo resultante reconozca a toda la ciudadanía, sin las distinciones que se alberga a la sombra de un idioma con predominancia masculina.

“Esperamos que se apruebe por unanimidad ya que será una herramienta que deberá ser consultada no sólo por concejales/as, sino también por personal administrativo. Además, invita al Ejecutivo Municipal a implementarlo de igual manera. El Estado debe acompañar esos cambios como primer paso desde su comunicación institucional”, concluye la concejala. 

A la inversa

El rol de la Academia está, cómo no, en el centro de las discusiones sobre la necesidad (y la premura) de revisar el sistema de signos que utilizamos a diario para comunicarnos con pares.

El primer debate de la comisión contó con la presencia de Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se habló sobre la “subversión” del lenguaje inclusivo. “Se subvierte el orden de lo establecido por la RAE, que no acepta la x, ni el @, ni la e”, precisa Miriam Acosta, titular de la Comisión de Equidad de Género del Concejo Deliberante.

La propia Acosta no duda: la Real Academia atrasa. “El lenguaje es un acuerdo social que va generándose y que va instalándose socialmente”, opina.

“Creemos que la RAE es la que legitima aquello que por acuerdo nosotros establecimos. Pero el proceso es inverso: después que un vocablo va adquiriendo estatus social, la RAE lo incluye entre las formas y los vocablos posibles. No es que me dice lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer”, amplía.

En ese marco, la legisladora de la ciudad entiende que aunque “el pleno de Madrid” intente evitarlo, deberá discutir sobre el lenguaje inclusivo.

“No es que la RAE diga que es necesario un lenguaje inclusivo. Es la sociedad la que habla de inclusión, la que genera un debate que la RAE debe hacer propio. Existe conciencia social respecto a la lengua porque es dinámica, si no estaríamos hablando castellano antiguo”, añade la representante de Juntos por Córdoba.

El debate por venir será intenso, dentro y fuera del recinto, coinciden las concejalas. La paciencia será indispensable para deconstruir un camino que parece consolidado. “Hay que generar reflexión. La aprehensión de determinados cambios culturales tiene que ver con poder visualizarlos y a partir de ahí arribar a conclusiones. No debe surgir una imposición”, sentencia Acosta.

Colonia Caroya

En paralelo, en Colonia Caroya, las concejalas Melisa Díaz Heredia y María Cecilia Migotti presentaron un proyecto que insta al municipio a utilizar el lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones.

El proyecto propone que en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Poder legislativo y órganos de control del Municipio de dicha ciudad se debe fomentar la utilización del lenguaje inclusivo, no sexista, no excluyente, no difamatorio y/o no discriminatorio como práctica lingüística escrita, oral y audiovisual.

Luis Zegarra.  Redacción Puntal.

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