A través de un comunicado, allegados a Ferreyra, el hombre asesinado en 2024, denunciaron abiertamente la existencia de presuntas irregularidades judiciales, conflictos de intereses y cuestionaron la condena recibida por Lucas Ezequiel Unzeta, señalado como autor del crimen.
El caso volvió a tomar relevancia luego de la detención de los abogados Adrián Brochero, Teodora Perassi y Alejandro Bianco, todos integrantes del mismo estudio jurídico.
Ante esta situación, los familiares de la víctima reclamaron una revisión profunda de lo actuado por la Justicia.
Apuntan contra los abogados
En el comunicado difundido en las últimas horas, el entorno de Eduardo Ferreyra sostuvo que durante el proceso judicial existió “una situación que vulneró el derecho a una defensa transparente”.
Según expresaron, Alejandro Bianco, quien actuó como abogado querellante representando a la víctima, comparte actualmente estudio jurídico con Teodora Perassi Silva, defensora de Lucas Ezequiel Unzeta.
Para la familia, esta relación constituyó “una grave falta de ética profesional”.
Los familiares consideraron que la relación profesional entre ambos abogados genera “dudas” sobre la imparcialidad del proceso judicial.
“Nos hace sentir defraudados y engañados”, señalaron en el escrito difundido públicamente.
Además, remarcaron que Bianco se desempeñó anteriormente como prosecretario de la fiscal Juliana Erica Companys, quien estuvo a cargo de la investigación del homicidio.
Para la familia Ferreyra, esta situación también genera sospechas sobre la objetividad del expediente.
Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la condena impuesta a Lucas Ezequiel Unzeta.
Desde el entorno de la víctima calificaron la pena como “irrisoria” y aseguraron que no guarda relación con la gravedad del hecho investigado.
Eduardo Ferreyra fue asesinado de una puñalada por la espalda y, según indicaron sus familiares, el condenado recibió apenas seis meses de internación en el Complejo Esperanza.
La familia considera que la resolución judicial fue desproporcionada.
En el tramo final del comunicado, los allegados a Ferreyra afirmaron que no permanecerán en silencio frente a lo ocurrido y reclamaron la intervención de las autoridades correspondientes y del Colegio de Abogados.
También remarcaron que, al momento de la condena, Unzeta ya era mayor de edad y registraba antecedentes por otros delitos.
Según sostienen, esos antecedentes debieron influir en una pena efectiva dentro de un establecimiento penitenciario común.
“La familia Ferreyra no se quedará en silencio ante lo que consideramos una burla a la Justicia”, expresaron.
Finalmente, pidieron que se investigue el accionar de los profesionales involucrados y reiteraron su pedido de justicia por el asesinato de Eduardo Ferreyra.
