Durante la mañana de ayer, en el marco de una conferencia que se realizó al frente de la Policía se presentaron seis unidades móviles —camionetas Chevrolet S10—. Los vehículos están destinados al patrullaje y mientras dos de ellos fueron puestos a disposición de la Departamental Río Segundo —Impira y Calchín Oeste— los otros cuatro pasaron a formar parte de la Departamental San Martín —La Laguna, Ticino, Silvio Pellico y Luca. En la actividad estuvieron, entre otras autoridades, el secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera y el director general de Departamentales, Luis Enrique López. Intendentes de las diferentes localidades mencionadas anteriormente también dijeron presentes en el acto.
“La idea es enmarcar esta entrega dentro del programa y plan estratégico de inversiones que tiene el Gobierno de la Provincia en materia de reequipamiento de las unidades policiales en la gestión de (Juan) Schiaretti. En estos dos años y ocho meses que llevamos, la suma invertida en recursos para la Policía de la Provincia de Córdoba y puesto al servicio de la seguridad son 2.400 millones de pesos discriminados en 1.400 móviles, 550 motos, 17 mil chalecos antibalas, más de 1.750 cámaras de video vigilancia y más de 5.000 armas”, precisó. Y añadió que Córdoba nunca negó el flagelo de la inseguridad ni escapó a ello, “aunque sí con guarismos menores a los de la media que azotan al país”.
“Las camionetas tienen equipos de comunicación de última generación y cuentan con GPS y sirenas para su identificación. Sin embargo, no pudimos hacer lo que estábamos desarrollando con los Fiat Cronos que serán entregados dentro de diez días, porque los equipos, como los de monitoreo por cámara, necesitan tener resguardo y en caso de los cronos van instalados en el baúl. Lamentablemente en las camionetas no lo podemos instalar en la caja porque las condiciones climáticas pueden dañarlos”, detalló.
Y, a la vez, aclaró que policía caminera tiene muchas camionetas S10 que ya tienen incorporados domos y en las mismas luces de patrullaje y las sirenas, junto a las tablets que les permiten poseer online las bases de datos vinculadas con los pedidos de captura y los autos con pedidos de secuestro. Esto está conectado en el sistema informático de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Delincuentes infiltrados
“Tenemos trazado un diagnóstico que, así lo reitera el gobernador y nosotros hacemos propias sus palabras, se relaciona con el hecho de que la inseguridad responde a dos factores: uno determinante es la exclusión y marginalidad social. Y por otra parte se encuentra la incidencia del narcotráfico y las adicciones que se han diseminado a lo largo y ancho del país. Esto también juega un rol decisivo en el aumento de la inseguridad”, dijo.
Seguidamente manifestó que con motivo de estas problemáticas, el abordaje debe ser “multidisciplinario”. Y así explicó que tienen una política proactiva en materia social y buscan que “aquellos coprovincianos que han quedado relegados en el camino” tengan oportunidades. Además indicó que otro de los objetivos tiene que ver con avanzar sobre la terminalidad educativa, la contención de los jóvenes y el fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad “para dar un combate franco al delito, al crimen organizado y a la narcocriminalidad”.
Con respecto a este último punto señaló que si bien el narcotráfico es responsabilidad del Estado Federal, la provincia “contribuye decididamente en un convenio interfuerza” que suscribieron con Gendarmería, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con la Policía Federal Argentina (PFA) y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
“A quienes se han infiltrado en las filas de la policía de Córdoba no los reconocemos como a aquellos que han abrazado la profesión del policía. Se disfrazan de policías para cometer delitos y esto ha sido materia de preocupación y ocupación permanente. La fuerza policial y la conducción política de la que formo parte ha decidido clara y terminantemente no tolerar ningún atisbo de quebrantamiento de la ley”, sostuvo.
En este sentido destacó que cuando se registren este tipo de casos serán puestos “rápidamente a disposición de la justicia y extirpados de la fuerza porque es un problema grave”. Inmediatamente después dijo que, sin embargo, la incidencia es baja afortunadamente. Y agregó que así sea uno solo el caso, eso “destruye el compromiso, la responsabilidad y confianza que la sociedad deposita en la fuerza de seguridad pública”.
El delito en cifras
“En Córdoba existe, y es casi es inédito, un Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana que no depende directamente del poder político ni mucho menos, sino que en él intervienen las universidades de Córdoba y tiene un protagonismo excluyente la Universidad Nacional de Villa María. Ese observatorio, cada seis meses, hace un relevamiento y da un informe respecto de la evolución del delito en todo el ámbito de la provincia”, comenzó explicando.
Y brindó detalles sobre su funcionamiento. “Las sociedades miden su características violentas, o no, respecto de un delito en particular que es el homicidio doloso. El homicidio doloso en Córdoba, discriminando capital e interior, está en el 1,6 cada 100 mil habitantes. La media nacional está por encima del 5. Como primera respuesta digo que según el observatorio el homicidio doloso en Córdoba está muy por debajo de la media”.
