En un comunicado conjunto, los funcionarios cuestionaron la aprobación de procedimientos de registro de propiedad y asentamiento en amplias zonas del territorio, al considerar que se trata de una escalada para expandir asentamientos y consolidar el control israelí.
Según expresaron, la medida constituye una violación del derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, y de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas la 2334. También señalaron que contradice una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el estatus del territorio.
Los cancilleres advirtieron que la decisión afecta las perspectivas de una solución de dos Estados y podría profundizar la inestabilidad en la región.
En ese marco, instaron a la comunidad internacional a intervenir para frenar lo que consideran violaciones y reiteraron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente, con fronteras previas al 4 de junio de 1967 y Jerusalén Oriental como capital.