El fiscal federal que investiga la causa de la financiera Cordubensis S.A., Enrique Senestrari, no sólo sostuvo, de acuerdo a lo publicado por La Nación, que “el hecho de que haya empresas y organismos públicos que hayan depositado sus cheques allí ‘no implica que hayan lavado dinero’”, sino que también afirmó que no sospecha que se hayan pagado vías por ese medio.
Miguel Ricardo Vera, un arrepentido contó que Julio de Vido, quien se desempeñó entre 2003 y 2015 como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, blanqueaba fondos en una financiera de Córdoba. Al respecto, señaló cómo se pagaban “reintegros millonarios” a empresas como Electroingeniería “en concepto de vuelto o peaje”.
En esta dirección, según lo que se puede leer en el matutino nacional, Senestrari dijo: “No soy de los fiscales que usan al arrepentido como extorsión o disparador de otras causas”. Y, a la vez, calificó a los cuadernos como “fotocopias de las supuestas coimas”. Por otra parte destacó que se pone en cuestionamiento su trabajo a diferencia del hecho por el juez Ricardo Bustos Fierro “quien tuvo dos años parada la causa, desviándola”. Y, por último, el fiscal manifestó: “CBI es un banco desarmado”.
Denuncias
En otro punto es preciso decir, también en relación a lo indicado en el diario mencionado, que Senestrari habló sobre las denuncias que existen en su contra en la Procuración de la Nación “por presuntas irregularidades”. Sobre este aspecto, desacreditó a quienes las formularon y manifestó: “Son abogados de empresarios acusados y del juez Bustos Fierro que desvió la causa, el mismo que se sacó una foto con el empresario (Euclides) Bugliotti”.
Seguidamente, en la publicación se hace alusión a que en agosto de 2014 se hallaron dos cajas de seguridad a nombre de Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga, a la que tenía acceso el exintendente de Villa María, Eduardo Accastello. En vinculación a esta cuestión, en La Nación se puntualiza que “Senestrari se declaró incompetente para investigarlo y el juez Vaca Narvaja rechazó esa posición. Pero al apelar, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba envió el expediente a la justicia provincial”.
Inmediatamente después se enuncia que a mediados del corriente año, “la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba” y, así, estableció que la Justicia Federal cordobesa debía investigar a Accastello “por supuesto lavado de activos”.
Otras precisiones
En el matutino se rememora que Vera “declaró que se crearon dos empresas, Halabo y Jotemi, que “servían de ‘pantalla’ para ingresar cheques de supuestas coimas y sobrecostos. CBI habría permitido ‘mezclar’ esos valores”.
En otro pasaje de la nota, se enuncia: “Senestrari destacó que no habrá más imputaciones hasta tanto no haya pruebas porque no tienen en mí a un fiscal que extorsione con los arrepentidos”. Y agregó que, los arrepentidos, en muchas ocasiones “dicen cosas que no son ciertas”.
Investigación
Senestrari manifestó que llegarán “los informes de AFIP y el Banco Central que están haciendo los ‘filtros’”, en relación a los avances que se están desarrollando en la investigación del traspaso de dinero por medio de las cuentas de Halabo y Jotemi.
Posteriormente, en La Nación se puede leer que, además, “desmintió que por decisión de la fiscalía y la Procelac no se haya secuestrado la totalidad de los cheques papel de las dos cuentas ‘fantasmas’”.
Asimismo se puede leer: “Nicolás Machione, ahora funcionario del Ministerio Público Fiscal, dijo a La Nación que él nunca dio la orden de retirar sólo una parte de los cheques del Banco Nación para hacer la trazabilidad del dinero”. Y se añade que, según Machione, “la consulta se hizo porque había dudas respecto de la orden de Bustos Fierro de retirar ‘todo aquello relacionado con Jotemi, Halabo y CBI; por ejemplo, porque eran muchos cheques. En las cuentas ingresaban 600 diarios’”.