Por otra parte, y para finalizar, se explayó acerca de los robos y hurtos que “son una modalidad que aflige mucho a la ciudadanía porque tiene que ver con el arrebato callejero o los motochorros, y que se registran en los grandes conglomerados urbanos como la propia Córdoba. Vemos una leve suba de esa modalidad delictiva y en el interior vemos un amesetamiento”.
“Para nosotros una víctima del delito no es una estadística sino que es una persona que padece la supresión de sus bienes, de su libertad o de su vida en los casos más graves”, concluyó Mosquera.
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“Las camionetas tienen equipos de comunicación de última generación y cuentan con GPS y sirenas para su identificación. Sin embargo, no pudimos hacer lo que estábamos desarrollando con los Fiat Cronos que serán entregados dentro de diez días, porque los equipos, como los de monitoreo por cámara, necesitan tener resguardo y en caso de los cronos van instalados en el baúl. Lamentablemente en las camionetas no lo podemos instalar en la caja porque las condiciones climáticas pueden dañarlos”, detalló.
Y, a la vez, aclaró que policía caminera tiene muchas camionetas S10 que ya tienen incorporados domos y en las mismas luces de patrullaje y las sirenas, junto a las tablets que les permiten poseer online las bases de datos vinculadas con los pedidos de captura y los autos con pedidos de secuestro. Esto está conectado en el sistema informático de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Delincuentes infiltrados
“Tenemos trazado un diagnóstico que, así lo reitera el gobernador y nosotros hacemos propias sus palabras, se relaciona con el hecho de que la inseguridad responde a dos factores: uno determinante es la exclusión y marginalidad social. Y por otra parte se encuentra la incidencia del narcotráfico y las adicciones que se han diseminado a lo largo y ancho del país. Esto también juega un rol decisivo en el aumento de la inseguridad”, dijo.
Seguidamente manifestó que con motivo de estas problemáticas, el abordaje debe ser “multidisciplinario”. Y así explicó que tienen una política proactiva en materia social y buscan que “aquellos coprovincianos que han quedado relegados en el camino” tengan oportunidades. Además indicó que otro de los objetivos tiene que ver con avanzar sobre la terminalidad educativa, la contención de los jóvenes y el fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad “para dar un combate franco al delito, al crimen organizado y a la narcocriminalidad”.
Con respecto a este último punto señaló que si bien el narcotráfico es responsabilidad del Estado Federal, la provincia “contribuye decididamente en un convenio interfuerza” que suscribieron con Gendarmería, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con la Policía Federal Argentina (PFA) y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
“A quienes se han infiltrado en las filas de la policía de Córdoba no los reconocemos como a aquellos que han abrazado la profesión del policía. Se disfrazan de policías para cometer delitos y esto ha sido materia de preocupación y ocupación permanente. La fuerza policial y la conducción política de la que formo parte ha decidido clara y terminantemente no tolerar ningún atisbo de quebrantamiento de la ley”, sostuvo.
En este sentido destacó que cuando se registren este tipo de casos serán puestos “rápidamente a disposición de la justicia y extirpados de la fuerza porque es un problema grave”. Inmediatamente después dijo que, sin embargo, la incidencia es baja afortunadamente. Y agregó que así sea uno solo el caso, eso “destruye el compromiso, la responsabilidad y confianza que la sociedad deposita en la fuerza de seguridad pública”.
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“En Córdoba existe, y es casi es inédito, un Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana que no depende directamente del poder político ni mucho menos, sino que en él intervienen las universidades de Córdoba y tiene un protagonismo excluyente la Universidad Nacional de Villa María. Ese observatorio, cada seis meses, hace un relevamiento y da un informe respecto de la evolución del delito en todo el ámbito de la provincia”, comenzó explicando.
Y brindó detalles sobre su funcionamiento. “Las sociedades miden su características violentas, o no, respecto de un delito en particular que es el homicidio doloso. El homicidio doloso en Córdoba, discriminando capital e interior, está en el 1,6 cada 100 mil habitantes. La media nacional está por encima del 5. Como primera respuesta digo que según el observatorio el homicidio doloso en Córdoba está muy por debajo de la media”.
Por otra parte, y para finalizar, se explayó acerca de los robos y hurtos que “son una modalidad que aflige mucho a la ciudadanía porque tiene que ver con el arrebato callejero o los motochorros, y que se registran en los grandes conglomerados urbanos como la propia Córdoba. Vemos una leve suba de esa modalidad delictiva y en el interior vemos un amesetamiento”.
“Para nosotros una víctima del delito no es una estadística sino que es una persona que padece la supresión de sus bienes, de su libertad o de su vida en los casos más graves”, concluyó Mosquera.