Por último, en el matutino se expone: “Después del llamado la decisión fue dejar material en depósito en el Tesoro del Nación y llevarse otra parte. Los cheques de caja se retiraron todos porque eran pocos, unos dos por día; los otros se retiran de manera aleatoria, entiendo que por un sistema propuesto por el Central. Si yo hubiera dado cualquier tipo de orden estaría denunciado”.
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En esta dirección, según lo que se puede leer en el matutino nacional, Senestrari dijo: “No soy de los fiscales que usan al arrepentido como extorsión o disparador de otras causas”. Y, a la vez, calificó a los cuadernos como “fotocopias de las supuestas coimas”. Por otra parte destacó que se pone en cuestionamiento su trabajo a diferencia del hecho por el juez Ricardo Bustos Fierro “quien tuvo dos años parada la causa, desviándola”. Y, por último, el fiscal manifestó: “CBI es un banco desarmado”.
Denuncias
En otro punto es preciso decir, también en relación a lo indicado en el diario mencionado, que Senestrari habló sobre las denuncias que existen en su contra en la Procuración de la Nación “por presuntas irregularidades”. Sobre este aspecto, desacreditó a quienes las formularon y manifestó: “Son abogados de empresarios acusados y del juez Bustos Fierro que desvió la causa, el mismo que se sacó una foto con el empresario (Euclides) Bugliotti”.
Seguidamente, en la publicación se hace alusión a que en agosto de 2014 se hallaron dos cajas de seguridad a nombre de Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga, a la que tenía acceso el exintendente de Villa María, Eduardo Accastello. En vinculación a esta cuestión, en La Nación se puntualiza que “Senestrari se declaró incompetente para investigarlo y el juez Vaca Narvaja rechazó esa posición. Pero al apelar, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba envió el expediente a la justicia provincial”.
Inmediatamente después se enuncia que a mediados del corriente año, “la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba” y, así, estableció que la Justicia Federal cordobesa debía investigar a Accastello “por supuesto lavado de activos”.
Otras precisiones
En el matutino se rememora que Vera “declaró que se crearon dos empresas, Halabo y Jotemi, que “servían de ‘pantalla’ para ingresar cheques de supuestas coimas y sobrecostos. CBI habría permitido ‘mezclar’ esos valores”.
En otro pasaje de la nota, se enuncia: “Senestrari destacó que no habrá más imputaciones hasta tanto no haya pruebas porque no tienen en mí a un fiscal que extorsione con los arrepentidos”. Y agregó que, los arrepentidos, en muchas ocasiones “dicen cosas que no son ciertas”.
Investigación
Senestrari manifestó que llegarán “los informes de AFIP y el Banco Central que están haciendo los ‘filtros’”, en relación a los avances que se están desarrollando en la investigación del traspaso de dinero por medio de las cuentas de Halabo y Jotemi.
Posteriormente, en La Nación se puede leer que, además, “desmintió que por decisión de la fiscalía y la Procelac no se haya secuestrado la totalidad de los cheques papel de las dos cuentas ‘fantasmas’”.
Asimismo se puede leer: “Nicolás Machione, ahora funcionario del Ministerio Público Fiscal, dijo a La Nación que él nunca dio la orden de retirar sólo una parte de los cheques del Banco Nación para hacer la trazabilidad del dinero”. Y se añade que, según Machione, “la consulta se hizo porque había dudas respecto de la orden de Bustos Fierro de retirar ‘todo aquello relacionado con Jotemi, Halabo y CBI; por ejemplo, porque eran muchos cheques. En las cuentas ingresaban 600 diarios’”.
Por último, en el matutino se expone: “Después del llamado la decisión fue dejar material en depósito en el Tesoro del Nación y llevarse otra parte. Los cheques de caja se retiraron todos porque eran pocos, unos dos por día; los otros se retiran de manera aleatoria, entiendo que por un sistema propuesto por el Central. Si yo hubiera dado cualquier tipo de orden estaría denunciado”.